STS 383/2014, 16 de Mayo de 2014

La sentencia impugnada, dictada por la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, con fecha 16 de julio de 2013 , condena a los recurrentes como autores de un delito contra la salud pública. Frente a ella se presentan los presentes recursos, fundados en un total de diecisiete motivos.

El primer motivo del recurso interpuesto por la representación del condenado Mario , por quebrantamiento de forma, al amparo del art 851 1º alega falta de claridad en el relato fáctico. Considera el recurrente que no se relatan de forma clara y precisa los hechos que se declaran probados. Estima que los hechos se desgranan en dos operaciones policiales, que no coinciden con lo relatado en el juicio oral, en el que se puso de manifiesto que la droga se compraba entre todos los acusados para su propio consumo.

El vicio de falta de claridad en los Hechos Probados requiere como requisitos: a) que en la narración fáctica se produzca incomprensión, duda, confusión u omisiones que determinen su ininteligibilidad en una cuestión de relevancia; b) que tales incomprensiones u omisiones tengan directa relación con la calificación jurídica, es decir impidan o dificulten notoriamente la subsunción; c) que esta falta de entendimiento provoque un vacío descriptivo no subsanable a través de otros pasajes o del entendimiento conjunto de los hechos probados. ( S.T.S. 483/2013, de 12 de junio , entre otras).

Este vicio casacional no faculta para complementar o alterar los hechos probados con particulares o extremos que interesen a las partes, lo que únicamente podrá tenerse a través del cauce del art. 849.2º de la Lecrim ., sino únicamente para anular ( art. 901 bis b, de la Lecrim ), aquellas sentencias que, por la oscuridad de su relato fáctico, no permitan una subsunción precisa, lo que no equivale, desde luego, a que no conduzcan a la consecuencia jurídica interesada por la parte recurrente.

En el caso actual no concurren los requisitos anteriormente señalados. La claridad no exige que se relaten los hechos en la forma interesada por el recurrente, ni que incluyan en ellos aquello que el recurrente desee, sino únicamente que la descripción sea hábil para posibilitar la subsunción. Y, en el caso actual, lo es pues en el relato fáctico constan los datos esenciales para constatar que el recurrente se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Las cuestiones sustantivas que interese plantear al recurrente, como el destino al tráfico o al consumo de la droga ocupada, deben suscitarse a través de otro motivo, pero no en éste por quebrantamiento de forma, que tiene un objetivo muy limitado y específico. El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

El segundo motivo, también por quebrantamiento de forma al amparo del art 851 Lecrim , alega manifiesta contradicción entre los hechos declarados probados. Se dice que en éstos solo se relata el resultado de las entradas y registros practicados. Seguidamente se comentan los resultados de las escuchas telefónicas, y se alega que es contradictorio condenar a todos los acusados a la misma pena cuando no consta que era lo que hacía cada uno de ellos.

Una reiterada doctrina estima necesario para que se produzca el vicio "in iudicando" de contradicción en los hechos probados que concurran los siguientes requisitos: a) que se trate de una contradicción interna, es decir entre fundamentos fácticos; b) que se trate de una contradicción en sentido propio, es decir gramatical, de modo que la afirmación de un hecho implique necesariamente la negación del otro, de modo irreconciliable y antitético, y no de una mera contradicción ideológica o conceptual; c) que sea insubsanable, es decir que no exista posibilidad de superar la contradicción armonizando los términos antagónicos a través de otros pasajes del relato y d) que sea esencial, en el sentido de que afecte a pasajes fácticos necesarios para la subsunción jurídica, de modo que la mutua exclusión de los elementos contradictorios, origine un vacío fáctico que determine la falta de idoneidad del relato para servir de soporte a la calificación jurídica debatida ( Sentencias, entre otras muchas, núm. 610/2008, de 8 de noviembre ).

En el caso actual no concurre, ni se denuncia, ninguna contradicción interna, es decir entre fundamentos fácticos, por lo que el motivo carece de fundamento.

El tercer motivo, también por quebrantamiento de forma, alega predeterminación del fallo, por estimar que se han consignado como hechos probados meros indicios.

Según reiterada doctrina jurisprudencial, para que constituya un vicio determinante de la nulidad, la predeterminación del fallo requiere los siguientes requisitos: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) que sean, por lo general, sólo asequibles a juristas y no compartidas en el lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto del fallo; d) que suprimidos tales conceptos jurídicos predeterminantes, dejen el hecho histórico sin base suficiente para la subsunción (SS.T.S. 17 de abril de 1996 y 18 de mayo de 1999, entre otras muchas).

En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo pues, si no fuese así, la absolución o condena carecería del imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica- imprescindible- sino impedir que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir que se determine la subsunción no mediante un relato histórico, sino mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados.

En el caso actual no se aprecian, y ni siquiera se denuncian, la concurrencia en el relato fáctico de expresiones técnico- jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo penal aplicado. El motivo, en consecuencia, carece de fundamento.

En realidad a través de estos motivos se cuestiona, por vía procesalmente inadecuada, la suficiencia de la prueba de cargo practicada, alegación manifiestamente carente de fundamento, pues el propio recurrente fue quien reconoció que era quien adquiría la droga al por mayor para su distribución a los otros vendedores.

El cuarto motivo, por infracción de ley, alega vulneración por inaplicación del art 21 2 º y 6º CP , al no haberse apreciado las atenuantes propuestas por la Defensa, grave adicción y dilaciones indebidas. Considera la parte recurrente que el acusado Mario padecía una grave adicción a los estupefacientes y que la causa se ha retasado más de tres años desde la detención de los acusados hasta el juicio, lo que justifica la apreciación de dichas atenuantes.

El motivo carece de fundamento. En el relato fáctico no hay base alguna para la apreciación de una atenuante de grave adicción, y en los fundamentos jurídicos de la sentencia se expone que no hay constatación de una situación real de incidencia del abuso de sustancia tóxica sobre el hecho cometido. Por lo que se refiere a las dilaciones indebidas no se pone de manifiesto ningún período extraordinario de paralización de la causa, sin que la duración de la instrucción sea excesiva en relación con la complejidad del procedimiento.

El quinto motivo, por error en la apreciación de la prueba, al amparo del art 849 2º de la Lecrim , se remite el recurrente a los tres primeros motivos por quebrantamiento de forma.

La finalidad del motivo previsto en el art. 849.2 Lecrim , consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones el error que se denuncia, que para que pueda prosperar el motivo debe afectar a extremos jurídicamente relevantes, y siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contrario.

Por ello, la jurisprudencia es tajante cuando excluye de relevancia en este cauce casacional las pruebas personales, ya que su incorporación documentada a las actuaciones no transmuta su naturaleza de prueba personal en documental dotada de literosuficiencia, sin que el Tribunal de casación pueda apreciar directamente los medios probatorios personales por carecer de inmediación.

En el caso actual, no se invoca documento alguno, en sentido casacional, que sea literosuficiente y acredite por sí mismo un error probatorio del Tribunal sentenciador. Por el contrario, se remite el recurrente de modo genérico a los tres primero motivos, por quebrantamiento de forma, que no permiten en absoluto cumplimentar los requisitos elegidos por este riguroso cauce casacional.

El primer motivo del recurso interpuesto por la recurrente Manuela , al amparo del art 5 4º LOPJ , alega vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Con carácter general niega la concurrencia de prueba de cargo suficiente para desvirtuar su derecho constitucional.

Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( art 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ).

En reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

Pero también es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En el caso actual la Sala sentenciadora contó con una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada, y racionalmente valorada.

En primer lugar consta la ocupación de droga en su domicilio, acreditada mediante las actas de intervención y las declaraciones testificales de los guardias civiles que realizaron el registro, y consta su análisis, así como la ocupación de una báscula de precisión en su dormitorio y de útiles para la confección de papelinas.

En segundo lugar consta la declaración del coimputado Adrian , quien reconoce en el juicio que le compraba la droga a Manuela , la declaración de la testigo Lourdes , que reconoce en el juicio que le compraba droga a la recurrente, dos o tres veces por semana, y la declaración de la testigo Pura , que igualmente reconoce haber comprado cocaína a la recurrente.

Y, en tercer lugar, constan las conversaciones telefónicas analizadas en el fundamento jurídico quinto de la sentencia, que permiten deducir con claridad su dedicación al tráfico, apreciándose multitud de llamadas en las que la conversación se refiere claramente al suministro por parte de la recurrente de cocaína a terceras personas.

Estas pruebas han sido constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas. Es cierto que el modelo de valoración probatoria es poco correcto, pues la Sala sentenciadora incide en el error de relacionar minuciosamente los resultados de las diversas fuentes de prueba (testificales, documentales, periciales, intervenciones telefónicas, etc.), en lugar de valorar individualizadamente la prueba de cargo obrante para cada acusado, y que permite en cada caso desvirtuar su presunción constitucional de inocencia. Pero, pese a ello, la detallada enumeración de los resultados probatorios permite apreciar la concurrencia de una prueba de cargo sobreabundante, de carácter directo, que permite inferir sin duda de clase alguna su dedicación al tráfico.

El segundo motivo de recurso, por infracción de ley, denuncia la vulneración del art 368 CP . Considera la recurrente que no concurre el delito porque la droga que tenía en su poder estaba destinada al simple consumo y no al tráfico.

El motivo carece de fundamento. Es cierto que la cantidad de droga ocupada en el domicilio de la recurrente no fue excesiva, y podía estar destinada al consumo propio, pero existen otras pruebas que permiten inferir racionalmente el destino al tráfico. En su propia habitación se ocupó una balanza de precisión digital, multitud de recortes de plástico, rollo de alambre, tijeras, dos navajitas, etc., y también en el salón instrumentos relacionados con el tráfico, como una libreta con anotaciones de ventas. Es cierto también que la recurrente dice que estos objetos pertenecen a un antiguo novio, que fue quien la denunció, pero al mismo tiempo también afirma que desde que rompió con él no ha vuelto al domicilio, y "que le puso sus cosas en la puerta", teniendo incluso una orden de alejamiento, por lo que no tiene sentido que lo único que hubiese conservado y guardase en su propio dormitorio fuesen los útiles de traficante de su exnovio.

Por otra parte existen declaraciones de compradores, conversaciones telefónicas etc., que ponen de relieve que la recurrente disponía de la droga para la venta.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

El primer motivo del recurso de Torcuato alega vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Argumentael recurrente que se limitaba a vivir con María Angeles pero no tenía nada que ver en su actividad de tráfico, siendo las drogas de la exclusiva pertenencia de su compañera de piso.

El motivo debe ser desestimado. En las conversaciones telefónicas se aprecia que el recurrente colaboraba con María Angeles en la venta, tomando recados para ella y recibiendo las peticiones de compra (fundamento jurídico quinto). La propia Manuela le dice que no hable tanto por teléfono, ni de "pinturas ni de camisetas ni de nada, tu dile tal sitio, cariño, que me encierran ya directa". Es decir que le pide que les indique a los compradores el lugar donde deben hacer la negociación, sin especificar las ventas por teléfono, lo que pone de manifiesto que el recurrente actuaba como colaborador directo de María Angeles en su actividad de traficante. Lourdes reconoce en el juicio que le compraba droga a Torcuato , entre otros, y en las conversaciones telefónicas hay algunas de " Lourdes ", en la que le pide que llame a María Angeles para que le proporcione la droga. En definitiva, con independencia de la droga ocupada en su domicilio, consta suficientemente su colaboración en el tráfico realizado de modo más intenso por su compañera de piso María Angeles .

El segundo motivo, por infracción de ley, alega inaplicación del art CP, complicidad y del art 21 , dilaciones indebidas.

En relación con la atenuante de dilaciones indebidas ya hemos expuesto que no constan paralizaciones extraordinarias del procedimiento.

Y en relación con la complicidad ha de estimarse que la colaboración del recurrente con María Angeles es permanente y continua, y va más allá de los supuestos muy limitados que esta Sala admite como cómplices en los delitos de tráfico de droga.

Como recuerdan las STS de 31 de octubre de 2012, núm. 869/2012 y STS de 8 de marzo de 2008, núm. 141/2008 , la doctrina de esta Sala reduce de modo muy significativo la aplicación de la figura de la complicidad en los delitos contra la salud pública de los arts. 368 y ss. del Código Penal como consecuencia necesaria de los amplios términos en que aparece redactado el tipo sancionado en el citado art. 368. En consecuencia, conductas que, para otra clase de delitos, podrían calificarse como constitutivas de cooperación no necesaria -complicidad del art. 29 del Código Penal - en los relativos al tráfico de drogas deben sancionarse como autoría por tratarse de comportamientos que encajan en los amplios términos en los que aparece tipificado el delito antes referido.

El art. 368 prevé como delito los actos que de cualquier modo " promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas ", lo que determina que conforme a la literalidad de este texto es preciso sancionar a todos los que favorecen o facilitan de cualquier modo este consumo ilegal, como autores en sentido estricto y no como simples cómplices. Por ello esta Sala ha reducido el ámbito de la complicidad en sentido estricto, en los actos relativos al tráfico de drogas, a casos de auxilio mínimo, que se vienen incluyendo en la gráfica expresión de "favorecimiento del favorecedor". Es decir, se opta por permitir la aplicación del art 29 con la consiguiente rebaja de la pena en un grado prevista en el art. 63 solo cuando se trata de supuestos de colaboración de muy escasa relevancia, a través de comportamientos realizados, de modo ocasional, por personas que no tiene una relación directa y personal con el tráfico.

Entre los supuestos en que se ha aceptado, de modo excepcional y restrictivo, la aplicación de la complicidad, pueden citarse, por ejemplo, los casos de mera tenencia de la droga que se guarda para otro, que es el verdadero autor, de modo ocasional y con duración instantánea o casi instantánea, el hecho de indicar el lugar donde se vende la droga, sin participación en el negocio, o el mero acompañamiento a ese lugar ( Sentencias de esta Sala de 3 de marzo de 1987 , 30 de mayo de 1991 , 14 de abril de 1992 , 21 de marzo de 1995 , 9 de julio de 1997 , 27 de abril de 1999 , 1991/2002 , 11/2005 y 198/2006 , entre otras muchas).

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

El tercer motivo alega error en la valoración de la prueba, al amparo del art 849 2º de la Lecrim . Su desestimación se impone dado que no se señalan los documentos de los que supuestamente debería apoyarse el motivo, y se limita a valorar la prueba testifical.

El primer motivo del recurso interpuesto por la representación de Leocadia , alega vulneración del art 24 CE en relación con la violación del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. Se apoya la recurrente en que se han usado como prueba conversaciones suyas cuando su teléfono no fue intervenido.

Como se señala en la STS 433/2012, de 1 de junio , en un caso similar, " el motivo carece de fundamento. En efecto, la intervención se produce respecto de las comunicaciones de aquellas personas frente a las que en un primer momento existen indicios de implicación en un hecho delictivo, pero dado que las conversaciones son bilaterales, la autorización judicial abarca la posibilidad de utilizar como prueba de cargo tanto las manifestaciones que realicen a través de dichos teléfonos las personas investigadas, cuyas comunicaciones están intervenidas, como las manifestaciones de quienes se comuniquen con ellos, sin que la prueba así obtenida sea ilícita aunque las comunicaciones de éstos terceros no hayan sido intervenidas, siempre que se refiera al mismo hecho delictivo objeto de investigación, como sucede en este caso...".

" Cuando se autoriza la intervención de las comunicaciones que se realicen desde un teléfono determinado se legitima la grabación de las manifestaciones de los investigados con sus interlocutores , que en principio son desconocidos, pues en otro caso carecería de sentido alguno la medida, dado que los teléfonos se utilizan siempre para hablar con otras personas".

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

El segundo motivo, por error en la valoración de la prueba se refiere en realidad a la presunción de inocencia, por lo que debe ser examinado con el quinto, que plantea de forma directa esta vulneración constitucional.

Desde la perspectiva de la presunción de inocencia, el motivo debe ser desestimado.

La Sala sentenciadora contó con una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada, y racionalmente valorada.

En primer lugar consta la ocupación en el domicilio de la recurrente, de útiles para la confección de papelinas y de una libreta con anotaciones de ventas, ocupación acreditada mediante las actas de intervención y las declaraciones testificales de los guardias civiles que realizaron el registro,

En segundo lugar consta la declaración del coimputado Mario , quien reconoce en el juicio que le compraba la droga a los demás y que Leocadia y Samuel también vendían, y la declaración del testigo Inocencio , que reconoce que le compraba droga a la recurrente, a Samuel y a Mario .

Y, en tercer lugar, constan las conversaciones telefónicas analizadas en el fundamento jurídico quinto de la sentencia, que permiten deducir con claridad su colaboración con María Angeles en la dedicación al tráfico, al referirse María Angeles en varias ocasiones a "Maca" como persona a la que debe acudir el comprador para obtener la droga o al dirigirse la propia Leocadia a María Angeles pidiendo instrucciones (¿Me llevo algo para éstos?) o a Mario pidiendo suministro (Prepara algo para mañana), o remitiendo Mario a los compradores a Leocadia ( Mira si Leocadia tiene algo ¿o es que querías mas?), lo que permite deducir que Leocadia colabora como distribuidora en el tráfico de cantidades pequeñas.

Estas pruebas han sido constitucionalmente obtenidas, legalmente practicadas y razonadamente valoradas, por lo que el motivo carece de fundamento.

El tercer motivo, por incongruencia omisiva, alega que el Tribunal no resolvió la alegación de la recurrente relativa al hecho de que se han usado como prueba conversaciones suyas cuando su teléfono no fue intervenido.

El motivo carece de contenido pues si bien es cierto que el Tribunal sentenciador no razona específicamente sobre esta alegación, pues interpretó la pretensión de la parte como una impugnación de las intervenciones por falta de motivación, que si resuelve, lo cierto es que la misma pretensión ya ha sido planteada en otro motivo casacional ante esta misma Sala y desestimada por falta absoluta de fundamento, por lo que carece de sentido dar lugar a indebidas dilaciones devolviendo la causa a Tribunal sentenciador para que resuelva una alegación que ya ha sido desestimada en casación.

El cuarto motivo, por quebrantamiento de forma, alega falta de claridad en el relato fáctico.

El motivo debe ser desestimado por las razones ya alegadas en el motivo correlativo de otro de los condenados.

El primer motivo del recurso de Samuel , alega vulneración del derecho a la presunción constitucional de inocencia.

El motivo debe ser desestimado, porque la Sala sentenciadora contó con una prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada, y racionalmente valorada.

En primer lugar consta la ocupación en el domicilio del recurrente, que comparte con Leocadia , de útiles para la confección de papelinas y de una libreta con anotaciones de ventas, ocupación acreditada mediante las actas de intervención y las declaraciones testificales de los guardias civiles que realizaron el registro,

En segundo lugar consta la declaración del coimputado Mario , quien reconoce en el juicio que le compraba la droga a los demás acusados para su corte y reventa y que Samuel y Leocadia también vendían.

Y, en tercer lugar, consta la declaración del testigo Inocencio , que reconoce que le compraba la droga a Samuel y a Mario , entre otros.

Estas pruebas han sido constitucionalmente obtenidas, legalmente practicadas y razonadamente valoradas, por lo que el motivo carece de fundamento.

El último motivo del recurso, alega infracción de ley en la aplicación del art. 368 CP , pero no respeta el relato fáctico, por lo que se impone su desestimación.

Procede, en consecuencia, la integra desestimación de la totalidad de los recursos interpuestos, con imposición de las costas a los recurrentes.