STS, 29 de Diciembre de 1996

El primer motivo de este recurso, formulado al amparo del art. 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia que la sentencia recurrida ha incurrido en quebrantamiento de forma, al incidir en el vicio de la "predeterminación", por calificar de "valor ínfimo" la valoración realizada en la prueba pericial por el condenado D. Gabriel.

Dice la parte recurrente que, en los hechos probados, párrafo tercero, puede leerse que el perito D. Gabriel".. valoró el inmueble objeto de subasta en 45 millones de pesetas, asignando al metro cuadrado un valor ínfimo en relación al que le correspondería atendida la ubicación del inmueble .."; y que, en el fundamento de derecho tercero, se lee textualmente: "el perito Sr. Gabriel... asigna un precio ínfimo, calificable de vil, atendido el valor de mercado del suelo ubicado en la misma zona". Y, a continuación, añade: "De este modo y como hecho probado la Sala realiza un juicio de valor indebido al determinar no el valor dado en la pericial y su comparación con otros valores terceros de la misma finca, sino el que dicha valoración lo era por "un valor ínfimo", sin indicar cual era éste ni aquéllos. ..".

Se incurre en el vicio procesal aquí denunciado, como ha declarado reiteradamente esta Sala, cuando en el relato de "hechos probados" se sustituyen los hechos por los conceptos jurídicos, alterando así el orden lógico de la sentencia. Tal sucede, pues, cuando en el "factum" se emplean los términos o expresiones utilizados por el legislador para definir los distintos tipos penales, haciendo innecesaria su ulterior calificación e impidiendo su impugnación por la parte interesada y, en definitiva, su ulterior control jurisdiccional, y, en general, cuando se incluyen en el relato fáctico palabras o frases asequibles únicamente a las personas versadas en Derecho. Mas, como claramente puede advertirse, nada de esto sucede en el presente caso. El Tribunal de instancia se ha limitado a calificar de ínfimo el precio asignado por el perito procesado a la finca valorada por el mismo, término de uso corriente, perfectamente comprensible para las personas de cultura media, y que en modo alguno puede decirse que forme parte de la definición del tipo penal aplicado.

Ciertamente, la Sala de instancia pudo haber redactado el "factum" de su sentencia precisando el valor asignado a la finca por el procesado e indicar seguidamente el valor que consideraba adecuado, calificando luego el resultado de la comparación entre uno y otro; pero ello no pasa de constituir un diverso modo de reflejar en la sentencia el relato de los hechos que se declaran expresamente probados, y, por lo demás, en modo alguno puede afirmarse que la expresión utilizada por el Tribunal de instancia suponga una indebida suplantación de los hechos -que es lo propio del "factum"- por los conceptos jurídicos -que son propios del "iudicium"-, lo cual constituye, en último término, la esencia del vicio procesal denunciado.

Por todo lo dicho, el motivo carece de fundamento y debe ser desestimado.

El segundo motivo, por el cauce procesal del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 24 y 9.3 de la Constitución, denuncia que en este caso no existe prueba incriminatoria alguna, y que, por ello, se ha infringido el principio constitucional de "presunción de inocencia".

Destaca el recurrente, de modo especial, los siguientes extremos del relato fáctico que estima carentes de todo apoyo probatorio:

1. El relativo a las "indicaciones del acusado Jose Ramónal Perito Sr. Gabriel"; pues, según se dice en el motivo "no existe ni un solo dato a lo largo de todo el procedimiento que determine no ya indicaciones, insinuaciones, proposiciones, de D. Jose Ramónal Perito Sr. Gabriel, sino ni siquiera conocimiento entre uno y otro".

2. "No existe prueba pericial de clase alguna en autos que determine que la valoración realizada por el Perito deba entenderse como ínfima o vil en cuanto a su cuantificación económica"; por cuanto "califican el valor dado por el Perito al inmueble como "valor ínfimo" .. sin indicar cual es dicho valor". Y,

3. Se denuncia igualmente, "falta de prueba alguna que determine el "valor ínfimo" determinado por la Sala respecto a la peritación del Sr. Alejandro".

Finalmente, el recurrente viene a denunciar "indefensión", creada por la inclusión en los fundamentos de derecho de la sentencia de cuestiones de hecho no determinadas ni citadas en la relación de hechos probados, haciendo especial mención del concierto entre el perito Sr. Gabriely el adjudicatario Sr. Jose Ramón, así como de las supuestas "graves consecuencias" para el adquirente de la finca de las dilaciones inherentes a las sucesivas subastas de la misma.

Al margen de las reiteradas referencias al denominado "valor ínfimo" atribuido en la sentencia recurrida a la peritación de la finca embargada y luego subastada, llevada a cabo por el procesado Sr. Gabriel, que el Tribunal de instancia ha calificado así en atención al valor de mercado del suelo ubicado en la misma zona, donde se halla sita la finca peritada, tal como se desprende de otras peritaciones obrantes en autos, e incluso del valor que el propio recurrente le asignaba en el hipotético contrato privado del que dimanaba el requerimiento notarial ulterior, en cuanto tanto aquéllas como éste se refieren a objetos distintos (v. art. 899 LECrim. y los folios 142 y ss. -avalúo llevado a cabo por el perito Sr. Gabriel-; folios 235 y ss. -avalúo llevado a efecto por D. Jesús Manuel, Felixy Jose Augusto-; y folios 1163 y ss. -requerimiento notarial-); es lo cierto que, respecto del extremo capital del relato fáctico, en orden a la inculpación del perito recurrente, esto es, su connivencia con el otro procesado Sr. Jose Ramón, no existe constancia del elemento probatorio que el Tribunal de instancia haya podido tener en cuenta para afirmar que el Sr. Gabrielefectuó la valoración cuestionada "a indicaciones del acusado Jose Ramón"; siendo bien significativo al respecto que, en la sentencia combatida, nada se diga sobre el particular, al haberse omitido toda "motivación" sobre la prueba tenida en cuenta para estimar acreditado tan fundamental extremo (v. art. 120.3 C.E.).

Por lo dicho, procede la estimación de este motivo, expresamente apoyado por el Ministerio Fiscal.

El motivo tercero, por el mismo cauce procesal que el anterior, denuncia infracción de ley por "aplicación indebida" de los artículos 540 y 541 del Código Penal.

Denuncia el recurrente, en primer término, que "la sentencia -indebidamente- tipifica los hechos probados en forma diferente para autor material e inductor, agravando la condena de éste", sobre la base de una "conducta común" imputada a los procesados señores Gabriely Jose Ramón. Y, concluye, que "es un absoluto absurdo jurídico que un mismo hecho realizado de común tenga una consecuencia distinta en cuanto al precepto penal infringido ...". Por lo demás, entiende también el recurrente que "los artículos 540 y 541 no son de aplicación a los hechos declarados probados", por haberse efectuado la venta en pública subasta y, en consecuencia, de acceso público y abierto a cualquier persona.

La estimación del motivo precedente, al concluir que no existe prueba de cargo sobre el concierto de voluntades entre los dos procesados a que se refiere el relato fáctico de la sentencia recurrida, hace innecesario el examen del posible fundamento de este segundo motivo, que consiguientemente debe ser estimado también, en cuanto consecuencia ineludible de haberse apreciado en el precedente la vulneración del derecho del recurrente a la presunción de inocencia.

Procede, en conclusión, la estimación de este segundo motivo, expresamente apoyado también por el Ministerio Fiscal.

2. Recurso del procesado Gabriel.

El primer motivo de este recurso, formulado al amparo del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia error en la apreciación de la prueba, que se ha traducido en un insuficiente e incorrecto relato de hechos, y "consiste básicamente en confundir las fincas objeto de embargo y su valor con la finca objeto de avalúo para la subasta y su tasación; y, a su vez, ésta con las fincas que son apoyo de valoración en otras peritaciones obrantes en autos".

Se destaca por el recurrente: 1º) que no se describen ni identifican registralmente (al menos indicando en nº de finca) los inmuebles que son objeto de embargo; siendo destacable el hecho de que, leyendo detenidamente el inciso final del párrafo primero del relato de hechos probados, (puede comprobarse) que son dos las fincas embargadas; 2º) que tampoco se describe luego la finca que es objeto de avalúo por el acusado y de posterior subasta; siendo de advertir que objeto de la subasta sólo fue una de las fincas embargadas (la nº NUM002), como resulta del "edicto" anunciando la subasta (folio 600); 3º) que, en el párrafo tercero del relato de hechos probados, se habla del avalúo de una sola finca, pero no se describe, como por el contrario sí aparece en el informe emitido por el acusado (folio 142 y siguientes); y 4º) que tampoco identifica la sentencia las otras tasaciones de la finca o fincas, ni especifica si las mismas se refieren a las dos fincas embargadas, a la única que se describe en el edicto anunciando la subasta, o a la que describe el acusado en su informe "(porque debe notarse que aunque lo lógico es que coincidan las descripciones de la finca contenidas en el avalúo .. y en el edicto, no ocurre así, como puede comprobarse contrastando los folios 600 y 142 y siguientes). También puede comprobarse lo dicho examinando otras peritaciones obrantes a los folios 235 y siguientes y 445 y siguientes.

El examen de los documentos citados permite comprobar: 1º) que las fincas embargadas en los autos 445/86, del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Barcelona son dos: las nº NUM003y la nº NUM002; 2º) que la finca objeto de subasta fue la nº NUM002(v. edicto. fº 600); 3º) que las valoraciones o peritaciones con las que el juzgador contrasta la tasación del acusado -- supuestamente obrantes a los folios 235 y ss. y 445 y ss., y concretamente la primera de ellas-- asignan un precio de 243.739 pts./m2. a las fincas que previamente describen con expresión de las superficies construidas, con indicación de sus diferentes destinos, y determinación de la "superficie neta a efectos de valoración" que cifran en 1.355 m2.; y, 4º) que la finca objeto de peritación o valoración por el acusado fue la nº NUM002, a la que se atribuye una superficie de 686 metros cuadrados.

En su consecuencia, la apreciación del motivo pondría de manifiesto que la finca objeto de subasta no coincide con las que figuran en otras valoraciones distintas de las del acusado.

El examen de los documentos citados por la parte recurrente permite comprobar varios importantes errores que pueden advertirse en el relato de hechos probados: Así, la reiterada confusión y falta de claridad que se advierte en el "factum" entre lo embargado, lo peritado y lo subastado. En efecto, se dice que "se embargo" la propiedad o derecho que ostente la demandada sobre el piso que en la CALLE000nº NUM000torre y sobre la propiedad o derechos que asimismo ostente sobre el piso NUM000del inmueble nº NUM001de la CALLE001de esta ciudad", añadiéndose: "siendo anotado dicho embargo preventivo en el Registro de la propiedad, al aparecer como titular de dichas fincas Claudia".

Es de advertir que ni se describen físicamente las fincas embargadas, ni se dice cual sea el número registral de la mismas. Además (v. art. 899 LECrim.), puede comprobarse -por la certificación registral obrante en autos (fº 126 y ss.)- que las fincas de referencia son la nº NUM002y la nº NUM003, que únicamente figura anotado preventivamente el embargo de la primera (fº 130), y que sus respectivas superficies son las siguientes: la nº NUM002, "seiscientos ochenta y seis metros cuarenta y dos decímetros cuadrados" (fº 126); y la nº NUM003, "mil ciento ochenta y ocho metros cuarenta decímetros cuadrados" (fº 130).

El relato fáctico habla, inicialmente, de "bienes propiedad de la demandada", y sucesivamente de "dichas fincas", de "títulos de propiedad de la finca embargada", de "la titular registral de la misma", de "avalúo de la finca", de "adjudicarse la finca", de que "valoró el inmueble objeto de subasta", de "sacar a subasta las fincas embargadas", de "embargo trabado sobre las fincas", de "los bienes objeto de la misma", y de "demanda de tercería de dominio, en relación con los bienes embargados y subastados".

La finca a que se refiere la subasta y el previo avalúo, llevado a cabo por el procesado Gabriel, es la finca registral nº NUM002(v. folios 142 y ss. -avalúo- y 605 y ss. -edicto-).

La valoración llevada a cabo por D. Jesús Manuel, Felixy Jose Augustose refiere a la finca sita en c/ CALLE000nº NUM000de Barcelona, con una "relación de superficies": solar: 2.000 m2. y una "superficie total construida" (viviendas, garaje, dependencias servicio, edificación auxiliar y frontón): 1.572,95 m2., con una superficie neta a efectos de valoración -como se ha dicho-de 1.355 m2.; valorándose éstos, a 243,739 pts./m2., en 330.266.340 pts. (v. fº 237).

La valoración efectuada por D. Gabrielse refiere a la finca nº NUM002, con una superficie de 686,42 m2. y se cifra en 45.000.000 de pts. su valor en venta (v. fº 142).

La inclusión de estos datos en el relato fáctico y la supresión de los confusos que se recogen en el "factum" implicaría una sustancial modificación del relato fáctico de la sentencia a efectos de su ulterior calificación jurídica.

Por todo lo dicho, procede la estimación de este motivo, que ha sido expresamente apoyado también por el Ministerio Fiscal.

El segundo motivo de este recurso, deducido al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, denuncia "infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el art. 24 de la Constitución; al no existir pruebas respecto de determinados hechos y a la tutela judicial efectiva, derecho consagrado en el mismo artículo, al resultar insuficientemente motivada la sentencia, contraviniéndose así lo establecido en el artículo 120 de la Constitución".

Por las razones expuestas en el segundo de los fundamentos de Derecho de esta resolución, que se dan por reproducidos aquí, es preciso reconocer que no existen en la causa elementos probatorios válidos que acrediten ni la connivencia entre los procesados señores Jose Ramóny Gabriel, ni que éste asignase un valor ínfimo a la finca objeto de subasta, a la que se limitó su avalúo, por cuanto los términos de referencia tenidos en cuenta por el Tribunal de instancia (las otras peritaciones obrantes en la causa -fº 235 y ss.- y el valor asignado por el procesado Sr. Jose Ramóna las fincas objeto del supuesto contrato privado recogido en el requerimiento notarial del que se ha traído copia a los autos -fº 1163 y ss.), al referirse a objetos distintos, no permiten llegar a tal conclusión; sin que, por lo demás, dicho Tribunal haya razonado en forma alguna su convicción inculpatoria respecto del ahora recurrente, ni haya hecho alusión alguna a las pruebas tenidas en cuenta para ello, con olvido de la obligación impuesta en el art. 120.3 de la Constitución.

Procede, por tanto, la estimación de este motivo, que ha sido apoyado expresamente también por el Ministerio Fiscal.

El motivo tercero, al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia "aplicación indebida de los artículos 329 y 330 del Código Penal, en la medida en que el acusado no obró con dolo, es decir, con conciencia y voluntad de asignar al inmueble objeto de la subasta un valor inferior al adecuado".

Dice el recurrente que "en la sentencia no sólo no se afirma la existencia del dolo propio del delito de que se trata, sino que tampoco se infiere su presencia de otras afirmaciones o argumentos", y destaca, finalmente, la circunstancia de la divergencia existente entre los inmuebles que fueron embargados y el que realmente fue objeto de subasta, y entre éste y el que figura en la descripción del informe del Sr. Gabriel(descripción que éste llevó a cabo con base en la información facilitada por el Juzgado). De todo lo cual deduce que "existen argumentos y razones suficientes para creer que el comportamiento del Sr. Gabrielno fue malicioso, sino que su actuación estuvo viciada por un error --el relativo a la descripción de la finca--, que no se deshace con la simple visita a la misma".

Apreciada la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del hoy recurrente, al examinar el fundamento del motivo anterior, tanto en lo concerniente a la connivencia de Gabrielcon el también procesado Jose Ramón, como en lo relativo a la calificación de "ínfimo" dada por el Tribunal de instancia al valor asignado por Gabriela la finca de autos, es menester concluir que, al faltar la base fáctica precisa para la existencia del delito, sin necesidad de mayor argumentación, procede la estimación del presente motivo, que el Ministerio Fiscal ha apoyado expresamente, por las razones expuestas.

3. Recurso de AVINGUDA, S.A.

El primer motivo de este recurso, deducido al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la falta de aplicación del art. 302, nº 4, en relación con el art. 303 del Código Penal, por cuanto "el acusado Gabrielemitió dictamen ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 5, en cuyo dictamen incluyó más fincas de las que debía peritar, a la par que al conjunto de ellas atribuyó una valoración mínima en relación con su valor real".

En el desarrollo del motivo, se refiere la recurrente, en primer término, al dictamen de los agentes de la propiedad inmobiliaria Sres. Jesús Manuel, Jose Augustoy Felix(obrante al folio 235), a la anotación de la demanda de los hermanos en el Registro de la Propiedad contra la Sra. Claudia(obrante al folio 126), al "boom inmobiliario" producido en España entre el año 1985 y el año 1990, a las fotografías obrantes a los folios 190 y siguientes de la causa, y viene a concluir que, en el mismo dictamen, el Perito faltó a la verdad en la narración de los hechos falseando el contenido del dictamen.

Dados los términos del relato fáctico --de obligado respeto, en atención al cauce casacional elegido (v. art. 884.3º LECrim.)--, hay que reconocer que del mismo no se desprende de forma incontestable la conducta que la recurrente imputa al procesado Sr. Gabriel. Baste recordar el conjunto de incoherencias del "factum" en relación con el objeto del embargo, de la anotación preventiva del mismo, de lo subastado y de lo realmente evaluado, puestas de manifiesto al examinar el posible fundamento del primero de los motivos de casación del procesado Sr. Gabriel(v. FJ 4º de esta sentencia), junto con las dificultades que no infrecuentemente supone la pretensión de armonizar la realidad física de las fincas con la descripción registral de las mismas. Todo ello, junto con el hecho de que la finca realmente evaluada por el referido procesado fue la nº NUM002del Registro de la Propiedad, que, según éste, tiene una superficie de 686 metros cuadrados.

Si a ello unimos el hecho de haberse apreciado la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del procesado Sr. Gabrielrespecto de determinadas imputaciones hechas al mismo en el "factum" de la sentencia recurrida --entre ellas la de haber dado un valor ínfimo a la finca objeto de su pericia--, se comprende fácilmente la procedencia de desestimar este motivo.

El segundo motivo de este recurso, ha sido deducido por el cauce procesal del núm. 2º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "por falta de aplicación de los arts. 302 nº 4 en relación con el art. 303 del Código Penal, por error en la apreciación de la prueba basado en el documento público obrante a los folios 1162 y siguientes de la causa, ..".

Critica la parte recurrente, por considerarla equivocada, la afirmación del Tribunal de instancia, que considera simple fotocopia el requerimiento notarial obrante --"por copia auténtica"-- al folio 1162 y siguientes de la causa; y dice que "se trata de un requerimiento notarial hecho por el acusado Jose Ramón, .., dirigido a Claudia..., a la que pide reconozca que con fecha 6 de noviembre de 1984, suscribió el contrato que se acompaña al requerimiento, ..". "El precio del contrato objeto de requerimiento son 140.000.000 pesetas"; pudiendo comprobarse que "las descripciones de las fincas que aparecen en el contrato de compraventa coinciden con las que en su día Claudiaaportó en el año 1985 a la sociedad "Avinguda, S.A." ..", y que ".. la fecha del otorgamiento, el 1 de diciembre de 1989, sin ánimo de prejuzgar, hay que convenir cuando menos que en dicha fecha el acusado Jose Ramónya estaba interesado en las fincas, pues en caso contrario no hubiera remitido el requerimiento ..". En suma, "en el documento se hacen declaraciones y manifestaciones que no corresponden con la realidad y con la verdad", e incurre también en falsedad, "pues aparentemente el contrato de compraventa había sido firmado por la Sra. Claudiacuando se ha demostrado que no es así".

En relación con el documento privado a que se refiere el requerimiento notarial de que habla la recurrente, la Sala de instancia pone de manifiesto que tanto el Sr. Jose Ramóncomo la Sra. Claudianiegan su existencia y dice, además, que "en principio y aisladamente considerado carece de eficacia procesal, negando la Sra. Claudiahaberlo aportado al pleito rescisorio entablado con la sociedad Avinguda, S.A., luego ninguna relevancia tiene frente a terceros. En el hipotético supuesto de que dicho documento efectivamente hubiera sido aportado al proceso civil, la conducta delictiva la habría cometido la Sr. Claudia, en relación con la cual se ha retirado la acusación" (v. FJ 2º "in fine").

Con independencia de lo expuesto por el Tribunal de instancia, hay que destacar lo siguiente:

1. Que, por lo que al precio del supuesto contrato se refiere, debe observarse que el objeto del mismo lo constituyen dos fincas, la primera con una superficie de 1.188,40 metros cuadrados, y la segunda con una superficie de 686, 42 metros cuadrados, registradas con los números NUM003y NUM002del correspondiente Registro de la Propiedad, sin que se concrete aisladamente en precio de cada una de ellas. Y,

2. Que el documento no puede acreditar por sí mismo lo que la parte recurrente pretende (carece de la denominada "literosuficiencia"), y prueba de ello es que dicha parte ha de acudir reiteradamente al contexto de los hechos para interpretarlo en el sentido que pretende.

Por todo ello, procede la desestimación de este motivo.

El motivo tercero, por el mismo cauce casacional que el anterior, se formula "por falta de aplicación del art. 304 del Código Penal, por error en la apreciación de la prueba, basado en el documento público a los folios 1162 y siguientes de la causa, ...".

"Se alega este motivo -dice la parte recurrente-, de forma subsidiaria y alternativa al motivo anterior, para el supuesto de que el Tribunal considerase que el documento requerimiento notarial obrante al folio 1162 y siguientes no fue creado por el acusado Jose Ramón, sino por el Notario autorizante, en cuyo caso la conducta del acusado, haciendo uso del mencionado documento, se encuadraría en el citado art. 304 del Código Penal".

Se remite la recurrente a lo ya dicho en el motivo anterior y añade que "la finalidad era clara pues se trataba de que la Sra. Claudialo incorporase al pleito rescisorio que tenía entablado con "Avinguda, S.A." como reconoce ésta al ser interrogada en el acto de juicio oral, respecto de la existencia del pleito". Y, seguidamente afirma, "como decíamos en el motivo anterior las fechas son harto reveladoras. 1 de diciembre de 1989, otorgamiento del requerimiento notarial. 31 de diciembre de 1989, fecha de caducidad de la acción rescisoria entablada por la Sra. Claudiacontra Avinguda .... . Febrero de 1990, fecha de emisión del dictamen en el procedimiento de apremio contra la Sra. Claudia... . Mayo de 1990, acto de la subasta ante el Juzgado 1ª Instancia nº 5".

Por las mismas razones expuestas en el fundamento anterior, que se dan por reproducidas aquí, procede la desestimación del motivo ahora examinado. De modo patente, el documento citado por la recurrente -al margen de las restantes consideraciones- no puede probar por sí mismo lo que la parte recurrente pretende.

Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo.

El cuarto motivo del recurso, finalmente, al amparo del artículo 849 nº 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia "indebida aplicación del art. 19, en relación con el art. 101, 3º y art. 104 (relativamente al supuesto de los daños morales) de la sentencia que se recurre".

Dice la recurrente que "los daños y perjuicios materiales ... no fueron cuantificados por esta parte ni acreditados en el acto del juicio oral por lo cual esta parte recurrente se abstiene de hacer cualquier petición al respecto. No así los daños morales que esta parte estimó en su escrito de conclusiones en 15.000.000 de pesetas, ..., solicitando se declare dicha responsabilidad a los acusados".

Destaca la recurrente, en pro de este motivo, que "Avinguda, S.A. ha soportado la acción rescisoria ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 37, de cuya acción no puede olvidarse a Jose Ramónpor ser quien remite el documento notarial aludido en los anteriores motivos". "El propio Jose Ramónmaquina después en la subasta, con el perito, hasta llegar a adjudicarse la subasta. ...". ".. es evidente el nexo entre los daños y perjuicios que se han causado a esta parte por el peritaje nulo y por las maquinaciones del otro acusado Jose Ramónque han obligado a esta parte a acudir a los Tribunales de Justicia, para evitar males mayores. La responsabilidad nace del delito, no como dice la sentencia, por el hecho de que mi principal no inscribiese la finca en el Registro de la Propiedad, porque en primer lugar dicha inscripción no es obligatoria, ...". Y, finalmente, justifica su pretensión indemnizatoria por "el sufrimiento derivado de todos los acosos procesales y el sometimiento a los procedimientos judiciales, anotaciones preventivas de demanda y toda la persecución de que ha sido objeto mi representada ..", afirmando que "la indemnización de los daños morales carece de toda posible determinación previa".

La responsabilidad civil derivada del delito (arts. 19, 101 y ss. del C. Penal), requiere lógicamente la existencia de una condena penal previa. Por tanto, como en el presente caso la estimación de los recursos formulados por los procesados conduce directamente a la absolución de los mismos, es patente que no cabe hablar de ningún tipo de responsabilidad "ex delicto" (art. 1.092 del C. Civil y concordantes del C. Penal). Procede, en su consecuencia, la desestimación de este motivo. III.

FALLO

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS los motivos 2º y 3º del recurso formulado por Jose Ramón, así como de todos los formulados por Gabriel, y debemos DESESTIMAR el motivo 1º de Jose Ramóny de los cuatro formulados por la acusación particular AVINGUDA S.A, CASANDO y ANULANDO en consecuencia la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 5ª), de fecha 16 de enero de 1.995, declarando de oficio las costas de este procedimiento.

Notifíquese esta resolución y la que seguidamente se dicte a los recurrentes, Ministerio Fiscal, parte recurrida y Audiencia Provincial arriba indicada, a los fines legales oportunos, con devolución a esta última de los autos que en su día remitió interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, en las Diligencias Previas nº 2298/90, por delitos de usurpación de bien inmueble, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento oficial, falso testimonio, estafa y aportación a juicio de un documento falso, de los que vienen acusados Jose Ramón, nacido en Barcelona el catorce de septiembre de mil novecientos veintinueve, hijo de Jesús Luisy de María Purificación, y vecino de Barcelona, CALLE002nº NUM001, sin antecedentes penales, en libertad provisional por la presente causa, cuya solvencia no consta; Gabriel, nacido en Barcelona el diecinueve de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, hijo de Plácidoy María Luisa, y vecino de Barcelona C/ DIRECCION000nº NUM004; sin antecedentes penales, en libertad provisional por la presente causa, cuya solvencia no consta; Claudia, nacida en Barcelona el veintiocho de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, hija de Alfonsoy de Valentina, y vecina de Cervello, sin antecedentes penales, en libertad provisional por la presente causa y contra Juan Pablo(el cual ha fallecido)., se ha dictado Sentencia por la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 16 de enero de 1.995, que ha sido CASADA y ANULADA por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. anotados al margen y bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Luis Román Puerta Luis, se hace constar lo siguiente:I. ANTECEDENTES

Se acepta el relato fáctico de la sentencia de instancia, salvo lo que resulta de las siguientes precisiones, consecuencia de la estimación de los correspondientes motivos de casación formulados por los procesados Jose Ramóny Gabriel:

1. ) No se ha probado que el procesado Jose Ramónhiciese indicación alguna al perito Gabriel, también procesado en esta causa, acerca de la valoración del inmueble objeto de subasta, a que se refiere la sentencia de instancia.

2. ) Tampoco se ha probado que el citado perito, Sr. Gabriel, que valoró el inmueble de referencia en cuarenta y cinco millones de pesetas, asignase por ello a dicho objeto "un valor ínfimo en relación al que le correspondería, atendida la ubicación del inmueble y la fecha de la peritación".