STS, 13 de Noviembre de 2008

La Inspección de los Tributos de la Delegación de Castellón, de la Agencia Tributaria, con fecha 28 de diciembre de 1995, formalizó al hoy recurrente, acta previa modelo A02, firmada en disconformidad, con el número NUM000, por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991, en la que se modificaba la base imponible declarada, al considerar que las ventas de acciones de la sociedad Aznar, S.A., realizadas en el ejercicio, y por las que se habían declarado las disminuciones de patrimonio que se especificaban en el acta, habían dado lugar realmente a un incremento de patrimonio por importe de 76.549.487 ptas.

La Inspección propuso liquidación, comprensiva de cuota, sanción e intereses de demora, por importe total de 84.849.602 ptas. (509.956,38€).

Seguida la tramitación reglamentaria, en el correspondiente informe ampliatorio al acta se hizo constar, que la Inspección fundamentaba su propuesta en que las acciones objeto de venta correspondían a una sociedad de la que la parte hoy recurrente, o su familia (siempre un número reducido de personas), habían sido siempre accionistas; las compraventas de acciones se habían realizado a partir de 1987 en las Bolsas de comercio (luego de valores) de Valencia y Bilbao; la totalidad de las operaciones realizadas a través de la Bolsa habían tenido lugar, durante más de tres años, entre miembros de la familia propietaria de la empresa o con cinco sociedades dominadas por ellos, nunca había participado un tercero no deseado; la forma de contratación en Bolsa había sido en todas y cada una de las operaciones, la de las "aplicaciones", esto es, todas eran "coincidencias" en el mismo agente intermediario; no se cumplía la norma fundamental de acceso a las bolsas, cual es la del número de socios mínimo, siendo conscientes los propietarios en todo momento y tampoco se habían cumplido los requisitos mínimos de frecuencia y volumen de contratación en bolsa.

Los hechos anteriores llevaron a la Inspección a concluir que se había hecho cotizar en Bolsa de forma ficticia, las acciones objeto de enajenación, manipulando las cotizaciones y fijando unos valores de enajenación lo suficientemente bajos para que no se pusieran de manifiesto plusvalías. Sin embargo, habida cuenta del elevado valor teórico de los títulos vendidos, se entendía que lo realmente producido era una simulación en la fijación del precio de venta, con fines exclusivamente fiscales.

Posteriormente, tras las alegaciones de la obligada tributaria, el Inspector Regional dictó acuerdo de fecha 30 de mayo de 1996, por el que se practicó liquidación por importe de 84.977.790 ptas. (510.726,8 €), de las cuales, 41.776.408 pts. (251.081,27 €) corresponden a la cuota, 18.135.538 ptas. (108.996,78€) a los intereses de demora y 25.065.844 ptas. (150.648,76 €) a la sanción al 60%, por infracción grave.

No conformándose con la expresada liquidación, el sujeto pasivo formuló contra ella reclamación económico- administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, el cual, en resolución de 29 de diciembre de 1998, estimó parcialmente la misma y anuló la liquidación, considerando :

1. ) Que, efectivamente, la venta de acciones de la entidad Aznar, S.A. se había llevado a cabo en operaciones previamente programadas y a precio convenido, por lo que debía considerarse que las referidas operaciones lo eran de enajenación de acciones admitidas a cotización oficial fuera de la bolsa y directamente entre partes, siendo de aplicación el artículo 9.1 del Real Decreto 1849/19809, de 5 de septiembre, a la sazón vigente, que establecía: "No se reputará contratación bursátil a ningún efecto las operaciones a precio convenido ni aquéllas en que no se cumplan los requisitos de los artículos quinto, sexto y séptimo. Dicha circunstancia se hará constar en la póliza o documento acreditativo de la propiedad de la transmisión".

2. ) Que a pesar ello, faltaba en el expediente la demostración de la separación del precio efectivo respecto al que hubieran convenido partes independientes, citándose la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 9 de abril de 1991.

3. ) Que sin embargo, el acta tenía el carácter de "previa".

La resolución del TEAR fue recurrida en alzada por el sujeto pasivo ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, si bien que discrepando exclusivamente de la calificación de previa del acta incoada y aceptando la resolución impugnada en todo lo demás.

Pero además, tras recibirse en la Agencia Estatal Tributaria, copia de la resolución del TEAR, el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, por escrito presentado ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en 4 de marzo de 1999, interpuso recurso ordinario de alzada manifestando no considerar ajustada a Derecho aquella y solicitando le fuera puesto de manifiesto el expediente para formulación de alegaciones.

Posteriormente, en escrito presentado en 14 de mayo de 1999, se formularon alegaciones, en las que se puso de manifiesto:

1. ) Que el artículo 20.8.b) de la Ley 44/1978, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, redactado para los ejercicios 1988, 1989, 1990 y 1991, según las Leyes 33/1987 (artículo 86 ), 37/1988 (artículo 80 ), 5/1990 (artículo 9 ) y Real Decreto Ley 5/1990 (artículo 3 ), respectivamente, establece "En la enajenación de valores mobiliarios que no coticen en Bolsa, representativos de participaciones en el capital de sociedades, el incremento o disminución patrimonial se computará por la diferencia entre el coste medio de adquisición y el importe real efectivamente percibido, deducidos, en su caso, los gastos originados por la transmisión que corran a cargo del vendedor.

   No obstante, cuando el citado importe real no se corresponda con el que habrían convenido entre partes independientes en condiciones normales de mercado, la Administración considerará como valor de enajenación el mayor de los dos valores siguientes:

   1. El teórico resultante del último Balance aprobado.

   2. El que resulte de capitalizar al tipo del 8 por 100 el promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances."

2. ) Que el T.E.A.R. de Valencia interpretaba la norma anterior en el sentido de qué para demostrar que el precio real no se corresponde con el que hubieran convenido entre partes independientes en condiciones normales de mercado, es necesario llevar a cabo una valoración de las acciones.

3. ) Que sin embargo, el Departamento no compartía el criterio mantenido por el T.E.A.R. de Valencia, pues el TEAC, en la resolución de 9 de abril de 1991 no exigía la realización de una valoración o peritaje de la acciones que determinara un valor de las mismas diferente del convenido entre las partes, sino que lo que requería era quedar acreditado en el expediente por cualquier medio que el valor declarado no coincidía con el que libremente convendrían entre partes independientes.

   De esta forma, siempre que por algún medio, cualquiera que fuera éste, la Inspección probara que el precio pactado en la transmisión de las acciones no coincidía con el que convendrían partes independientes, y a efectos de determinar el incremento disminución patrimonial, procedía considerar que la transacción de las acciones se había realizado por el mayor de los dos valores contemplados en la norma.

4. ) Que en el caso controvertido era patente la falta de correspondencia entre el valor consignado en los documentos de compraventa y el que partes independientes hubieran satisfecho en el caso de que las indicadas acciones se hubieran ofertado en el libre mercado de la Bolsa. A tal efecto, se señalaba que en el informe ampliatorio emitido por el actuario consta debidamente acreditado que el valor consignado por las partes en las transacciones efectuadas no guarda relación alguna con los valores deducidos de los balances de la sociedad, ni tampoco con la evolución de los resultados obtenidos y declarados por la misma en los ejercicios comprobados. "En efecto, la evolución contable de la sociedad AZNAR, S.A. es totalmente divergente con la cotización fijada discrecionalmente por el grupo familiar en un primer momento, y posteriormente de forma programada por una entidad bancaria gestora de patrimonios. Así, el valor teórico según balance va ascendiendo desde las 4.529,75 ptas./acción en 1985 hasta las 7.564,42 ptas./acción en 1990; y el valor de capitalización desde las 4.324,51 ptas./acción de 1985 a las 11.258,06 ptas./acción de 1990. Sin embargo, el valor declarado en las ventas efectuadas asciende aproximadamente a la cantidad de 2.000 ptas./acción". "Por último, no puede olvidarse que la fijación del precio viene determinado a partir de junio de 1990 por la antes referida entidad bancaria, que cursa las órdenes oportunas al agente de cambio y bolsa correspondiente, sobre las operaciones a efectuar, las partes intervinientes, la fecha de las operaciones y el precio al que han de realizarse las mismas. Resulta evidente que la determinación de un precio de las acciones que produce disminuciones de patrimonio al vendedor, cuando además dicho precio se fija no por el propio interesado sino por el gestor de su patrimonio y cuando, además, dicho precio no guarda relación alguna con el valor que las acciones tienen a tenor del balance de la sociedad y de los beneficios generados por la entidad en los sucesivos ejercicios, dicho valor resulta discordante del que convendrían entre partes independientes en condiciones normales de mercado."

5. ) Que una vez apreciada la divergencia entre los valores de contratación y convenido entre partes independientes, procedía la aplicación de las consecuencias previstas en la propia norma, esto es, la determinación del incremento patrimonial considerando como valor de enajenación el que resultara mayor de entre el deducido del balance de la sociedad y el de capitalización de beneficios, que ha sido la forma de operar en la liquidación impugnada.

   Con base a lo razonado en el escrito de alegaciones, se solicitaba la anulación de la resolución recurrida.

Previa acumulación de expedientes, el Tribunal Económico-Administrativo Central, en resolución de 21 de diciembre de 2001, estimó el recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de la Agencia Tributaria y revocó la resolución recurrida, confirmando la liquidación practicada; en cambio, desestimó el recurso de alzada formulado por Dª Flor.

La representación procesal de Dª Flor, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución reseñada en el anterior Antecedente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sección Segunda de dicho Organo Jurisdiccional, que lo tramitó con el número 123/02, dictó sentencia, de fecha 20 de enero de 2005, con la siguiente parte dispositiva: "ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo formulado por la Procuradora, Dª. Mª Luisa Sánchez Quero, en nombre y representación de Dª Flor, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 21 de diciembre de 2001, a que ya se ha hecho mención, referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991, y, en consecuencia, ANULAR la resolución impugnada y la liquidación de que trae causa en lo relativo al cálculo de los intereses de demora, CONFIRMANDO en todo lo demás la resolución recurrida por su conformidad a Derecho".

Dª María Luisa Sánchez Quero, en nombre de Dª. Flor, preparó recurso de casación contra la sentencia a que acabamos de hacer referencia y tras tenerse por preparado, lo interpuso por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Supremo, en 21 de abril de 2005, en el que solicita se dicte sentencia casando la recurrida, para dictar otra en la que resuelva conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Por su parte, el Abogado del Estado se opuso al recurso de casación, por escrito presentado en 26 de diciembre de 2006, en el que solicita su desestimación, con imposición de costas a la parte recurrente.

Habiéndose señalado para deliberación y votación la audiencia del día 12 de noviembre de 2008, en dicha fecha tuvo lugar referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Martín Timón, Magistrado de la Sala

La Sentencia resuelve las cuestiones planteadas por la parte actora, tanto formales, como de fondo, en la forma que se expone a continuación.

Por lo que respecta a las cuestiones formales suscitadas en la demanda, se afirma en la Sentencia:

"CUARTO.- Sobre la extemporaneidad del recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de lo actuado en el expediente administrativo, se desprenden los siguientes hechos: 1) Que con fecha 29 de diciembre de 1998, el TEAR de Valencia se pronunció sobre la reclamación económico-administrativa formulada por el Sr. Raúl. 2) Que la notificación de esa resolución se practicó al interesado en fecha 18 de febrero de 1999. 3) Que con fecha de 2 de febrero de 1999 tuvo entrada en el Registro de la Delegación de Hacienda de Madrid la notificación de la resolución del TEAR. 4) Que en fecha de 26 de febrero de 1999, dicha resolución fue notificada al Director del Departamento. 5) Que contra la resolución del TEAR, la Señora Flor interpuso recurso de alzada dentro del plazo reglamentario, mientras que el Director del Departamento presentó escrito anunciando la interposición del recurso ordinario de alzada en fecha 4 de marzo de 1999. 6) Que del recurso de alzada interpuesto por el Centro directivo se dio traslado al recurrente, quien formuló alegaciones. Y 7) Que mediante providencia de fecha 23 de julio de 1999, se procedió a la acumulación de los expedientes.

En relación con la extemporaneidad del recurso de alzada, si bien es cierto que con fecha de 2 de febrero de 1999, tuvo entrada en la Delegación de Hacienda de Madrid la notificación de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional, se ha de indicar que la recepción de la notificación por parte del órgano legitimado para interponer el recurso de alzada, el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de la Agencia Tributaria, al amparo de lo dispuesto en el art. 120.1, del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas de 1996, se produjo en fecha 26 de febrero de 1999. A ello debe añadirse el plazo del trámite previsto en el art. 103, del citado Reglamento, según el cual: "Cuando los Tribunales Regionales y Locales dicten resoluciones, en única o primera instancia, por las que se estime la reclamación, en todo o en parte, remitirán en el plazo de cinco días una copia de la resolución dictada a los órganos legitimados para recurrir de acuerdo con los artículos 120 y 126 del Reglamento." Por último, estos preceptos se han de poner en relación con el art. 19.2, de la Ley 30/92, la eficacia de las "comunicaciones" entre órganos administrativos se hace depender de la "recepción", al establecer: "Las comunicaciones entre los órganos administrativas podrán efectuarse por cualquier medio que asegure la constancias de su recepción".

Por otra parte,debe señalarse que, el art. 121.1, del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, dispone: "El recurso de alzada se interpondrá ante el Tribunal Regional o Local que hubiera dictado la resolución que se recurra, en el plazo improrrogable de quince días, contado desde el siguiente al de su notificación o comunicación a que se refieren los artículos 102 y 103 de este Reglamento."

El contenido del escrito de interposición del recurso de alzada debe reunir una serie de requisitos, conforme establece el art. 123.1, del citado Reglamento, pues en él "deberá exponer el recurrente los motivos en que se funde", pudiendo "acompañar los documentos que estime pertinentes", precisando el precepto "sin que en la segunda instancia sea procedente la puesta de manifiesto del expediente para alegaciones", salvo las excepciones previstas en el apartado 2, del artículo anterior y en el apartado 2, del artículo siguiente", de forma que "después de la presentación de este escrito no se admitirá documento alguno y el Tribunal mandará devolver de oficio los que se presenten, sin ulterior recurso".

En el presente caso, como se desprende de lo actuado en el expediente administrativo, y así se recoge en la resolución impugnada, la resolución dictada por el TEAR de Valencia, en fecha 29 de diciembre de 1998, estimatoria en parte de la reclamación económico-administrativa interpuesta por el ahora recurrente, fue notificada al interesado en 18 de febrero de 1999, y en fecha de 26 de febrero de 1999, al Director del Departamento. Con fecha 4 de marzo siguiente, el Director del Departamento de Inspección de la A.E.A.T. presenta escrito anuncio de interposición del recurso de alzada, limitándose a manifestar que consideraba no ajustada a derecho la resolución, siendo en escrito de 14 de mayo de 1999 en donde invoca los motivos jurídicos de impugnación; vía alegaciones, escrito del que se da traslado al recurrente, que es contestado por escrito de 2 de julio de 1999.

De la narración de estos hechos, se aprecia que la interposición del recurso de alzada está dentro del plazo reglamentario, si bien el escrito en el que se formalizó debió de subsanarse al adolecer de uno de los requisitos exigidos, conforme dispone el art. 50, del Reglamento de Procedimiento de 1996, en relación con el art.71, de la Ley 30/92. Sin embargo, la posible indefensión se subsanó por la formalización del escrito de alegaciones, que formalizaron las partes intervinientes. En este sentido, la Sala entiende que la interposición del recurso no era extemporáneo, resolviéndose en la resolución impugnada las cuestiones planteadas en los escritos de alegaciones. Por ello, se han de desestimar los motivos invocados en relación con esta alegación.

Por otra parte, el incumplimiento de los plazos dentro del régimen interno de la Administración, relativos a comunicaciones, no se le pueden atribuir los efectos invalidantes que patrocina el recurrente, al amparo de lo establecido en el art. 63.3, de la Ley 30/92, según el cual: "La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo", pues, primero, no ha producido indefensión al recurrente, y segundo, las normas reglamentarias reguladoras del recurso de alzada no atribuyen a dichos plazos la relevancia pretendida, al no tratarse de unos plazos determinantes del nacimiento o extinción de derechos, sino que deja intactas las perspectivas jurídicas de los recurrentes...."

Por lo que afecta a la cuestión de fondo, la Sentencia, partiendo de estimar que existía una simulación del precio, razona del siguiente modo:

"UNDECIMO.-. Afectando la simulación en la fijación del precio de las acciones, la Administración tributaria, a la hora de fijar el precio, parte de las normas valorativas del art. 20.8.b), de la Ley 44/78, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (redacción dada por la Ley 48/85, de 27 de diciembre ; y art. 88.3, de la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 ), que establece: "En la enajenación de valores mobiliarios que no coticen en Bolsa, representativos de participaciones en el capital de sociedades, el incremento o disminución patrimonial se computará por la diferencia entre el coste medio de adquisición y el importe real efectivamente percibido, deducidos, en su caso, los gastos originados por la transmisión que corran a cargo del vendedor. No obstante, cuando el citado importe real no se corresponda con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, la Administración considerará como valor de enajenación el mayor de los dos valores siguientes: a) El teórico resultante del último balance aprobado. b) El que resulte de capitalizar el tipo del 8 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances."

El punto central de la liquidación practicada es la determinación del "importe real" de las acciones. Si dicho importe coincide con el que "habrían convenido partes independientes", se aplica la regla general (primer párrafo); en el supuesto de que el "importe real efectivamente percibido" por el transmitente "no se corresponda" con el que habrían "convenido partes independientes", se aplica la regla excepcional (segundo párrafo), que recoge dos criterios, predominando el valor mayor resultante de entres ambos criterios alternativos. Se distingue, por tanto, entre "precio convenido en condiciones normales de mercado" y "precio convenido fuera de las condiciones normales de mercado". La aplicación de una de estas reglas exige la acreditación de la discrepancia valorativa de las acciones, de que el precio de enajenación coincidía o no con el precio de mercado, es decir, que el importe "efectivo" no coincide con el de "mercado", debiéndose acudir al "teórico" o al "capitalizado".

En el presente caso, se concluye que el precio convenido en la cotización de las acciones de Aznar SA ha sido configurado intencionalmente, no reflejando el precio que hubiera resultado de la libre concurrencia de operadores en Bolsa, al haber participado los propios socios o personas afines. Ello provoca que la regla de valoración a aplicar sea la "regla excepcional", y dentro de ella, cualquiera de los criterios alternativos que contiene, siempre coincidiendo con el de "mayor de los valores".

La Inspección, a la enajenación de las acciones realizada en el ejercicio 1988 y 1989, aplica el primero de los criterios,"valor teórico"; mientras que las realizadas en los ejercicios 1990 y 1991, aplica el criterio del "valor de capitalización". Los conceptos utilizados por la Inspección en el cálculo y las operaciones realizadas no son discutidas, sino el propio criterio legal aplicado.

La exclusión de la aplicación de la "regla general" viene determinada por los hechos que determinaron el "precio simulado" de las aciones, conforme se ha declarado en los anteriores Fundamentos Jurídicos. Al no existir paralelismo entre "precio efectivo" y "precio convenido entre partes independientes en condiciones normales de mercado", entra en juego la "regla excepcional", tendente a fijar el valor de las acciones, que refleje los elementos que en las condiciones normales de mercado vienen a determinar el precio de enajenación de las acciones sin interferencias interesadas.

En este sentido, los criterios utilizados por la Inspección se adecuan al mandato legal.

La otra cuestión que se discute es, que si de los importes valorativos calculados por la Administración procede la deducción de los "gastos" por concepto de las transmisiones y tributos inherentes a la transmisión. Es cierto que en el art. 20, de la Ley 44/78, citada, se permite la deducción del precio de enajenación de los gastos derivados de la transmisión de los títulos valores, pero como declara la resolución impugnada, en el presente caso, además de que por el órgano liquidador ya se tuvieron en cuenta, no proceden que minoren el precio de enajenación en el sentido patrocinado por el recurrente, primero, porque el procedimiento de enajenación de los referidos títulos, dada la calificación jurídica declarada, no es causa legítima para que sean tenidos en cuenta, no pudiendo ser aprovechado como beneficio fiscal; y segundo, porque la alegación del recurrente lo es con referencia a una hipotética transmisión de las acciones mediante las correspondientes pólizas o escrituras públicas, lo que no se ha producido."

Por último, la Sentencia, de un lado, en cuanto a la cuestión de los intereses de demora, sigue la doctrina que sentara esta Sala en la de 30 de octubre de 1997 y entiende que debe aplicarse el tipo vigente en cada uno de los ejercicios que integran el período de liquidación, según lo dispuesto en la Ley 25/1995, de 20 de julio, y de, otro, confirma la sanción impuesta por la Administración, al entender que no procede la aplicación del artículo 77.4.d) de la Ley General Tributaria.

Frente a la sentencia impugnada, la parte recurrente opone en su recurso de casación quince motivos, de los cuales, los dos primeros se amparan en el artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio y el resto en el artículo 88.1 d) de la misma Ley. En tales motivos se alega:

1. ) Violación de lo dispuesto en los artículos 24.1 de la Constitución, 33.1 y 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, por incongruencia interna de la sentencia, al entender la parte recurrente que no existe la necesaria conexión entre la normativa aplicable y la decisión judicial, incurriendo en manifiestas contradicciones a lo largo de los distintos Fundamentos Jurídicos; en particular, se señala que en unos casos se afirma que no existe simulación y en otros que existió tal negocio anómalo.

2. ) Violación de los mismo preceptos, en razón a entender que la sentencia incurre también en incongruencia omisiva o "ex silentio", al no responder a la cuestión planteada de la doble imposición que supone la liquidación, al no considerar como valor de adquisición en las sucesivas transmisiones el valor de comprobado en la compraventa previa.

3. ) Infracción de los artículos 40.1 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reclamaciones Económico-Administrativas, y artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que sirva para sostener que las resoluciones del TEAR y TEAC son incongruentes al no corresponderse con las alegaciones formuladas ante ellos.

4. ) Infracción del artículo 40.3 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reclamaciones Económico Administrativas, por entender que tanto el TEAR como el TEAC incurrieron en incongruencia "extra petita", al resolver sobre cuestiones no planteadas en la reclamación o en el recurso, sin conceder trámite para alegaciones.

5. ) Infracción de los artículos 9.3 de la Constitución, 37 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo y 121 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reclamaciones Económico Administrativas y 3 y 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, al estimarse que el recurso de alzada no se interpuso por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria en el plazo de quince días, que deben contarse desde el día 2 de febrero de 1999, en que la resolución del TEAR tuvo entrada en la Delegación de la AEAT en Madrid.

6. ) Con carácter subsidiario respecto del motivo anterior, infracción de los artículos 9.3 de la Constitución, 37 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo y artículos 103 y 121 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas y 3 y 19.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la doctrina sentada en las Sentencias de esta Sala de 21 de enero de 2002, 26 de enero y 26 de abril de 2004, a cuyo tenor el plazo máximo de interposición de los recursos de alzada a interponer por el Director General del Ramo no puede exceder de la suma de cinco días, plazo éste de remisión por el TEAR de las resoluciones estimatorias, más el tiempo en que se recibe la comunicación de dicho tipo de resoluciones, más quince días.

   7ª) Infracción de los artículos 9.3 de la Constitución, 50 y 123 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas y 3.1 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. ) Infracción de los artículos 20.8. a) y b) de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según redacción dada por la Ley 48/1985, de 27 de diciembre, y 57 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto que no pueden desconocerse los Acuerdos adoptados por las Juntas Sindicales de los Ilustres Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa de Bilbao y Valencia, de 12 de enero de 1987 y 30 de junio de 1987, admitiendo a contratación pública bursátil, los títulos emitidos por la sociedad Aznar, S.A.; lo mismo ocurre con las Ordenes Ministeriales de 18 de mayo de 1989, 29 de marzo de 1990, 15 de marzo de 1991 y 13 de marzo de 1992, que aprobaron la relación de valores cotizados en Bolsa con su cambio medio, del cuarto trimestre de los años 1988, 1989, 1990 y 1991, respectivamente.

9. ) Infracción de los artículos 25 y 28 de la Ley General Tributaria y 1274, 1275 1276 y 1277 del Código Civil, al entenderse por la recurrente que la liquidación calificó la compraventa de acciones de Aznar, S.A. como simulación a la fijación del precio de las acciones, conclusión de la que aquella discrepa.

10. ) Con carácter subsidiario, y para el caso de que esta Sala estime que procede la aplicación del artículo 20.8.b) de la Ley 44/1978, de 8 de Septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, infracción de dicho precepto y del 114 de la Ley General Tributaria de 1963, por entenderse que la aplicación de los valores objetivos previstos en el primero requiere que se pruebe que el importe real efectivamente convenido no se corresponde con el que habrían estipulado partes independientes, en condiciones de mercado.

11. ) Infracción de la las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en relación con el artículo 31.1 de la Constitución y 20.8.b) de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, motivo que se articula con carácter subsidiario para el caso de que la Sala entienda ser de aplicación el último de los preceptos indicados, pues entonces "el valor de adquisición debe cuantificarse en función del valor de transmisión determinado por la Administración en la compraventa previa, pues en caso contrario, se genera un claro supuesto de doble imposición en flagrante violación de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad previstos en el artículo 31.1 de la Constitución"

12. ) Infracción del artículo 20.6 de la Ley 44/1978, pues se obvia en el cálculo del valor de enajenación el cómputo de los gastos y tributos inherentes a la transmisión que hubieran sido satisfechos por el transmitente.

13. ) Infracción de los artículos 4.3 y 34.1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero de Derechos y Garantías del Contribuyente, por no instruirse procedimiento separado para la imposición de la sanción.

14. ) Infracción de los artículos 24.2 y 25 de la Constitución y 77 y 79 de la Ley General Tributaria, pues la conducta del recurrente no fue antijurídica, ni culpable y la sanción se impuso con infracción del principio "non bis in idem".

15. ) Infracción del artículo 82.1.d) de la Ley General Tributaria de 1963, por no poderse apreciar agravante de ocultación, por cuanto esta circunstancia queda subsumida en el tipo.

Procede estudiar primeramente los motivos formales alegados en relación a la extemporaneidad del recurso de alzada interpuesto por el Director de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal Tributaria, ya que de estimarse alguno de ellos haría innecesario el estudio de los demás.

Pués bien, debe señalarse que como quinto motivo, se alega infracción de los artículos 9.3 de la Constitución, 37 del Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases de Procedimiento Económico Administrativo y 121 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reclamaciones Económico-Adminstrativas y 3 y 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al entenderse que el recurso de alzada no se interpuso por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria en el plazo de quince días, que deben contarse desde el día 2 de febrero de 1999, en que la resolución del TEAR tuvo entrada en la Delegación de la A.E.A.T en Madrid.

Conviene tener en cuenta que frente a la alegación de extemporaneidad realizada en el escrito de demanda, adjuntando a la misma fotocopia de anverso y reverso del oficio de remisión de la resolución del TEAR de Valencia, donde constaba su entrada en la Delegación Regional de la A.E.A.T. en Madrid, el 2 de febrero de 1999, el Abogado del Estado, en su escrito de contestación, aparte de negar valor a lo que calificaba de una simple fotocopia, opuso ser de sobra conocido que en la Calle Guzmán el Bueno de Madrid, se encuentra la Delegación Regional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como la Administración de Guzmán el Bueno, pero no tiene su sede el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

Por su parte, la sentencia considera como hechos probados los siguientes:

1) Que con fecha 29 de diciembre de 1998, el TEAR de Valencia se pronunció sobre la reclamación económico-administrativa formulada por Sr. Raúl.

2) Que la notificación de esa resolución se practicó al interesado en fecha 18 de febrero de 1999.

3) Que con fecha de 2 de febrero de 1999 tuvo entrada en el Registro de la Delegación de Hacienda de Madrid la notificación de la resolución del TEAR.

4) Que en fecha de 26 de febrero de 1999, dicha resolución fue notificada al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

5) Que contra la resolución del TEAR, la señora Flor, interpuso recurso de alzada dentro del plazo reglamentario, mientras que el Director del Departamento presentó escrito anunciando la interposición del recurso ordinario de alzada en fecha 4 de marzo de 1999.

Y frente al motivo de casación alegado, el Defensor de la Administración, en su escrito de oposición, considera que el plazo de interposición del recurso de alzada solo puede contarse desde la fecha en que la resolución del TEAR de Valencia entró en el Registro del Organo legitimado para la interposición de aquél.

Así planteada la controversia, conviene aclarar que en el presente caso no estamos ante una comunicación que el TEAR dirige al órgano administrativo encargado de la ejecución, y que en este caso se habría cursado a la Delegación de la A.E.A.T. en Castellón, sino ante la dirigida al Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, dando cuenta de la resolución dictada, que tuvo entrada primeramente en la Delegación de Hacienda de Madrid en 2 de febrero de 1999, no recibiéndose, sin embargo, por aquél hasta el 26 siguiente.

Pues bien, para dar la respuesta al motivo, partimos de que en relación a la extemporaneidad del recurso de alzada, esta Sala viene manteniendo el criterio de que "cuando el que interpone el recurso ordinario de alzada es un Director General del Ministerio de Economía y Hacienda, legitimado para ello, debe actuarse en materia de notificaciones, si cabe todavía, con mayor rigor, pues nos hallamos ante un recurso excepcional y ante la comunicación inter-órganos del Ministerio de Economía y Hacienda.". Valgan por todas, las Sentencias de 19 y 24 de octubre de 2007.

En el presente caso, llama la atención el tiempo transcurrido entre la recepción de la resolución del TEAR en la Delegación de Hacienda de Madrid (2 de febrero de 1999) y la recepción por el Director General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria hasta (el 26 siguiente,) de tal forma que quedó consumido entre las dos fechas un espacio temporal de veinticuatro días, que es incluyo mayor del que se dispone para interposición del recurso de alzada.

De aquí que se afirme en el recurso de casación, con referencia a la interpretación de la Sala de instancia, que "es muy peligrosa, pues deja en manos de la Administración el cómputo del plazo del recurso y, por tanto, de firmeza de los actos administrativos". Y a continuación, se invoca la Sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 1987, en la que se dijo que "el requisito de la fecha de las notificaciones - esto es lo que aquí se discute- está sometido a un régimen normativo que, por razones de seguridad jurídica, aspira a que dicha fecha se concrete en términos objetivos, de tal suerte que su fijación no depende, en lo que ahora importa, de la voluntad del interesado destinatario de la notificación: no debe quedar a su arbitrio el señalamiento del momento en que aquélla tuvo lugar.

Por ello, independientemente de que desde el Registro General se cumpla o no el deber de remitir la comunicación a la Dependencia interesada el mismo día en que se reciba, la fecha de la notificación ha de ser la de la anotación en aquel Registro, pues en otro caso la fijación de tal fecha quedaría al arbitrio de la Dependencia a la que, en último término, hubiera de llegar el documento.".

Igualmente se invoca la Sentencia de 13 de julio de 1999, que para desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra Sentencia de la Sala de instancia, que había declarado extemporáneo el recurso contencioso- administrativo deducido en nombre de la Administración General del Estado contra determinada Orden dictada por la Generalidad de Cataluña, razonó del siguiente modo: "SEGUNDO.- La sentencia debe confirmarse, pues, conforme en ella se indica, la resolución desestimatoria del recurso de reposición tuvo entrada en la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Cataluña el 14 de febrero de 1.990, y el recurso contencioso-administrativo se interpone el 8 de mayo de 1990, cuando ya había transcurrido suficientemente aquel plazo de dos meses. Frente a esta conclusión no puede acogerse la alegación del Abogado del Estado de que el cómputo debe realizarse a partir del momento en que tiene entrada la comunicación en el Ministerio de Cultura, órgano al que se dirige la comunicación, pues, sobre no haberse probado que no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 66.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo de que en las veinticuatro horas siguientes debe cursarse al órgano que corresponda, el propio precepto establece en su apartado 5, que "se entenderá que los escritos han tenido entrada en el órgano administrativo competente en la fecha en que fueron entregados en cualquiera de las dependencias a que se refieren los párrafos anteriores".

Pues bien, actuando a la luz del criterio con el que debe contemplarse esta materia, y que antes hemos expuesto, debe darse la razón a la parte recurrente, que ha puesto de manifiesto que la solución adoptada por la Sala de instancia afecta de forma sustancial al principio de seguridad jurídica en cuanto a la firmeza de los actos administrativos, siendo además de plena aplicación la jurisprudencia que cita.

En consecuencia, debe considerarse que la fecha de notificación al Director General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, es la de entrada de la comunicación en la Delegación de Regional de Madrid, sin que frente a ello puedan oponerse consideraciones tales como complejidad de servicios, volumen de trabajo o cualquier otra similar, que no son propias de los principios que deben regir la comunicación inter-organos de un mismo Departamento y que, en cualquier caso, no pueden perjudicar al contribuyente, tanto más cuanto que el mismo cuenta con la confianza legítima que deriva de haber recibido una resolución del TEAR que resulta favorable a sus intereses.

La conclusión final que se alcanza, por tanto, es la de estimación del motivo, lo que hace innecesario el estudio de los demás, incluso del séptimo, en el que se denuncia que el escrito de interposición del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria no contenía alegaciones y en donde esta Sección viene manteniendo igualmente doctrina que favorecería a la parte recurrente.

Por tanto, la aceptación del motivo conduce directamente a la estimación del recurso de casación y con ello la anulación de la sentencia, en cuanto confirmó la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, que había considerado deducido dentro de plazo y estimado el recurso de alzada del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de la Agencia Estatal Tributaria.

La antecitada resolución obliga a resolver lo que corresponde dentro de los términos en que aparece planteado el debate y ello debe hacerse estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª Flor contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central y en la medida en que en ella se consideró deducido dentro del plazo y se estimó el recurso de alzada del Director General de Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la A.E.A.T.

No ha lugar a la imposición de costas y en cuanto a las de instancia cada parte abonará las suyas.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso de casación número 1906/2005, interpuesto por Dª María Luisa Sánchez Quero, Procuradora de los Tribunales, en nombre de Dª Flor, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 20 de enero de 2005, en el recurso contencioso-administrativo número 123/2002, sentencia que se casa y anula en el extremo en que confirmó la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de fecha 21 de diciembre de 2001, que consideró deducido dentro de plazo y estimó el recurso de alzada del Director General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de la Agencia Estatal Tributaria.

Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª. Flor, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de diciembre de 2001, la cual se declara nula, en el extremo en que consideró deducido dentro de plazo y estimó el recurso de alzada del Director General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de la Agencia Estatal Tributaria, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia de 29 de diciembre de 1998, quedando firme, en consecuencia, esta última.

Que debemos declarar y declaramos que no ha lugar a la imposición de costas procesales y en cuanto a las de instancia cada parte abonará las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernández Montalvo Manuel Vicente Garzón Herrero Juan Gonzalo Martínez Micó Emilio Frías Ponce Manuel Martín Timón Angel Aguallo Avilés PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Manuel Martín Timón, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.