Unidad 3. Sujetos (II): Las partes. Pluralidad de partes. Intervención procesal. Sucesión procesal. Intervención del ministerio fiscal en el proceso civil.
| Páginas | 111-137 |
| Autor | Ana Isabel Luaces Gutiérrez |
Unidad 3.
Sujetos (II): las partes.
Pluralidad de partes.
Intervención procesal. Sucesión procesal.
Intervención del Ministerio Fiscal
en el proceso civil
Ana Isabel Luaces Gutiérrez
Profesora Titular de Derecho Procesal
SUMARIO. 1. Las partes en el proceso civil: El derecho de acción y de defensa. 1.1.
Concepto de parte. 1.2. Dualidad de posiciones en el proceso civil. 2.
Pluralidad de partes. 2.1. Concepto. 2.2. Litisconsorcio. 2.2.1. Litisconsorcio
activo, pasivo y mixto 2.2.2. Litisconsorcio voluntario. 2.2.3. Litisconsorcio
necesario. 2.2.4. Litisconsorcio cuas-necesario. 3. Intervención proce-
sal. 3.1. Intervención voluntaria. 3.2. Intervención provocada. 4. Sucesión
procesal. 4.1. Inter vivos. 4.2. Mortis causa. 5. Intervención del Ministerio
Fiscal en el proceso civil. 6. Bibliografía. 7. Esquema.
1. LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL: EL DERECHO DE ACCIÓN Y DE
DEFENSA
Partiendo de una asentada doctrina del Tribunal Constitucional referente al
derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el artículo 24.1 CE se puede
definir el derecho de acción como un derecho fundamental que tiene todo suje-
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to de Derecho, a acceder libremente a los Tribunales, a través de un proceso con
todas las garantías y, en su caso, a todas y cada una de las instancias, para poder
plantear su pretensión o resistencia, en aras de obtener de los órganos jurisdic-
cionales una resolución definitiva, fundada en derecho, motivada, congruente y,
a ser posible de fondo, que ponga fin al conflicto entablado, así como a la ejecu-
ción de lo resuelto (GIMENO).
La reciente Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de
Defensa, recoge en su preámbulo que el mencionado artículo 24 de la CE con-
sagra el derecho a la tutela judicial efectiva, vinculándolo indisolublemente
al también derecho fundamental a la no indefensión y esta vinculación es tan
estrecha y sustancial que permite enunciar como ecuación axiomática que sin
tutela judicial efectiva no es posible una defensa real, y sin una defensa efecti-
va es inviable el ejercicio de una real tutela judicial efectiva. De lo anterior se
desprende, que ambos derechos se conforman como dos caras de una misma
moneda y como corolario inherente al funcionamiento del Estado de Derecho.
De lo anteriormente expuesto, se desprende que el Derecho de defensa está
íntimamente relacionado con el Estado de Derecho constituyendo uno de los
derechos básicos de protección de la ciudadanía, que comprende toda situación
de controversia jurídica en que pueda verse inmersa una persona y sea cual
sea su posición. Este derecho comprende un conjunto de facultades y garantías
reconocidas en el ordenamiento jurídico, que permitirá a todas las personas
físicas o jurídicas, proteger y hacer valer, mediante un procedimiento previa-
mente establecido, sus derechos, libertades e intereses legítimos, en cualquier
tipo de conflicto ante los órganos jurisdiccionales y Administraciones Públicas,
incluidas las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal o en los medios
adecuados de solución de controversias, regulados en la normativa que les sea
aplicable.
En cuanto al contenido esencial del derecho de acción lo podemos sinteti-
zar en los siguientes aspectos:
A) Derecho de acceso a la justicia
El derecho de acción comprende en nuestro ordenamiento jurídico el dere-
cho de acceso a la justicia. La titularidad de este derecho de conformidad con el
artículo 24.1 de la CE corresponde a todos los sujetos de Derecho, a saber, a las
personas físicas, incluido el nasciturus para todo lo que le sea favorable (artícu-
lo 6.2 LEC), ya sean nacionales, residentes de la Unión Europea o extranjeros,
legalizados o no en España, así como las personas jurídicas, públicas y privadas,
tengan o no plena capacidad jurídica, pues la norma otorga capacidad a las ma-
sas patrimoniales y a los entes sin personalidad jurídica (artículos 6.4 y 5 LEC).
En este apartado, es necesaria una sucinta referencia a la incorporación en
la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de efi-
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