El valor de la Administración Pública en la sociedad actual
| Autor | Sáinz Moreno, Fernando |
| Páginas | 103-114 |
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En el horizonte del nuevo milenio aparecen hechos radicalmente nuevos para cada hombre y para los pueblos que habitan la Tierra. Dos son trascendentales: los descubrimientos en materia genética, cuya aplicación comienza a sentirse ya, y las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que están alterando las bases de las relaciones sociales, políticas y económicas en el mundo entero. La magnitud del primero no es comparable a la del segundo, pues todo indica que va a tener consecuencias impredecibles para la naturaleza del hombre mismo. El segundo, en otro nivel modesto, es también esencial para nuestras vidas, pues está ya afectando, directamente, a la estructura del poder y a la posición de las naciones en el mundo.
Junto a estos fenómenos, otros, más modestos, son también especial-mente importantes, para el momento que nos ha tocado vivir: el desarrollo cultural de los ciudadanos ha provocado que sus relaciones con el po-103
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der público sean cada vez más exigentes y estén cada vez más racionalizadas. Al mismo tiempo, la participación de los ciudadanos en las anti-guas tareas públicas se va haciendo más activa, asumiendo muchas de ellas como tareas propias, más o menos reguladas e inspeccionadas por los poderes públicos. Pero, al mismo tiempo, los ciudadanos exigen que los derechos fundamentales y las libertades públicas que consagran los textos constitucionales sean reales y efectivos, y exigen, sobre todo, que su dignidad como personas constituya el fundamento del orden público, lo que conduce, necesariamente, a un fortalecimiento del poder público.
Estos ideales, forjados a lo largo del tiempo y formulados en los textos normativos, a partir de finales del siglo XIX, han logrado, en el mundo occidental, un alto grado de realización y, al mismo tiempo, han experimentado una mutación interna: su garantía y su realización van dejando de plantearse como el resultado de una lucha contra el poder público, configurado como tal, sino como el resultado de una lucha contra otros poderes emergentes, políticos, económicos y de otra naturaleza, difíciles de delimitar y de ubicar, por el juego, cada vez más libre, de las relaciones transnacionales.
Al poder público se le pide, pues, que actúe manteniendo un nuevo y difícil equilibrio entre su intervención enérgica, eficaz, en las cuestiones fundamentales para la vida y su abstención en el desarrollo ordinario de las actividades sociales. Al poder público se le pide que deje a la sociedad civil desplegar al máximo su capacidad de acción en todos los órdenes, pero se le pide, también, simultáneamente, que asuma la responsabilidad de que la vida civil funcione ordenadamente y de que los ciudadanos estén protegidos frente a los riesgos que la libertad conlleva.
En esta situación, cada ciudadano quiere lograr el mayor grado de libertad posible, para él y para el pueblo al que pertenece, pero, al mismo tiempo, quiere reducir al mínimo los riesgos que siempre han acompañado a la libertad, riesgos incrementados en nuestros días por la mayor debilidad de cada hombre, cuya subsistencia depende menos de él y más del buen funcionamiento de los servicios existenciales básicos. Pero ¿quién y cómo debe prestar esos servicios?, ¿quién y cómo debe mantener el orden y la seguridad sin los cuales no es posible la vida social?
Una mirada a nuestro alrededor no deja lugar a duda sobre las respuestas que en los países de cuya comunidad formamos parte reciben
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hoy esas preguntas. En efecto, hoy, y previsiblemente durante bastante tiempo, las respuestas tópicas son éstas:
- El Estado y los poderes públicos en general deben reducir su actividad a lo indispensable, a sus tareas tradicionales, a aquello que la sociedad civil, actuando libremente según las leyes del mercado, no puede realizar. El Estado y los poderes públicos deben adelgazar, deben reducirse; un Estado moderno es «un Estado modesto», es la frase que ha logrado mayor aceptación como expresión de la nueva mentalidad.
- A la sociedad civil debe devolvérsele su protagonismo. El poder público debe ceder su actividad a la libertad ciudadana, aunque procurando que esa libertad civil no sea anulada por poderes económicos, sociales, criminales, incontrolados, que en ocasiones parecen más fuertes que los propios Estados.
- El Estado ha de reducir, en todo lo posible, sus actividades prestacionales y potenciar sus actividades reguladoras.
- Por ello, el buen gobierno, la gobernanza, debe inspirar su actuación, un arte o manera de gobernar cuyo objetivo es el desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. En consecuencia, la gestión moderna de la Administración debe ser una gestión orientada a la obtención de resultados futuros. Resultados medibles, obtenidos en régimen de libre concurrencia.
El Estado, en general, y las Administraciones Públicas, en concreto, deben inspirarse en los principios que rigen la libre competencia, más agilidad, más negociaciones, más pactos, más liderazgo, menos burocracia, menos trámites, más decisiones rápidas, etc.
Ésta es la mentalidad que predomina hoy en el mundo occidental. Las palabras mágicas que se han añadido a otras que hace poco produjeron un gran impacto, como las de participación, estricta legalidad, control judicial pleno, son hoy las de privatización, desregulación y descentralización. Son ideas que han adquirido un valor casi dogmático y han conducido a lo que se ha llamado el pensamiento único. Con unos matices o con otros, eso es lo que se piensa en el mundo occidental, al menos mayoritariamente.
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Pero que esto sea así no quiere decir que deba ser aceptado sin más. Algunas valoraciones críticas deben hacerse. Cada país tiene sus propias características, que le sitúan de forma diferenciada en ese contexto. Su historia, su estructura interna, política, cultural...
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