Ley de Transporte Marítimo de Pasajeros de la Región de Murcia (Ley 1/2009, de 11 de marzo)

1. La presente Ley tiene por objeto la regulación del transporte marítimo de pasajeros entre puertos o puntos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sin conexión con puertos o puntos de otras comunidades autónomas, en embarcaciones que dispongan de medios mecánicos de propulsión y/o se propulsen a vela, debidamente autorizadas, mediante retribución, y con independencia del carácter directo o indirecto de la contraprestación económica.

2. Se entienden que están comprendidos dentro de esta modalidad, entre otras actividades, los cruceros turísticos, el desplazamiento a parajes para realizar excursiones o prácticas deportivas, así como, en general, cualquier actividad comercial que suponga el traslado de personas en embarcaciones provistas de medios mecánicos de propulsión.

1. Los transportes objeto de la presente Ley, de acuerdo con sus condiciones de prestación, pueden ser regulares o discrecionales.

2. Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos, y con sujeción a calendarios y horarios preestablecidos.

3. Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario prefijado.

Todos los usuarios de los servicios de transporte marítimo de pasajeros tienen derecho a:

1. Acceder, en condiciones no discriminatorias, a la prestación de los servicios de transporte marítimo de pasajeros abiertos al uso público, de acuerdo con su legislación reguladora.

2. Ser informado de los itinerarios, precios y demás condiciones relativas a la prestación de estos servicios.

3. Formular reclamación en el Libro correspondiente conforme a la normativa en materia de defensa del consumidor.

4. Ser indemnizado por los daños ocasionados en el curso de la navegación o en las operaciones de embarque y desembarque, tanto daños personales como por la destrucción, pérdida o avería de sus equipajes facturados o mercancías.

Los usuarios de los servicios de transporte marítimo de pasajeros están obligados a:

1. Respetar y realizar un uso racional y adecuado a su finalidad de los medios materiales aplicados a la prestación de los servicios.

2. Abonar los precios establecidos por la prestación de los servicios.

Los derechos y obligaciones para empresas navieras y usuarios de transporte marítimo, se entenderán sin perjuicio de lo establecido en la normativa estatal sobre marina mercante y de las competencias de la Administración del Estado en la materia.

1. La actividad de transporte a que se refiere el artículo 1 de la presente ley queda sujeta en general al régimen de comunicación previa. A tales efectos, las personas físicas o jurídicas interesadas deben comunicar su voluntad de realizarla a la consejería competente en materia de transportes, con una antelación mínima de quince días al inicio de la actividad, acreditando el cumplimiento de los requisitos legales preceptivos para ejercerla.

2. En la comunicación previa debe determinarse el tipo servicio que se pretende prestar. Si se trata de un transporte no regular u ocasional, se indicará la zona o las zonas donde esté previsto llevarlo a cabo, los puntos de partida y de llegada y la previsión de escalas.

3. La comunicación de inicio de la actividad no exime de la obtención de las autorizaciones, las licencias, los permisos o las concesiones que sean precisos, de acuerdo con la legislación vigente.

4. Los navieros deberán comunicar a la consejería competente en materia de transportes cada tres años, contados desde la comunicación previa inicial, su intención de continuar ejerciendo la actividad, acompañando una declaración responsable del mantenimiento de los requisitos legales preceptivos.

5. El cese en la prestación del servicio regular debe ser comunicada a la consejería competente en materia de transportes con una antelación mínima de quince días.

(Suprimido)

El transporte marítimo de pasajeros solo se podrá llevar a cabo en embarcaciones que cumplan con la normativa española en todo lo referente a seguridad marítima, debiendo tener todos sus certificados en vigor.

1. Los requisitos para llevar a cabo servicios de transporte marítimo de pasajeros, objeto de esta ley, que deben cumplirse son los siguientes:

1. Estar de alta en el epígrafe que corresponda del Impuesto sobre Actividades Económicas.

2. Acreditar la disponibilidad de la embarcación mediante justo título: propiedad, usufructo, mandato, fletamento o cualquier otro admitido en derecho.

3. Presentar memoria descriptiva del transporte a realizar, que en caso de ser de clase regular contendrá los puntos de partida y llegada, itinerarios, escalas y horarios. En caso de ser no regular, se hará constar la zona del litoral de la Región de Murcia donde se pretenda realizar el transporte, así como los puntos de partida y llegada y las escalas previstas.

4. Justificar que la embarcación o embarcaciones que se destinen a este transporte cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para poder navegar y los requerimientos técnicos y de seguridad, carga máxima y número de pasajeros autorizados, mediante documentación acreditativa del órgano con competencia en materia de seguridad marítima y en inspección de embarcaciones.

5. Adjuntar la relación de precios que se pretenden aplicar.

6. Disponer de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan ocasionarse a los pasajeros, a los equipajes de los mismos y a terceras personas, con motivo de la prestación de los servicios de transporte. La cuantía del riesgo asegurado se fijará reglamentariamente. La suscripción de este seguro se entiende sin perjuicio de otros que deban ser formalizados en función de la clase de transporte a realizar.

Si la consejería competente en materia de transportes constata el incumplimiento de los requisitos establecidos en el anterior artículo, se otorgará un plazo de diez días para proceder a su subsanación. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca aquella, se dictará resolución motivada ordenando la prohibición del inicio del servicio, o su inmediata paralización, hasta que sea corregida la omisión, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.

1. Con carácter general, la modificación de cualquiera de las condiciones de prestación de los servicios regulares en materia de horario o ruta será comunicada a la consejería competente en la materia con quince días de antelación.

2. El régimen establecido en el anterior párrafo puede ser exceptuado en los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor a fin de garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles hasta la normalización del mismo. De cualquier forma, estas incidencias serán comunicadas en el plazo de veinticuatro horas a la consejería competente en la materia.

1. Las siguientes causas determinarán la imposibilidad legal de continuar realizando la actividad de transporte marítimo:

   1. El cese de la actividad del transportista tras su notificación a la Administración competente.

   2. La extinción de la personalidad del transportista.

   3. Por sanción administrativa firme.

   4. Por falta de notificación preceptiva de la intención de seguir realizando la actividad y mantenimiento de las condiciones.

2. Cuando el cese de la actividad se produzca a instancia de la Administración Pública competente, se acordará mediante resolución, tras la tramitación del procedimiento en el que se dé audiencia al transportista afectado.

(Suprimido)

1. Por la presente ley se crea el Registro de comunicaciones previas para el transporte marítimo de pasajeros en la Región de Murcia.

2. El órgano competente para la gestión del Registro será la Dirección General competente en materia de transportes.

3. El Registro tendrá carácter público.

4. La conservación, tratamiento, transmisión y destrucción de los datos personales, se realizará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

1. Los asientos del Registro serán de dos clases: de alta y de cancelación.

2. De cada uno de estos asientos se anotarán, como mínimo, los siguientes extremos:

1. Respecto a los asientos de alta:

   1) Número de orden asignado en el Registro.

   2) Fecha de la comunicación previa.

   3) Titular del prestador de servicio de transporte marítimo.

   4) Domicilio.

   5) Fecha de la anotación en el Registro.

2. Respecto a los asientos de cancelación:

   1) Motivo determinante de la cancelación.

   2) Fecha de la cancelación.

   3) Fecha de la anotación de la cancelación.

1. Las certificaciones de los datos inscritos se extenderán por el Director General competente en materia de transportes.

2. La inscripción y cancelación de datos será gratuita.

1. La consejería competente en materia de transportes facilitará a la Administración del Estado la información relativa al registro de comunicaciones previas de transporte marítimo de viajeros y otros datos estadísticos que puedan resultar de interés para ambas administraciones.

2. Las Administraciones Públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espacial contemplado en la presente Ley ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas. Especialmente en caso de los incidentes o accidentes marítimos acaecidos en dicho ámbito.

1. La potestad de inspección y vigilancia de los servicios de transporte marítimo de pasajeros corresponde a la Dirección General competente en materia de transportes y será ejercida por el personal funcionario que dicha Dirección General determine, todo ello sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas en materia de inspección.

2. Los inspectores designados por la Dirección General competente en materia de transportes tendrán, en el ejercicio de sus funciones, la consideración de agentes de la autoridad, pudiendo solicitar en caso necesario para una mayor eficacia en su labor, el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

3. Se reconoce la condición de autoridad a efectos de la constatación de los hechos infractores en las materias y ámbitos regulados en la presente Ley, a los funcionarios o agentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con funciones inspectoras en las materias de turismo, pesca y acuicultura, medio ambiente y consumo, que formalicen la correspondiente acta de denuncia, que será trasladada a la Consejería competente.

1. La función inspectora se ejerce de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por organismo o persona interesada. Las actuaciones inspectoras se realizarán en relación con toda persona o entidad que se vea afectada por las normas reguladoras del tráfico marítimo de pasajeros de la Región de Murcia.

2. Las empresas inspeccionadas y los capitanes o patrones de barco están obligados a facilitar a los funcionarios de la Dirección General competente en materia de transportes, debidamente acreditados y en el ejercicio de sus funciones, el examen de toda la documentación que se les requiera, así como permitir el acceso a las embarcaciones destinadas al transporte, así como a los locales que la persona o entidad prestadora del servicio utilice en tierra para la prestación del servicio, siempre que resulte necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.

3. Las actas levantadas por los servicios de inspección tienen la naturaleza de documentos públicos, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Deben reflejar con claridad los hechos o actividades que pueden ser constitutivos de infracción, los datos de identificación del presunto infractor y de la persona o embarcación inspeccionada y la conformidad o disconformidad de los interesados, así como las disposiciones que se consideren infringidas.

1. Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que vulnere las prescripciones contenidas en la ordenación del transporte marítimo de pasajeros, tipificadas y sancionadas en la presente Ley.

2. Estas infracciones comportan la imposición de sanciones a los responsables, así como la obligación de resarcimiento por los daños y perjuicios causados a los usuarios de servicio, terceras personas o bienes e instalaciones, todo ello sin perjuicio de las medidas provisionales reguladas en esta Ley.

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Solo podrán ser sancionados por las acciones u omisiones tipificadas en esta ley, las personas físicas o jurídicas que resulten ser responsables de las mismas. Se entenderán por sujetos responsables los prestadores y usuarios del servicio de transporte marítimo.

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

3. Cuando una infracción se impute a una persona jurídica, las personas físicas integrantes de sus órganos rectores o de dirección que hubiesen autorizado o consentido la realización de la conducta infractora serán responsables solidarios con aquélla.

1. Las sanciones que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán entre si carácter independiente.

2. En los supuestos en que se instruyera expediente sancionador cuando un mismo hecho constituya dos o más infracciones o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra se impondrá una sola sanción, y será la correspondiente a la de mayor entidad y cuantía.

3. En los demás casos, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las diversas infracciones cometidas.

Son infracciones leves:

1. No mantener las embarcaciones en las condiciones necesarias de limpieza y conservación para garantizar la correcta prestación del servicio de transporte.

2. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de los usuarios al acceso a las líneas regulares o discrecionales de transporte marítimo de pasajeros.

3. No abonar los usuarios los precios establecidos por la prestación de los servicios.

4. Las acciones y omisiones que constituyan infracción del transporte marítimo de pasajeros que no pueda ser calificada como muy grave y grave, que constituyan infracción de las obligaciones establecidas en la presente Ley en materia de transporte.

Son infracciones graves:

1. El cobro de precios distintos de los comunicados a la Administración.

2. Incumplir injustificada y reiteradamente los itinerarios y frecuencias en las líneas regulares.

3. La negativa u obstrucción al ejercicio de las funciones de inspección que corresponden a la Administración, siempre que tal obstrucción no pueda ser calificada como muy grave.

4. El falseamiento de la información suministrada a la Administración por propia iniciativa o a requerimiento de ésta.

5. Incumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad.

6. La comisión por tercera o posteriores veces de una infracción de igual naturaleza de carácter leve.

Son infracciones muy graves:

1. La prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros que excedan del ámbito marítimo específicamente comunicado.

2. La organización, establecimiento o realización de servicios de transporte marítimo de pasajeros sin haber presentado la preceptiva comunicación previa.

3. La negativa a someterse a la actuación de los servicios de inspección u obstruir dicha actuación, de forma que impida o retrase el ejercicio de las funciones que dichos servicios tienen atribuidas.

4. Prestar el servicio de transporte en número superior al comunicado.

5. La comisión por tercera o posteriores veces de una infracción de igual naturaleza de carácter grave.

6. No suscribir los seguros obligatorios establecidos en la presente Ley o suscribirlos con cobertura o importe insuficiente.

1. Incoado el expediente sancionador, la Dirección General competente en materia de transportes podrá adoptar, mediante resolución motivada, previa propuesta de quien actúe como instructor de dicho expediente, las medidas provisionales que procedan con el fin de asegurar la eficacia de la resolución que pueda adoptarse, para preservar los intereses generales o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

2. El incumplimiento por causas imputables al interesado de las condiciones de prestación del servicio de transporte marítimo de viajeros establecidas en la comunicación previa determinará, la suspensión temporal de la actividad hasta el cumplimiento de los requisitos exigidos, previa audiencia. En cualquier caso, la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 25 supone la inmovilización de la embarcación y la suspensión del servicio; en su caso, la Administración puede adoptar las medidas necesarias a fin y efecto de que los usuarios sufran las mínimas perturbaciones posibles.

3. La resolución a que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo debe fijar un plazo para que la persona interesada presente comunicación previa o, en su caso, ajuste las condiciones de prestación del servicio en los términos establecidos en la comunicación previa presentada, de forma que no afecte a la seguridad de las personas, sin perjuicio, en todo caso, de las competencias de la Administración del Estado en la materia

1. Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 3.000,00 euros, las graves, con multa desde 3.001,00 euros hasta 15.000,00 euros y las muy graves, con multa desde 15.001,00 euros hasta 30.000,00 euros.

2. La comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 25 llevará aparejada, además de la multa que corresponda, la suspensión de la actividad por plazo máximo de un año, o el cese de la misma.

3. Se considerará circunstancia atenuante el haber procedido a subsanar la infracción a requerimiento de la Administración, en el plazo a que se refiere el artículo 26.3, o con anterioridad a dicho requerimiento.

4. A efectos de lo establecido en la presente Ley, se considera reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, siempre que haya recaído resolución firme en vía administrativa.

5. Las sanciones que correspondan a las infracciones tipificadas en la presente Ley deben imponerse con independencia de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados a los usuarios del servicio, terceras personas o bienes e instalaciones.

1. Los expedientes sancionadores por infracciones en materia de transporte marítimo de pasajeros serán tramitados, en lo no previsto en la presente ley, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal básica. El órgano competente para ordenar la iniciación de expedientes será la dirección general competente en materia de transportes y su resolución definitiva e imposición de la sanción pertinente corresponderá a los siguientes:

   1. Al director general competente en materia de transportes, para las infracciones leves y graves.

   2. Al consejero competente en materia de transportes, para las infracciones muy graves.

2. El plazo para notificar la resolución de los procedimientos sancionadores será de doce meses, transcurrido el cual sin que se produzca aquella, se dictará resolución declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en la legislación vigente.

1. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años de haberse cometido; las graves a los dos años, y las leves al año. El plazo comenzará a contarse desde que se produzca la conducta constitutiva de infracción.

2. Los mismos plazos establecidos en el apartado 1 de este artículo serán aplicables a la prescripción de las sanciones.

3. La prescripción de las infracciones y sanciones debe aplicarse en las condiciones establecidas en el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.