Sumario

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La viabilidad de las actividades empresariales depende de las oportunidades existentes en el mercado, pero también se encuentra influenciada por la legislación, por la normativa y, en concreto, por las obligaciones administrativas que imponen los poderes públicos para poner en marcha sus políticas. El marco regulador que éstas definen juega un papel importante en la competitividad de las empresas. Durante estos últimos años se han efectuado análisis y esfuerzos para delimitar mejor el impacto de la regulación en tanto que instrumento de los poderes públicos. También se han hecho esfuerzos para cerciorarse de que este instrumento no estaba mal concebido o desfasado cuando interviene en los mercados con el fin de proteger los intereses generales.

Durante estos últimos años, varíos países de la OCDE han medido las cargas administrativas, tomándolas como parte de sus esfuerzos nacionales con el fín de simplificar el marco regulador. El objeto del proyecto de la OCDE (RTA: Red Tape Assessment)1sobre la evaluación de las cargas administrativas es cumplir la tarea delicada de efectuar una comparación internacional de las cargas administrativas que recaen sobre las empresas que realizan actividades análogas y utilizar estos resultados para poder identificar posibles medidas de simplificación para cada uno de los países participantes. Este informe presenta los resultados de la RTA vinculante al sector del transporte por carretera, al centrarse particularmente sobre las cargas administrativas impuestas a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), se basa principalmente en las medidas llevadas a cabo entre noviembre de 2005 y marzo de 2007. Trece países miembros de la OCDE han aceptado formar parte de este primer proyecto de evaluación (RTA), participando voluntariamente en las mediciones. Los países son los siguientes: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Turquía, Alemania, holanda, francia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Suecia, Canadá, Reino Unido e Italia. El análisis o los informes se apoyan sobre los resultados validados de las mediciones realizadas en 11 países2. Los estados participantes se han encargado de recopilar la información y los datos para 17 indicadores específicos de acuerdo a la metodológia determinada. Conviene destacar que los in-

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dicadores seleccionados no son totalmente exhaustivos y no cubren todas las formalidades administrativas impuestas por los poderes públicos a las empresas del sector considerado.

¿De qué manera puede el marco de la RTA facilitar los esfuerzos nacionales de simplificación de los procedimientos administrativos?

A través de la comparación de las cargas administrativas impuesta en un ámbito particular de la legislación y en un sector dado, el proyecto de la RTA permite desgajar a la vez los elementos de referencia y las ideas para aligerar estas cargas. Uno de los aspectos fundamentales con el que nos encontramos es el elevado grado de precisión de la medidición. El carácter más detallado de las informaciones obtenidas es particularmente útil para analizar las diferencias de los procedimientos administrativos entre países, así como constituir la base para llevar a cabo políticas de asesoramiento sobre una normativa específica. El interés de este trámite o enfoque de medición reside pues en las posibilidades que ofrece al poner en evidencia los medios de simplificar los procedimientos administrativos.

La metodología de la RTA es una versión ligeramente adaptada del Mode-lo de Costes Estándar (MCE). Este último ha sido concebido por los Países Bajos en vista de medir las incidencias o consecuencias administrativas que soportan las empresas a la hora de cumplir con la normativa. La metodología del proyecto de la RTA y el método de MCE se inscriben ambos dentro de una perspectiva pragmática de la medición. Ninguno de las dos se asienta sobre un trámite estadístico clásico, sino que más bien sirven para generar los valores indicativos de la carga administrativa que son coherentes de un ámbito de acción a otro.

La idea que subyace del método consiste en interrogar a los responsables de las empresas representativas de manera que se pueda determinar cuánto tiempo y dinero destinan las mismas a las formalidades administrativas que impone el cumplimiento de la ley. Estas entrevistas han permitido...

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