Sentencia 136/1991, de 20 de junio, del pleno del tribunal constitucional, en el recurso de inconstitucionalidad 186/1985 contra el artículo 46.3 de La Ley 20/1985, de 25 de Julio, del Parlamento de cataluña, de Prevencion y Asistencia en materia de sustancias que puedan generar dependencia.

MarginalBOE-T-1991-18823
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorTribunal Constitucional
Rango de LeySentencia

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO, DON VICENTE GIMENO SENDRA Y DON JOSE GABALDON LOPEZ, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 986/1985, PLANTEADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA NACION, CONTRA LAS EXPRESIONES Y CONTENIDAS EN LAS LETRAS A) Y B) DEL ART. 46.3 DE LA LEY 20/1985, DE 25 DE JULIO, DEL PARLAMENTO DE CATALU—A, DE PREVENCION Y ASISTENCIA EN MATERIA DE SUSTANCIAS QUE PUEDAN GENERAR DEPENDENCIA, PUBLICADA EN EL , REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, EL M. H. SR. MIQUEL COLL I ALENTORN, Y LA GENERALIDAD DE CATALU—A, REPRESENTADA POR EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DON RAMON GORBS I TURBANY. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

  1. ANTECEDENTES

  1. EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1985 TIENE ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL ESCRITO DEL ABOGADO DEL ESTADO EN EL QUE, DEBIDAMENTE AUTORIZADO AL EFECTO POR EL CONSEJO DE MINISTROS, INTERPONE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS EXPRESIONES Y CONTENIDAS EN LAS LETRAS A) Y B) DEL ART. 46.3 DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALU—A 20/1985, DE 25 DE JULIO, POR ESTIMAR QUE CONTRADICEN EL LIMITE PREDISPUESTO EN EL ART.

    149.1.1 C.E.

  2. EN EL ESCRITO DEL RECURSO SE AFIRMA QUE LA SANCION PREVISTA EN EL ART. 46.3 DE LA LEY CATALANA 20/1985 HA DE INCLUIRSE EN EL TITULO COMPETENCIAL RELATIVO A LA SANIDAD, DANDOSE EN ESTE SUPUESTO LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA MATERIA SUSTANTIVA A QUE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA SE REFIERE (ART. 17.1 E.A.C.) Y RANGO SUFICIENTE (ART. 25.1 C.E.) EN LA NORMA SANCIONADORA, POR LO QUE LA CUESTION SE CENTRA EN EL NECESARIO RESPETO DEL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 149.1.1 C.E. INTERPRETADO DE ACUERDO A LA STC 87/1985, SEGUN LA CUAL LA MODULACION AUTONOMICA DE LAS SANCIONES NO PODRA INTRODUCIR DIVERGENCIAS IRRAZONABLES Y DESPROPORCIONADAS AL FIN PERSEGUIDO RESPECTO DEL REGIMEN JURIDICO APLICABLE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. LA NORMA SANCIONADORA AUTONOMICA HABRA DE ATENERSE A LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.1 C.E., NO PUDIENDO PREVER SANCIONES QUE DIFIERAN, SIN FUNDAMENTO RAZONABLE, DE LO YA RECOGIDO EN LA NORMACION VALIDA PARA TODO EL TERRITORIO. LA SENTENCIA 87/1985 DECLARO INCONSTITUCIONAL LA SANCION DE CIERRE DEFINITIVO PREVISTA EN EL ART. 23.1 DE LA LEY CATALANA 15/1983, TENIENDO EN CUENTA EL CONTENIDO DEL ART. 10.5 DEL REAL DECRETO 1.945/1983.

    EL ABOGADO DEL ESTADO ENTIENDE APLICABLE AL PRESENTE CASO LA DOCTRINA Y LA SOLUCION DE LA STC 87/1985, INCLUSO AUNQUE NO EXISTA EN EL PRESENTE CASO UN PARALELISMO EXACTO ENTRE LA SANCION ESTATAL Y LA AUTONOMICA. ELLO, EN PRIMER LUGAR, PORQUE LA DELIMITACION DE LA COMPETENCIA SANCIONADORA ADMINISTRATIVA NO SE SITUA EN EL PLANO DE LA RELACION , SINO EN EL LIMITE PREDISPUESTO EN EL ART. 149.1.1 C.E. QUE OPERA CON INDEPENDENCIA DEL ALCANCE, EXCLUSIVO O LIMITADO AL DESARROLLO LEGISLATIVO DE BASES ESTATALES, DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA EJERCIDA. POR OTRO LADO, LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, Y EL REAL DECRETO 1.945/1983, DE 22 DE JUNIO, INCLUYEN EN SU AMBITO LA PREVENCION Y PROTECCION SANITARIA (A QUE RESPONDE LA NORMATIVA SANCIONADORA CATALANA) Y CONSTITUYEN NORMACION VALIDA PARA TODO EL TERRITORIO, POR LO QUE LA MODULACION DE LAS SANCIONES POR LA COMUNIDAD AUTONOMA HA DE RESPETAR EN LO FUNDAMENTAL EL ESQUEMA SANCIONATORIO DE LA LEY 26/1984, SIN INTRODUCIR UN SALTO CUALITATIVO QUE ROMPA LA UNIDAD DE AQUEL. ESA LEGISLACION ESTATAL NO RECOGE SANCION CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES O CIERRE DEFINITIVO DE EMPRESAS LOCALES O ESTABLECIMIENTOS, SINO SOLO UNA SANCION COMPLEMENTARIA DE CIERRE TEMPORAL POR UN PLAZO MAXIMO DE CINCO A—OS, POR LO QUE AL NO ESTAR PREVISTA EN LA LEGISLACION SANCIONATORIA ESTATAL EL CIERRE DEFINITIVO HAN DE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONALES LAS EXPRESIONES Y DE LAS LETRAS A) Y B) DEL ART. 46.3 DE LA LEY CATALANA 20/1985.

  3. ADMITIDO A TRAMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR PROVIDENCIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1985, SE DIO TRASLADO DE LA DEMANDA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO ASI COMO AL PARLAMENTO Y AL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALU—A, A EFECTOS DE PERSONACION Y ALEGACIONES, PUBLICANDOSE TAMBIEN LA INCOACION DEL ASUNTO EN EL Y . SE HAN PERSONADO LA GENERALIDAD DE CATALU—A, REPRESENTADA POR EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DON RAMON GORBS I TURBANY, Y EL PARLAMENTO DE CATALU—A, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE EL M. H. SE—OR MIQUEL COLL I ALENTORN.

  4. EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUL EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES, PRECISA QUE NO SE DISCUTE NI LA TITULARIDAD COMPETENCIAL NI EL RANGO DE LA NORMA, SINO SOLO LA DIVERGENCIA DE LA MODULACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS APARTADOS A) Y B) DEL ART. 46.3 DE LA LEY CATALANA 20/1985, EN RELACION AL REGIMEN JURIDICO SANCIONATORIO APLICABLE A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. EL UNICO ARGUMENTO DE LA DEMANDA ES LA DOCTRINA ESTABLECIDA EN LA STC 87/1985, QUE ESTABLECE UN LIMITE A LA NORMA SANCIONADORA AUTONOMICA EN VIRTUD DEL ART.

    149.1.1 C.E., LIMITE RELATIVO, PUES SOLO LLEGA HASTA DONDE LLEGUE LA NORMACION VALIDA PARA TODO EL TERRITORIO, E INCLUSO EN TAL CASO, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDEN INTRODUCIR Y PREVER SANCIONES QUE DIFIERAN DE LO YA RECOGIDO EN LA NORMACION VALIDA PARA TODO EL TERRITORIO SI EXISTE UN FUNDAMENTO RAZONABLE.

    EN EL PRESENTE CASO LA DEMANDA RECONOCE QUE NO EXISTE UN PARALELISMO EXACTO EN LA LEGISLACION ESTATAL, PERO TRATA DE INVOCAR LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. HA DE TENERSE ENCUENTA QUE ESTA LEY ESTATAL INVOCA EL ART. 51 C.E., MIENTRAS QUE LA LEY CATALANA RESPONDE AL MANDATO CONTENIDO EN EL ART. 43 C.E. LA DIVERSA COBERTURA CONSTITUCIONAL DE AMBAS NORMAS PONE DE MANIFIESTO QUE EL AMBITO MATERIAL DE CADA UNA DE ELLAS ES TAMBIEN DISTINTO Y SINGULARIZADO, Y QUE LA COMUN REFERENCIA A LA SALUD NO PUEDE SER AQUI...

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