Tutela constitucional del derecho a disfrutar del medioambiente

AutorRaúl Canosa lisera
Cargo del AutorProfesor Titular de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid
Páginas259-272

Page 257

I El derecho a disfrutar del medio ambiente
1. Constitucionalización del medio ambiente

Al ser históricamente reciente, la Constitución española de 1978 incluye entre sus cláusulas una relativa al entorno.1 De las dos posibilidades que se ofrecían al constituyente: introducir en el texto un principio medio-ambiental (norma de acción) y regular un derecho a disfrutarlo (norma de relación), se optó por recoger , aparentemente, las dos posibilidades y hacer así una compleja síntesis de ambas. Por añadidura, se incorpora, por primera vez en nuestro derecho constitucional la noción de calidad de vida y se constitucionaliza el deber de conservar el entorno. El apretado contenido del artículo 45 de nuestra Constitución se encuadra en el problemático capítulo III del título I; el rótulo del capítulo, "De los principios rectores de la política social y económica", tiene, como se verá más adelante, suma importancia.

Son numerosas las previsiones constitucionales sobre el entorno. Se infiere, pues, que el legislador constitucional deseaba enfatizar la importancia del bien recién constitucionalizado. Sin embargo, el alcance y los medios para su protección no quedaron claros en la Constitución y el legislador ordinario tampoco ha despejado las dudas interpretativas que un precepto, como el 45 CE, plantea. SePage 258 ha formado así un cuerpo jurídico, cada vez más autónomo, al que la doctrina denomina Derecho ambiental.2

2. Contenido complejo del artículo 45 de la Constitución

El art. 45 CE regula un derecho (45.1), que también es un principio,3 impone obligaciones a los poderes públicos (45.2) de promover y restaurar el ambiente y de velar por el uso racional de los recursos naturales. Se establece, además, el deber de todos de conservar el medio ambiente (45.1) reforzando su cumplimiento con la previsión de sanciones administrativas y penales (art. 45.3).

La minuciosidad constituyente no evita las muchas dudas que surgen del texto.4 Porque, si por un lado, parece claro que se consagra un interés objetivo de rango constitucional, del cual se deducen obligaciones para los poderes públicos (art. 45.2), de otro, es dudoso que el reconocimiento del derecho a disfrutar del entorno (art. 45.1) sea efectivo y los ciudadanos puedan reclamarlo con la sola apoyatura constitucional. Por otra parte, la Constitución utiliza términos que no poseen todavía caracterización jurídica, tales como el de "calidad de vida" o el mismo de "medio ambiente". Son conceptos jurídicos abiertos no tanto indeterminados5 que entorpecen la tarea clarificadora de los juristas y esterilizan la proyección en la vida nacional de lo dispuesto en el art. 45 precitado.

Sin perjuicio de que las aportaciones doctrinales sean importantes, más peso han tenido las jurisprudenciales6 y habrán de tener, esperemos que pronto, lasPage 259 legislativas. Compete sobre todo al legislador7 configurar los conceptos constitucionales y llenarlos de contenido. Todo lo que la doctrina ha especulado y la jurisprudencia decidido puede inutilizarlo una sola palabra del legislador.

La ley debe regular el disfrute del derecho proclamado en el art. 45.1 CE y precisar las obligaciones que para el Estado impone del art. 45.2 CE. Pero antes ha de acotar los conceptos de medio ambiente y de calidad de vida. Sobre el segundo se infiere de la Constitución que la vida a la que se refiere es la vida humana,8 puesto que el disfrute del medio sirve, como reza el art. 45.1, al desarrollo de la persona. Enlazando esta precepto con el art. 10.1, donde se proclama la dignidad de la persona, llegamos a la conclusión de que la conservación del medio y la utilización racional de los recursos naturales no están con preferencia al servicio de la vida en general, sino de la vida humana en particular. La dignidad humana justifica la regulación constitucional y la legitima. Es el hombre el fin de la norma; y la calidad de vida, que como desiderátum, plantea el precepto aparece, entonces, como síntesis entre un ambiente óptimo para el desarrollo de la persona, no sólo en lo material (desarrollo económico, arts. 128 y ss CE) sino también espiritual (art. 10.1 CE). A este desarrollo contribuye un medio ambiente adecuado. Toda la construcción constitucional sobre el entorno rezuma ese finalismo tan común en nuestra Ley Fundamental.9

Pero tampoco el constituyente perfila el concepto de medio ambiente. Para unos, todo lo que rodea a la persona entraría en el concepto, muy amplio entonces, de medio. El entorno comprendería tanto el ambiente natural como el artificial.10 Quedarían de esta suerte cubiertos por el concepto el patrimonio histórico y urbanístico. Otros excluyen del concepto lo que no se relacione con los recursos naturales (agua, tierra, aire).11 Al analizar el concepto de medio ambiente enfrentamos un concepto abstracto, cuya concreción corresponde al legislador. No conviene, empero, reconocer al concepto un contenido inabarcable. Por ello, en mi opinión, aunque pueda sostenerse, interpretando literalmente la Constitución, un concepto amplio de ambiente, es preferible restringir su contenido para facilitar una mejor protección jurídica, sin olvidar, además, que otrosPage 260 preceptos constitucionales regulan bienes jurídicos, conexos al medio ambiente pero independientes desde la consideración jurídica; es el caso del art. 46 CE relativo al patrimonio histórico artístico. Aceptada esta premisa, dentro del concepto jurídico de medio ambiente incluiríamos: los elementos protegidos (recursos naturales), lo potencialmente dañino para estos elementos y las técnicas de protección específica.12 Al legislador corresponde regular, a la luz de la Constitución, cada uno de estos tres aspectos y cumplir así la parte que le toca de las obligaciones impuestas por el art. 45.2 a los poderes públicos. Ya existe una abundantísima legislación autonómica, estatal y europea, sin olvidar los documentos internacionales. Todos ellos no sirven, empero, para disipar muchas interrogantes aún pendientes.

3. Configuración subjetiva del medio ambiente La eficacia normativa del art. 45.1 CE
a) La proclamación constitucional

Afirma el art. 45.1 de la Constitución española: "Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona..." Ya hemos referido antes la dimensión subjetivista del precepto, pero anticipábamos la discutible eficacia normativa del art. 45.1 como derecho subjetivo;13 y por una razón muy simple: la propia Constitución, aunque no impida la invocación de este precepto ante los tribunales, sí que deriva su eficacia como derecho de la intermediación legislativa. En efecto, el art. 53.3 advierte que los principios del capítulo III del Título I, donde se encuentra el art. 45, ''Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen". Los supuesto titulares del derecho recogido en al art. 45.1 no pueden acudir a los tribunales si la ley no lo configura como auténtico derecho subjetivo y prescribe vías de acceso. Se cierra también la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solo abierta para los derechos reconocidos en los arts. 14 al 29 y la objeción de conciencia reconocida en el art. 30.2. El art. 45.1 no regula, en consecuencia, un derecho, puesto que no prescribe el remedio contra su vulneración. En idéntica situación está el "derecho" a disfrutar de una vivienda digna (art. 47.1 CE) o el de protección de la salud (art. 43.1 CE), cuya garantía efectiva depende en todos los casos de la intermediación legislativa. Es el legislador, en definitiva, el que puede convertir uno o todos estos "derechos" delPage 261 cap. III en auténticos derechos subjetivos. Se requiere para ello determinar su contenido y atribuir a los sujetos acciones para hacerlos valer ante los tribunales cuando el objeto del derecho no pudiera ser disfrutado por su titular.

Hay quienes opinan, en contraste con lo expuesto, que el derecho a gozar del medio adecuado es derecho subjetivo: Unos porque lo consideran derecho fundamental al conectarlo con el derecho a la vida (art. 15.1 CE), abriendo para él las puertas del recurso de amparo. Este solapamiento del contenido del derecho a disfrutar del entorno permite la protección extraordinaria de una parte de nuestro derecho pero complica la delimitación jurídica de su contenido específico.14 Otros no le conceden rango de fundamental, pero sí entienden posible invocarlo ante los tribunales ordinarios,15 a pesar de la proscripción del art. 53.3 CE. A mi parecer, sin embargo, el art. 45.1 CE contiene un principio rector de la política social y económica impuesto a los poderes públicos: conseguir un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Principio que se conecta con el proclamado en el art. 45.2 CE. El medio ambiente adecuado lo debe ser para todas las personas y no para cada cual, según su particular criterio; tiene pues una dimensión objetiva y como tal se impone a los poderes públicos, no como mera declaración, sino como norma obligatoria con la particular eficacia normativa que el art. 53.3 CE confiere a los principios recogidos en el cap. III: "El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios, reconocidos en el capítulo III...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR