STS 1129/2002, 18 de Junio de 2002

El inicial motivo de casación de este recurrente se ampara en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los artículos 9, 14 y 24 de la Constitución por haberse vulnerado los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Se argumenta en primer lugar que dos de los acusados también por el delito de conspiración, Silvio y Jose Augusto , fueron absueltos en la instancia porque, según el Tribunal, no existían pruebas suficientes contra ellos, siendo así que (según su tesis) esas pruebas eran las mismas que condujeron a la condena del ahora recurrente. Es decir, parece argüirse que si a él se le condenó, debieron correr la misma suerte los dos referidos coimputados.

Puede ser que ello sea cierto y no carezca de lógica, pero la realidad es que en unos y otros casos la Sala de instancia valoró las pruebas como entendió oportuno, y esas pruebas ahora, en este trámite de revisión casacional, no es posible modificarla a través del coimputado que si fué condenado, pués amén de que éste carece de legitimación activa para mantener esa pretensión de desigualdad en contra de los otros, es lo cierto que aquí, de así aceptarlo, conculcaríamos el principio de no "reformatio in peius". Cosa distinta es que pudiera entenderse que en todos los supuestos sería de aplicar la presunción de inocencia, pero este es tema del siguiente motivo.

Este principio de igualdad también se refiere al otro condenado como conspirador, Julián pero esta vez por entender que este acusado debió serlo como autor directo de los hechos. Así esta alegación es aún más cierta que las anteriores, pués según relatan los propios hechos probados, dicho individuo tuvo la posesión directa e inmediata de parte de la droga al ser hallada debajo del asiento de automóvil que conducía después de habérsele entregado uno de los autores del hecho. Pero aquí nos encontramos, según lo dicho anteriormente con la imposibilidad de reformar la sentencia, además de que también existiría el impedimento del principio acusatorio, principio al que sin duda el Tribunal sentenciador no tuvo más remedio que plegarse, ya que el Ministerio Fiscal acusó a dicho imputado no como autor, sino como simple conspirador de un delito contra la salud pública.

Finalmente, dentro de este motivo se hace alusión, aunque sea tangencialmente, a la falta de motivación de la sentencia que exige el artículo 120.3 de la Constitución. En este punto bástenos decir que, de una lectura de la misma, la entendemos suficientemente motivada, aunque sin dejar de comprender que, dado lo complejo del asunto sometido a enjuiciamiento, pudo hacerse con un mayor detenimiento y rigor.

Se desestima el motivo.

También al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se alega haberse conculcado el artículo 24 de la Constitución en cuanto proclama el principio de presunción de inocencia.

Como hasta la saciedad ha venido diciendo la jurisprudencia de esta Sala y la del Tribunal Constitucional, para que pueda aceptarse este principio presuntivo es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero vacío probatorio, bién por falta de pruebas, bién por haber sido obtenidas éstas de manera ilícita, bién cuando la interpretación de esas pruebas se hubiera hecho por quien corresponde de manera irracional o ilógica, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas de cargo y directas o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria.

En el caso concreto que nos ocupa se aprecian como pruebas inculpatorias las siguientes: a) Las propias manifestaciones del inculpado que, por ejemplo, en su declaración indagatoria (folio 448) reconoce que Enrique , principal imputado le llamó para ver si le interesaba la cocaína, pero que en principio no le interesó aunque si podría interesarle a un tal Silvio con quien se desplazó desde Galicia hasta el pueblo de la Roda para ponerle en contacto con dicho Enrique . b) Las propias declaraciones de éste que corroboran lo anterior y de las que se infieren que si al principio no tuvo interés en la compra, después si. c) El dato objetivo del traslado en automóvil de un lugar a otro recorriendo tan larga distancia, así como la reunión que tuvieron todos ellos en el restaurante del hotel "la Flor de la Mancha" de la Roda. d) Muy importante es que cuando fueron detenidos por la policía lo fué con ocasión de salir del hotel para comprobar la existencia de un parte de la droga que se encontraba escondida en el automóvil propiedad de Julián que poco antes se había trasladado hasta allí desde el lugar en donde se encontraba depositada, detención que se produjo a pie del referido automóvil cuando ya se había abierto una de sus puertas para que los asistentes, entre los que se encontraba el ahora recurrente, pudieran comprobar la existencia del producto. e) El hallazgo en su poder de un cheque de 4.800.000 pts, que aunque no representa una cantidad importante a efectos de adquirir toda la droga, si supone un indicio de que esa cantidad podría servir, o bién para comprar una parte de ella, o bien para entregar una señal a cuenta, máxime cuando el inculpado no supo dar razón medianamente creíble del porqué de llevar encima una cantidad de ese tipo con la finalidad exclusiva de tener disponibilidades suficiente para realizar un simple viaje.

Frente a ello carecen de todo valor la coartada de que si se desplazó hasta un lugar tan alejado lo fué con la simple intención de contratar un coto de caza, deporte al que es aficionado, ya que tal aseveración no fué probada de modo alguno, amén de que carece de un mínimo de verosimilitud. Más absurdo es todavía la alegación que se hace al inicio del motivo de que su condena se debió a tener antecedentes penales, (sin comentarios).

La prueba inculpatoria fué valorada por el Tribunal de instancia con arreglo a la lógica y a las reglas de la experiencia, dentro de la competencia que le otorga el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene su fundamento en un principio tan importante como es el de inmediación.

Se rechaza el motivo.

El correlativo, a través del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, considera infringido los artículos 18.3 de la Constitución y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se refiere de modo esquemático y muy breve a la posible nulidad de las escuchas telefónicas acordadas por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ribeira (La Coruña) en unas diligencias previas que según tesis recurrente tienen relación de causa a efecto con el presente proceso.

Esta pretensión es por completo rechazable ya que: a) Fueron acordadas por autoridad judicial competente como se viene a reconocer, de tal modo que aunque en su realización posterior existieran defectos procesales (cosa que aquí, además, ignoramos) no puede hablarse que con su práctica se invadiera la intimidad de las personas ni, por ende, un precepto constitucional, pudiéndose llegar a la conclusión que, como máximo, se habrían infringido normas de legalidad ordinaria que nos llevaría, no a la ilegalidad del resto de las pruebas practicadas, sino simplemente a dejar fuera del acerbo probatorio a tales escuchas telefónicas. Esto es precisamente lo que ha hecho la Sala de instancia de modo explícito. b) En cualquier caso, tales diligencias no hubieran afectado de modo directo al acusado, no apareciendo de modo alguno en los autos (que hemos examinado según la competencia que nos otorga el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) esa relación de causa a efecto que se denuncia en el escrito de formalización.

Se desestima el motivo.

Con la misma sede del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se entiende infringido el artículo 24 de la Constitución por haberse infringido el principio de tutela judicial efectiva, causándose una indefensión material y formal.

Se vuelve a insistir en la nulidad de las escuchas telefónicas, añadiéndose que no se notificó a las partes el auto de transformación de diligencias previas en diligencias sumariales, que tampoco se notificó el auto del juzgado de la Roda que otorgó a la Policía Judicial de Albacete, los vehículos intervenidos; que no se notificó a las defensas de los imputados el auto de inhibición dictada por el Juzgado de Instrucción número uno de Totana (Murcia); y que el Juzgado de la Roda no dictó auto aceptando tal inhibición.

No llegamos a comprender la posible relación que puedan tener esos pretendidos defectos con la tutela judicial efectiva, ni mucho menos que clase de indefensión se pudo producir con ellos. En realidad estas alegaciones carecen del mínimo fundamento exigible, lo que debió determinar la inadmisión "a límine" del motivo, con arreglo a lo establecido en el artículo 885.1º de la Ley Rituaria.

Se rechaza el motivo.

Los motivos quinto y sexto contienen prácticamente la misma pretensión y razón de pedir por lo cual han de tener un tratamiento conjunto. En efecto, ambos, con base procesal en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, consideran indebidamente aplicados los artículos 17.1 y 373 del Código Penal respecto al delito de conspiración por el que fue condenado el recurrente.

Respecto a este tipo delictivo, siguiendo una línea jurisprudencial poco discutida, hemos de indicar primeramente y con carácter general lo siguiente: 1º. Se trata de un delito de características híbridas, pues si bien se le ha considerado en muchas ocasiones como un delito de "dinámica propia", no es fácil olvidar que, al mismo tiempo y de una forma indefectible es subsidiario o "dependiente" de otro que podemos llamar "principal", o lo que es lo mismo, podríamos decir que se trata de un delito simplemente "mediato" y no "inmediato", de características parecidas, según una parte de la doctrina, a lo que se ha dado en llamar una tentativa de peligro. 2º. Por tanto, la independencia tipológica de estos delitos es más aparente que real porque, de un lado, el artículo 17.1 nos indica que la conspiración siempre habrá de ir dirigida a la "ejecución de un delito" y, de otras, porque el módulo cuantitativo de la pena que pueda corresponder se hace depender de la que haya de aplicarse al delito pretendido (delito "matriz"), en este caso concreto, al tratarse de tráfico de drogas, con la pena inferior en uno o dos grados a los previstos para aquél (artículo 373). 3º. Es necesario que este delito de pura intención no se haya iniciado en su ejecución, pues (obvio es decirlo) de así ocurrir entraríamos en el campo de la tentativa, figura jurídica distinta a la de la conspiración, de ahí que en múltiples ocasiones sea muy difícil de diferenciar este tipo delictivo de las formas imperfectas de ejecución. 4º. Se requiere el concierto de dos o más personas para la ejecución delictiva de que se trate y que todas ellas tengan el ánimo de llevar a cabo esta coautoría anticipada que ha de inferirse de "condicionamientos eminentemente sicológicos para su vivencia" cual son, no sólo el carácter previo o "pactum scaeleris" entre esas formas sino también la decisión de su efectividad o "resolutio finis".

En el supuesto enjuiciado, se aprecian todas las características que definen este delito pues hubo como mínimo otra persona que se concertó con el ahora recurrente para llevar a cabo la comisión delictiva que se tipifica en los artículos 368 a 372 del Código Penal relativos al tráfico de estupefacientes, como se infiere de la prueba practicada y a que antes nos hemos referido demostrativa de que el acusado y condenado por conspiración habrá estado en contacto con antelación con el coacusado Enrique para adquirir de éste una cantidad de droga no concertada pero de cierta importancia, realizando incluso un largo viaje para comprobar la existencia de la droga, su cantidad y precio, compra que no se llevó a cabo debido a la intervención policial, con lo que esa intención de compra (en definitiva, de tráfico) no llegó ni siquiera a iniciarse, con lo que no cabe hablar de tentativa, sino de conspiración.

En relación con todo ello, se alega por el recurrente que no pudo desistir del delito en cuanto que no hubo acuerdo entre dos o más personas, ya que el otro sujeto que intervino en tal acuerdo previo después resultó condenado como autor del delito consumado. Ello es cierto, pero ello no supone que inicialmente hubiera ese acuerdo intencional de cometer el delito, no debiéndose entender que si uno de ellos hubiera decidido seguir adelante en la ejecución (como así sucedió) a través de otros individuos diferentes, al otro conspirador (el recurrente) se le pueda exonerar de responsabilidad, como se pretende.

Se desestiman los motivos quinto y sexto.

El séptimo de los alegados se fundamenta en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error de hecho en la apreciación de la prueba.

El motivo carece del mínimo contenido impugnativo para sostener la existencia de ese pretendido error, ya que no se cita ni un solo documento que pudiera servirle de base, como es obligatorio cuando se emplea esta vía casacional, limitándose a alegar de modo subrayado que en la sentencia "no hay hechos probados". Es claro por ello que debió inadmitirse "a límine" en fase procesal de instrucción, tanto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 884.6 de la Ley Procesal, como en base al artículo 885.1º de dicho Texto.

Se rechaza el motivo.

El octavo, por quebrantamiento de forma, se ampara en el artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por no referirse con claridad los hechos que se consideran probados.

El recurrente en realidad no repara de modo alguno en qué pueda consistir esa falta de claridad, pues más que referirse al "factum" de la sentencia lo hace respecto a su fundamentación jurídica, tratando de deducir de ello su inocencia por falta de pruebas y tratando también de completar la narración fáctica incorporando nuevos hechos, aunque sin concretarlos.

Es claro, por tanto, que esa especie de defectos que brevemente se denuncian, no pueden constituir en ningún caso el quebrantamiento de forma que se alega.

Se desestima el motivo.

El último de los alegados se hace también por quebrantamiento de forma del artículo 851.3º de la Ley Procesal por no haberse resuelto en la sentencia sorbe todos los puntos objeto del debate.

En el escrito de formalización se hace referencia genérica, en primer lugar, a la falta de congruencia de la sentencia para después concretar la pretendida incongruencia omisiva en el tema referido a las escuchas telefónicas.

Esta alegación es verdaderamente sorprendente, pues basta una simple lectura de la sentencia recurrida para comprobar que el Fundamento de Derecho Segundo, todo él, está dedicado a motivar este punto del debate, con una extensión aproximada de dos folios. Ante ello sobra cualquier otro comentario o razonamiento para rechazar el motivo a no ser el de que debió inadmitirse "a límine" por total falta de fundamento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 885.1º de la Ley Rituaria.

Se desestima este motivo "pro forma".

RECURSO DE Evaristo

El inicial motivo de casación de este recurrente (prácticamente único) se ampara en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del principio de presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

De un estudio detenido de lo actuado en autos (según nos permite el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) se puede perfectamente inferir la autoría del recurrente en la comisión del delito de tráfico de drogas de que se trata por aparecer lo siguiente: a) El otro coacusado, Enrique , se puso en contacto con el ahora recurrente para realizar el traslado desde Algeciras de un cargamento de tablas de madera dentro de los cuales se camuflaba la droga, de ahí que fuera éste el que contratase el transporte desde esa localidad a la de Casasimaro en la provincia de Cuenca. Esto queda probado por el propio interesado, Enrique y el transportista Luis Alberto (folios 315, 303 y 326), reconociéndose por todos que el porte se hizo a nombre de Evaristo quien debía abonarle, aunque parece ser que después de varias reclamaciones no pagó el precio. b) El recurrente fue el que inicialmente proporcionó o trató de proporcionar un local adecuado para depositar las tablas en donde se hallaba escondida la droga, según reconoce el mismo y el dueño del local, Juan Carlos , en sus manifestaciones hechas en el juicio oral y en el sumario (folio 304). c) El mismo recurrente y el otro coautor vienen a reconocer en algunas de sus manifestaciones que proporcionó el local (y su llave) que estaba en los aledaños del Bar "DIRECCION001 ", lugar en que fue depositada la droga, la mayor parte de la cual fue hallada en registro efectuado por la policía. Esta intervención de Evaristo es coherente con el hecho de las relaciones íntimas que mantenía con la persona que regentaba dicho establecimiento, María , con la que tenía una hija, datos éstos afirmados por todos y no negados por nadie. d) Aunque no se trata de ninguna prueba directa, ni sirviera por sí sola para justificar la inculpación, existe el dato significativo y en tanto relevante de que el acusado, nada más conocer la intervención de la policía y la detención de los demás implicados, huyó de su domicilio a lugar desconocido, teniéndose que decretar por el Juzgado su busca y captura.

En contra de ello carece de transcendencia, según se insiste una y otra vez en el escrito de formalización, el hecho de que no se haya probado que tuviera relación alguna con los colombianos que llevaron la droga hasta Algeciras y estuvieron en continuo contacto con Enrique , ya que su intervención en los hechos por los que fue juzgado no lo fue por tal relación directa con esas personas, sino con el otro coacusado. Tampoco tiene virtualidad alguna para servir de apoyo a la presunción de inocencia propugnada, el dato de que no interviniera directamente en la distribución de la droga, pues aunque ello fuera cierto no evita que fuera también poseedor de la misma con ánimo indudable de obtener un beneficio con su venta, máxime cuando se trata de delitos de consumación anticipada.

En conclusión, el conjunto de la prueba practicada entendemos que, aunque de modo más bien parco, fue valorada por la Sala de instancia dentro de los principios de la lógica y de las normas de la experiencia, con arreglo a la competencia que le otorga el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene su razón de ser en un principio tan importante como es el de inmediación.

Se desestima el motivo.

Los motivos segundo y tercero, al amparo respectivamente del artículo 849.1º y 2º de la Ley Procesal, carecen de desarrollo por remitirse simplemente al resultado que merezca el motivo primero. Al haberse rechazado éste, deben correr la misma suerte desestimatoria estos dos.

III.