El trámite judicial de audiencia

AutorJuan Manuel López Ulla
Páginas283-308

Page 283

ATC núm. 18/1983, FJ. 1:

"(...) en el incidente previo al planteamiento de la cuestión ante este Tribunal no se había concretado el precepto constitucional que se suponía infringido ni se había especificado ni justificado en qué medida la decisión del proceso dependía de la validez de la norma en cuestión (...).

Dicho en otras palabras, lo que ha de resolverse es si, como sostiene implícitamente el Fiscal General del Estado, los requisitos a que se refiere el artículo 35.2 de la LOTC han de cumplirse no sólo en el planteamiento de la CI ante el TC, sino también en el planteamiento previo de dicha cuestión ante las partes en el incidente anterior a la remisión del Auto correspondiente a este Tribunal.

Pues bien, ajuicio del Tribunal, de una interpretación literal del art. 35.2 de la LOTC, se deduce que el cumplimiento de tales requisitos solamente es exigible en relación con el primer supuesto, es decir, el auto de remisión al TC.

El único requisito necesario y suficiente en esa fase previa al planteamiento formal de la referida cuestión por el Juez o Tribunal es que tal cuestión quede mínimamente identificada por aquéllos antes las partes: Concretamente, que se determine el precepto legal cuya constitucionalidad se cuestiona, sin que sea, por consiguiente, imprescindible que el órgano judicial ponga de manifiesto a las partes el precepto constitucional que se supone infringido ni especifique y justifique en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma legal en cuestión.

Sólo cabría entender mal suscitada la cuestión por el Juez o Tribunal si en la audiencia a las partes sobre la misma no determinase en absoluto el precepto legal de cuya constitucionalidad podía dudarse y ello porque, en tal supuesto, las partes no podrían en realidad hacer alegación alguna sobre aquélla".

STC núm. 21/1985: sobre el trámite judicial de audiencia tan sólo se señala que, encontrándose las actuaciones en plazo para dictar sentencia, se da audien-Page 284cia, por providencia de 4 de marzo, a las partes y al MF. Las partes del juicio ejecutivo no formulan alegaciones, y el Fiscal señala que:

"(...) sin perjuicio de las críticas que fundadamente pueden hacerse a la actual redacción del art. 504 del Código de Comercio, no procedía promover CI por faltar el requisito de la contradicción con preceptos constitucionales y concretamente con el art. 24.1 del Constitución «al no producirse la necesaria indefensión»".

FJ. 1:

"Si las partes del juicio ejecutivo no han alegado sobre la pertinencia de la CI (...) no por ello se ha incurrido en defecto de planteamiento legalmente previsto por el art. 35.2 de la LOTC".

Una de las alegaciones del FGE es que el órgano judicial en la providencia hace referencia a una norma y luego en el auto de planteamiento cuestiona otra. El TC señala que del contexto del auto se deduce que ello responde a un error, FJ.2:

"(...) si comparamos este contenido del Auto de 18 de marzo (auto de planteamiento) con el de la providencia del día 4 de aquel mes (providencia de audiencia a las partes ante el órgano judicial), se comprueba que los objetos de ambas resoluciones no coinciden, pues en la providencia se habla del «art. 504.2.3a». No sería fácil identificar la norma sobre cuya posible inconstitucionalidad se dirige el Juez a las partes si nos hubiéramos de fijar sólo en esa cita numérica, puesto que, como se ha visto, el apartado 2 del artículo 504 no tiene un apartado 39. Pero en la providencia hay una identificación inequívoca de cuál es la norma allí citada (...). La única norma sobre la que el Juez centró la posible inconstitucionalidad al dirigirse a las partes en el trámite del art. 35.1 fue, pues, la del art. 504.3 en su primer punto; así debió citarla (...); pero la identificación escrita, aun siendo tampoco muy precisa ni muy clara gramaticalmente, es suficiente para entender cuál fue entonces el objeto de la cuestión, que se circunscribía sólo a esa única norma.

(...) el trámite del art. 35.2 de la LOTC está ordenado a garantizar que no sólo las partes del proceso a quo, sino también el MF (quien, como ocurre en este caso interviene en él sin haberlo hecho en el juicio previo), puedan contribuir a depurar el control de inconstitucionalidad al alegar sobre «la pertinencia de plantear» la cuestión, alegaciones que fundamentalmente habrán de versar -por un lado- sobre la vinculación entre la norma citada por elPage 285 juez como cuestionable y los supuestos de hecho que se den en el caso, y, de otro lado, sobre el juicio de conformidad entre la norma y la Constitución. En el primer sentido, las alegaciones servirán para comprobar si el Juez a quo propone un control concreto, esto es, ceñido al caso; en el segundo caso, las alegaciones podrán contribuir a que el órgano judicial vea disipadas o confirmadas sus dudas respecto a la inconstitucionalidad. Pero es un supuesto lógico necesario en ambos aspectos la previa identificación de la norma cuestionable y el posterior respeto por parte del Juez de ese límite objetivo en su eventual auto de planteamiento, que en cuanto exceda del objeto fijado en el trámite abierto a las partes, incurre en transgresión del 35.2 de la LOTC al impedir la alegación de las partes y del MF sobre ese plus añadido, es decir, sobre la norma introducida extemporáneamente. En consecuencia, y por lo que concierne a la presente cuestión, hay que considerarla correctamente planteada por lo que respecta a la norma del 504, tres del Código de Comercio (...) en los términos contenidos en la providencia de (providencia de audiencia) (...), y en los con aquellos coincidentes del Auto (de planteamiento)".

Por todo ello en el Fallo el TC señala que no ha lugar a que se pronuncie sobre la constitucionalidad del art. 504.2.2.

STC núm. 67/1985, FJ. 1, apdo A): del art. 35.2 de la LOTC:

"(...) se deduce con claridad que la providencia por la que el órgano judicial decide oír a las partes y al MF refleja una estimación inicial acerca de que la norma pueda ser contraria a la Constitución. Las partes y el MF en sus escritos de alegaciones pueden poner de manifiesto que la posible contradicción se da no sólo en relación con el precepto o preceptos constitucionales mencionados en la providencia sino también en relación a otros, máxime teniendo en cuenta que la cuestión puede suscitarse no sólo de oficio sino también a instancias de parte, lo que puede dar lugar a que el órgano judicial al adoptar su decisión pueda delimitar la cuestión teniendo en cuenta las alegaciones formuladas".

ATC núm. 875/1985: se inadmite la CI porque falta el trámite judicial de audiencia previo al planteamiento de la CI, pues no se oyó ni a las partes ni al MF. El FJ. 1 señala que el órgano judicial está obligado a oír a las partes y al MF antes de elevar la CI. Estas alegaciones, "oportunamente deducidas, habrán de adjuntarse a la CI que se eleve por el órgano judicial (...)". El sentido de este requisito, o de este trámite, señala el TC:

"(...) se halla no sólo en la salvaguardia misma del principio de contradicción en todo procedimiento, sino también, e inseparablemente, en la conveniencia,Page 286 apreciada por el Legislador, de dar ocasión a las partes y al MF para exponer sus posiciones sobre la duda de constitucionalidad (...) pudiendo cooperar así estas alegaciones a que por el Juez o Tribunal se pondere debidamente la pertinencia de proceder al planteamiento de la cuestión y a que el objeto de ésta, en su caso, pueda quedar definitivamente delimitado, en el supuesto de que se acojan por el órgano juzgador nuevas consideraciones sugeridas por las partes o por el MF, posibilidad esta última a la que se hizo ya referencia en nuestra Sentencia 67/1985, de 24 de mayo (FJ. 1). Existe así, como dijimos en el Auto 18/1983, de 18 de enero (FJ. 1), un interés jurídicamente protegido por nuestra Ley Orgánica en relación con las partes de un proceso ordinario para hacerse oír en el incidente previo que se considera, interés que, cabe añadir ahora, resulta indisociable de la necesidad objetiva de garantizar el correcto empleo de este procedimiento constitucional y a cuyo servicio está también, de modo destacado, la intervención del Ministerio Público en el trámite contemplado en el art. 35.2 de la LOTC. Todo ello conduce a la conclusión de que la eventual omisión en la audiencia previa al planteamiento de la cuestión constituiría un defecto en su modo de proposición que permitiría, tras el trámite de admisión previsto en el art. 37.1 de la LOTC, la inadmisión de la cuestión así suscitada, según se acordó en otro caso, y por lo que a esta misma carencia se refiere, en el asunto resuelto por el Auto 250/1982, de 16 de julio (FJ. 3)".

En el FJ. 2 de este ATC núm. 875/1985 se señala que, según se deduce del testimonio de los autos que remite el órgano judicial, y de la resolución misma por la que la cuestión se suscita, no se oyó ni a las partes ni al MF. Subraya el TC que:

"(...) esta omisión no podría quedar paliada (...) por el hecho de que en el curso del procedimiento contencioso-administrativo las partes en él comparecidas expresasen su criterio, la actora en su demanda y conclusiones y el Letrado del Estado en su contestación a la demanda (...). La sola falta de audiencia al Ministerio Fiscal vicia ya, aún hipotéticamente oídas las partes, el planteamiento de la cuestión que aquí se ha hecho (...). El sentido propio de este trámite (...), y la advertencia misma de que las alegaciones en él deducidas habrán de versar no sólo sobre la constitucionalidad de la disposición de ley de que se trate sino, más ampliamente, sobre la pertinencia de plantear la cuestión ante este TC (art. 35.2 de la LOTC), obligan a concluir en que la audiencia requerida por nuestra ley orgánica tiene el carácter de condición necesaria para el correcto planteamiento de la CI".

STC núm. 166/1986: la CI se plantea a instancia de parte. Sobre el trámite judicial de audiencia tan sólo se señala que la...

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