Las tendencias unificadoras del derecho contractual europeo

AutorM.ª Paz Sánchez González
CargoProfesora titular de Derecho civil Universidad de Cádiz
Páginas709-735
  1. A MODO DE PRESENTACIÓN

    La consecución de una cierta homogenización europea de las reglas aplicables al Derecho patrimonial constituye una necesidad sentida, desde hace ya tiempo, en bastantes ámbitos jurídicos. La integración económica y política de los países europeos se vería favorecida por una integración jurídica, que podría tener adecuado inicio en la unificación de los principios rectores de las relaciones contractuales: la verdadera unificación del mercado en Europa sólo se conseguiría en la medida en que las reglas a las que tuviesen que someterse los operadores jurídicos fuesen las mismas. Con ello se ganaría en seguridad jurídica y se reducirían los costes de las transacciones.

    En una entrevista realizada a DÍEZ-PICAZO y publicada recientemente 1, el Profesor recomendaba a los jóvenes investigadores «que no cometan el constante error de redescubrir el Mediterráneo». Me parece que el consejo vale no sólo para los «jóvenes investigadores», sino para cualquiera que dedique tiempo al estudio y a la exposición de las conclusiones obtenidas a través del mismo. Por ello, desde estas líneas preliminares, conviene poner de manifiesto que, siendo el objetivo central del presente trabajo el análisis de las más trascendentes iniciativas —públicas y privadas— en orden a la consecución de esa unificación contractual por la vía de una codificación europea, no vamos a detenernos más de lo estrictamente necesario en la exposición de aquellas cuestiones que, por ser sobradamente conocidas, forman parte de la cultura jurídica actual.

    De otra parte, aún cuando en el momento de redactar las presentes líneas sólo puede hablarse de «tendencias unificadoras», en el sentido de que los trabajos conducentes a un posible código europeo de los contratos se encuentran en fase de elaboración, la magnitud de los cambios que pudieran derivarse de su implantación justifican plenamente la conveniencia de estar al tanto de esos trabajos previos. La importancia de esta apreciación se subraya por la invitación cursada por los órganos de la Comunidad Europea para la participación en el debate público acerca del Derecho contractual europeo 2, lo que, obviamente, requiere el previo conocimiento de las actuaciones que se han venido realizando sobre el particular.

  2. EL ORIGEN DEL PROBLEMA

    El origen remoto de los vientos de uniformidad que hoy barren Europa se encuentra en la ruptura de la unidad legislativa que se produce con las codificaciones liberales. En efecto, con anterioridad al fenómeno codificador, hasta el siglo XVIII, los países europeos compartieron una misma tradición jurídica, basada en los Derechos romano y canónico 3. No obstante, el advenimiento de los nacionalismos, con sus pretensiones soberanistas, dieron al traste con la unidad anterior. Durante los siglos XVIII y XIX, cada uno de los Estados europeos se dota de un propio código, como modo de autoafirmarse frente a las naciones vecinas 4, dando lugar a una «nacionalización del Derecho civil» 5.

    Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XX para resurja una cierta conciencia europea, propiciada por la creación de las Comunidades Europeas 6. Pero la integración europea es, originariamente, una integración económica 7, de modo que, en una primera etapa, la posible unificación jurídica es meramente instrumental, estando claramente al servicio de aquélla.

    En este sentido, la consecución del mercado único exige la aproximación de las diversas legislaciones nacionales, a cuyo fin, los órganos comunitarios europeos dictan disposiciones de muy diverso calado y significación. A pesar de que en todas las decisiones comunitarias existe un intento de armonización de las distintas legislaciones internas de los Estados miembros sobre la materia objeto de regulación, el cuerpo normativo resultante dista mucho de constituir un instrumento sistemático y coherente 8. Los vaticinios formulados en el pasado acerca del alcance uniformador del Derecho comunitario sobre los Derechos nacionales han resultado errados o, cuando menos, no completamente acertados 9. Y es que el «método comunitario» para la unificación ha adolecido de graves deficiencias.

    Aquí puede considerarse como emblemática la trayectoria seguida en sede de Derecho del consumo, que constituye hoy en día una materia esencial dentro de las integrantes del Derecho privado. Así, pese a que la protección de los consumidores no formó parte de los objetivos legislativos plasmados en el Tratado de Roma, no hubo de pasar demasiado tiempo para que la Comunidad, recurriendo a otros títulos competenciales —básicamente, ordenación del mercado interior—, dictase disposiciones encaminadas a la armonización de las distintas legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre determinados aspectos relacionados con el consumo. La relación completa de tales normas resultaría excesivamente prolija y, de otra parte, aportaría poco al presente estudio 10. Lo que sí resulta trascendente a los efectos que nos ocupan es el hecho concreto de que, de entre los distintos tipos de norma que podían ser empleados por los órganos legislativos de la Comunidad en orden a la consecución de esa política armónica en materia de consumo, el instrumento legal empleado con mayor reiteración — por no decir casi exclusivamente— ha sido la Directiva. La elevación de la Directiva a la categoría de pieza clave dentro de la materia a la que nos venimos refiriendo se justifica por las peculiaridades de este tipo de norma comunitaria: su carácter vinculante para los Estados miembros le permite desplegar una eficacia superior que la que se obtendría en el caso de que el «mandato» comunitario revistiera la forma de Recomendación; pero, por otra parte, la Directiva entraña un menor grado de intrusión en los ordenamientos internos de los Estados miembros que los Reglamentos, ya que, a diferencia de estos últimos, lo que impone la Directiva es una obligación de resultado, dejando que sean los distintos legisladores nacionales los que establezcan los mecanismos de transposición que mejor se adecuen a las peculiaridades del propio Derecho.

    Precisamente, esta característica de la Directiva reseñada en último lugar ha sido la responsable, en buena parte, de la situación de «desarmonía» actual, ya que, como dice PARRA LUCÁN, «la necesidad de implementación supone el riesgo, comprobado en la práctica, de retrasos e inexactitudes en la actuación de los Estados. También da lugar a divergencias entre las legislaciones nacionales promulgadas por los distintos Estados miembros, a veces permitidas por el propio texto comunitario, que reconoce la posibilidad de ejercitar distintas opciones en aspectos concretos en los que los Estados no estaban dispuestos a aceptar la misma solución jurídica» 11. Así pues, en muchas ocasiones se ha inmolado la armonización en aras del consenso.

    Otro factor que ha contribuido a la dispersión normativa de la legislación europea que existe hoy en materia de consumo radica en que muchas de esta Directivas presentan carácter de mínimos, en el sentido de que lo que establecen es el nivel de protección mínimo que deben plasmar los legisladores nacionales en la transposición de la norma comunitaria, pero permitiendo la consagración de mayores niveles de protección 12. Con ello, queda expedita la vía a la diversidad de regulaciones.

    En la misma dirección apunta el carácter sectorial de muchas de esas Directivas, que se limitan a regular concretas relaciones de consumo, por lo que la armonización, en el caso de que se lograra a través de estas normas comunitarias, resultaría siempre muy incompleta y fragmentaria 13.

    Lo cierto es que, por todas estas razones, el producto normativo resultante carece del grado de coherencia que sería deseable, estando muy alejado de las iniciales pretensiones de aproximación de las distintas legislaciones nacionales. Resulta, pues, necesario, reconducir los esfuerzos doctrinales y legislativos hacia esa ansiada armonización, pero superando las insuficiencias actuales de la legislación contractual comunitaria.

  3. ALGUNAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: LA POSICIÓN INSTITUCIONAL COMUNITARIA

    Los propios órganos de la Comunidad Europea han tomado conciencia de la necesitar de dar un nuevo giro a las orientaciones seguidas por su política legislativa en sede de Derecho contractual y así, frente a la ineficacia hasta ahora demostrada por el método comunitario en orden a la real aproximación de los Derechos nacionales en materia de Derecho privado, se han propuesto diversas alternativas, que van desde excluir cualquier tipo de ingerencia normativa y dejar que sea el propio mercado el que termine consiguiendo una aproximación entre las legislaciones de los distintos Estados miembros; hasta la promulgación de una nueva legislación comunitaria que cubra exhaustivamente todos los ámbitos.

    3.1. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, SOBRE DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO, DE 11 DE JULIO DE 2001 14

    En este documento se plantearon hasta cuatro vías hipotéticas a través de las cuales los órganos comunitarios podrían encauzar su intervención en el ámbito contractual:

    1. La no actuación de la Comunidad Europea.

    2. El fomento de la definición de principios comunes de Derecho contractual para reforzar la convergencia de las leyes nacionales.

    3. La mejora de la calidad de la legislación ya en vigor.

    4. La adopción de una nueva legislación exhaustiva a nivel comunitario.

    Antes de entrar en el análisis de cada una de estas opciones, conviene tener en cuenta que la Comunicación del año 2001 no ha sido el primer documento comunitario en el que los órganos europeos han mostrado su preocupación por los derroteros por los que habría de desenvolverse el futuro de nuestro Derecho contractual. Muy al contrario, este texto del 2001 no es más que un eslabón —acaso, de los más importantes— de toda una cadena de pronunciamientos que arranca con sendas Resoluciones de 1989 y de 1994. En el primero de los textos citados 15, el Parlamento...

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