Las tasas judiciales
| Autor | Miguel Ángel Falguera Baró |
| Páginas | 177-183 |
177
CAPÍTULO 5
LAS TASAS JUDICIALES
1. UN POCO DE HISTORIA…
Las tasas judiciales –junto con su antecedente, el arancel judicial– tie-
nen una larga tradición en nuestro ordenamiento procesal, aunque en
general han sido ajenas al orden social por el carácter gratuito de éste.
Si se echa la vista atrás podrá comprobarse como las tasas y aranceles
regulados en el Decreto 1035/1959, de 18 de junio –con el antecedente
de la Ley de 26 de diciembre de 1958– fueron abrogados por la Ley
53/2002 “resucitó” la figura aquí analizada en el momento de instar
demanda o de formular recurso, aunque con efectos limitados a los
órdenes civil y contencioso-administrativo y exclusión las personas fí-
sicas y las entidades de reducidas dimensiones de conformidad con la
normativa reguladora del impuesto sobre sociedades. De esta forma,
se venía a “castigar” esencialmente a las grandes sociedades, en defini-
tiva, los “grandes litigantes”.
Dicha restauración de las tasas judiciales –aunque con nuevas caracte-
rísticas a las “tradicionales”– dio lugar a una serie de pronunciamien-
tos del Tribunal Constitucional, a raíz en general del planteamiento
de diversas cuestiones de inconstitucionalidad por distintas instancias
judiciales. Los criterios fijados en dicha doctrina, a partir de la STC
20/2012, de 16 de febrero y otras posteriores335, puede ser resumidos
sucintamente en la forma siguiente:
a) Posibilidad de derivar el coste de los pleitos en las partes de un
proceso. “La justicia puede ser declarada gratuita, como hizo la
335
Véanse también en el orden civil las SSTC 79/2012, de 17 de abril 85/2012, de 18
etc. Respecto a las tasas en el orden civil. En la jurisdicción contencioso-administrati-
va, véase la STC 116/2012, de 4 de junio.
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