Ejecución en supuestos de condena a realizar una determinada actividad o dictar un acto
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
Nota aclaratoria: La nomenclatura de órganos judiciales se efectúa en consideración a la regla general establecida en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la previsión de la Disposición transitoria primera de la misma ley sobre la “Constitución de los Tribunales de Instancia”, en la que se programan tres fases sucesivas de constitución: la primera a fecha 1 de julio de 2025: solo se transforman los partidos judiciales en juzgados mixtos y VIDO, la segunda a 1 de octubre de 2025: se transforman los partidos con jurisdicción separada –primera instancia, instrucción más VIDO- y que no tengan jurisdicciones especiales- y a 31 de diciembre de 2025: el resto, incluidos los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, en función de la dimensión de los respectivos partidos judiciales no se convierten en Tribunales de Instancia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Para el caso de que la Administración incumpla la ejecución de sentencias firmes en las que se le condenara a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el art. 108 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) pone a disposición del órgano judicial la posibilidad de adoptar una serie de medidas.
A continuación se recogen las potestades del órgano judicial en caso de incumplimiento de la Administración condenada a realizar una determinada actividad o dictar un acto.
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Contenido
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El art. 108.1 a), LJCA establece la posibilidad de que, en caso de incumplimiento, el órgano judicial proceda a la ejecución de la sentencia que condena a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto de diferentes maneras:
- Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios
- Ejecutar la sentencia requiriendo la colaboración de la Administración condenada
- Ejecutar la sentencia con la colaboración de otras Administraciones
Es preciso tener en cuenta que tiene que tratarse de una sentencia cuyo fallo consista en condenar a la Administración a realizar una determinada actividad o en dictar un acto, supuestos entre los que no se puede incluir las condenas a la Administración a pagar una cantidad líquida cuyo incumplimiento se regula, de manera diferente, en el art. 106, LJCA .
Ejecutar la sentencia a través de sus propios mediosLa primera de las posibilidades que ofrece el art. 108.1 a), LJCA es la de que la sentencia que no ha sido cumplida se ejecute a través de los propios medios del propio órgano judicial competente para la ejecución de la sentencia.
Ello supone que el órgano judicial por sí mismo y con sus recursos, “a través de sus propios medios”, realice aquello a lo que fue condenada la Administración (hacer algo o dictar un acto), posibilidad que, aunque posible, se muestra como de difícil realización en la práctica.
En los supuestos de “hacer algo” porque el órgano jurisdiccional no cuenta con una estructura estable ordenada a la realización de acciones o actividades fuera de las que habitualmente le corresponden y a las que está adaptada su propia estructura. Es posible, pero improbable, que el órgano judicial contrate un servicio (contratación pública que habría de realizarse conforme a los procedimientos y garantías establecidos para ello) para suplir a la Administración por mucho que después pudiera repercutir el coste de esa actividad, de ese hacer.
En los casos en los que la condena sea la de dictar un acto parece complicado que la administración de justicia supla (y sustituya) a la Administración y, más aún, en aquellos casos en los que intervenga el ejercicio de potestades discrecionales , supuesto, este último, que, como es lógico, ni puede ni debe hacer el órgano jurisdiccional estando expresamente prohibido por el art. 71.2, LJCA al establecer que:
Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en...
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