Los sujetos

AutorManuel Richard González
  1. La legitimación para apelar[34]

    La posibilidad de interponer recursos, y así combatir una determinada resolución judicial, es un aspecto de la legitimación de las partes y manifestación del interés de obrar, ya se conceptúe como presupuesto procesal, elemento subjetivo del derecho sustancial o finalmente como una condición de la acción[35].

    Conceptuada la legitimación como un presupuesto del derecho a la acción la impugnación de la sentencia por cualquiera de las partes supone, precisamente, una continuidad del derecho de acción ejercitado en el proceso, ya que[36]:

  2. si impugna el actor la sentencia de instancia que deniega (total o parcialmente) la tutela jurisdiccional solicitada, en realidad está

    manifiestando con su recurso la voluntad de insistir en su acción afirmada en el proceso; b) si impugna el demandado (legitimado pasivamente) la sentencia de instancia, su recurso manifiesta su desacuerdo por entender que no asistía al actor el derecho a la tutela jurisdiccional concedida por el Juez «a quo», o en otras palabras que el actor no tenía derecho de acción[37].

    Desde otro punto de vista, la legitimación en orden a la impugnación de la sentencia es un requisito de carácter procesal que se fundamenta en la existencia de un interés en la modificación de la resolución impugnada, y que deviene de la concesión o denegación en la primera instancia del proceso de la tutela jurisdiccional solicitada por el actor[38].

    El interés deviene del vencimiento en la primera instancia del proceso y, en consecuencia, del perjuicio o gravamen que recae sobre el vencido que en conclusión, no es otra cosa que la legitimación en orden al medio de impugnación solicitado[39].

    Por otra parte, el interés que legitima a la parte a impugnar la sentencia dictada en la instancia debe ser personal, objetivo, y directo, ya que las acciones procesales y los recursos de ellas derivados sólo se otorgan para defender derechos e intereses propios. En caso contrario, el recurrente se erigiría en defensor de intereses ajenos. Así no le es permitido al litigante invocar el perjuicio causado a otro por la sentencia que se pretende someter a recurso[40].

    En consecuencia, el interés en orden al recurso de apelación debe ser:

  3. Personal y directo. Están legitimados para recurrir en apelación aquellos que siendo parte en la primera instancia del proceso tienen el interés que deviene del vencimiento[41].

    El vencido está legitimado para apelar la sentencia, no así el vencedor que carece de interés para recurrir, pues ningún perjuicio experimenta con la sentencia dictada[42].

    Por excepción, también están legitimados para recurrir aquéllos cuyos derechos e intereses se encuentren amenazados en virtud de la resolución judicial dictada en la instancia. Entre ellos el propio vencedor en la instancia sobre el que recae un mero gravamen formal[43].

    Por esa razón, declara el TS que la posibilidad de interponer recursos corresponde a quien ocupe la posición de parte agraviada o que siendo tercero le alcancen los efectos de cosa juzgada[44].

    En consecuencia, en ciertos supuestos excepcionales está legitimado para recurrir la sentencia el tercero que acredite un interés jurídico en la eliminación y sustitución de la resolución recurrida[45].

    No obstante, estamos de acuerdo con ALMAGRO que, en puridad de principios, la sentencia sólo tiene eficacia ínter partes y es ese el principio que conviene reforzar y no el de la extensión a terceros de efectos de la cosa juzgada[46].

  4. El interés debe ser objetivo. Es decir que tenga una entidad material, no meramente formal.

    Sólo está legitimada para interponer el recurso la parte que tiene interés por producirle la sentencia impugnada un gravamen, que tiene lugar cuando el fallo de instancia no conceda todo lo solicitado[47].

    La jurisprudencia del TS ha mantenido que el gravamen o perjuicio sufrido por el recurrente debe producirse a consecuencia de la parte dispositiva de la resolución que se impugna, consistiendo en la diferencia entre lo pedido y lo declarado en la sentencia[48].

    Tiene un interés objetivo el demandante que solicita la condena de todos los codemandados, a pesar de haber conseguido en la instancia la condena solidaria de todos los codemandados menos uno, ya que precisamente bien pudiera ser que el absuelto fuera precisamente la única persona solvente de los llevados a juicio[49].

    O el vencedor en primera instancia, en los supuestos en los que la sentencia no haga referencia alguna a las costas[50].

    Es preciso, también, tener en consideración que el gravamen, en ocasiones, tendrá

    un carácter procesal. Es decir, también causa gravamen la denegación de una excepción procesal o la denegación de una de las pretensiones alternativas. En estos supuestos, la falta de impugnación de la parte interesada producirá la firmeza de aquellos pronunciamientos por aquiescencia o consentimiento. Por esta razón, consideramos que también tiene interés en orden a la impugnación la parte a la que la sentencia le causa un gravamen no material, pero si procesal[51].

    Por último, obsérvese que tanto la legitimación activa como la pasiva se predican de los que fueron parte en el proceso y en los términos en que quedo trabada la litis en la primera instancia. No es posible aducir nuevas demandas en la alzada. Así, una cosa es la legitimación en orden a la impugnación y otra bien distinta es la concreta petición o pretensión impugnatoria sostenida en la alzada. En este sentido, y según un ejemplo harto elocuente, no puede el codemandado condenado en la instancia solicitar la condena del codemandado absuelto. Pero no por un problema de falta de legitimación, sino porque la solicitud de condena del litisconsorte es en realidad una nueva demanda[52].

  5. La postulacion procesal

    Los requisitos de postulación en orden a la apelación siguen las mismas reglas que las establecidas para la primera instancia de los respectivos procesos. Así, debemos acudir a las normas que regulan la representación y dirección técnica en juicio previstas en los arts. 4 y 10 de la LEC.

    Con base en dichas normas se establecen las siguientes reglas:

  6. En el recurso de apelación contra las sentencias dictadas en juicio de mayor y menor cuantía es precisa la comparecencia mediante procurador y la dirección técnica de letrado (arts. 4 y 10 LEC).

  7. El recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicio de cognición se interpondrá por escrito con firma de abogado (art. 62.1 DJM). Las partes podrán comparecer por si mismas siendo facultativa la representación mediante Procurador (art. 27 DJM) [53].

  8. En el juicio verbal no se requiere, en primera instancia, la intervención de abogado y procurador (arts. 4 y 10 LEC)[54].

    No existiendo norma alguna que modifique la regla general se plantea si es necesario, en sede de apelación, cumplir algún requisito de postulación.

    Ante el silencio legal se ha de entender que no es precisa la representacion y dirección técnica de procurador y abogado en la sustanciación de la segunda instancia de esta clase de juicios[55].

    Sin embargo, considerando que la apelación de estos procesos precisa de escrito de interposición fundamentado resulta cuanto menos paradójico que no se exija a la parte recurrente el cumplimiento de los requisitos de postulación ordinarios. Sería razonable, como mínimo, la exigencia de dirección letrada a efectos de garantizar, de forma efectiva, el derecho de defensa del apelante[56].

    Y, por otra parte, téngase en cuenta que algunas sentencias declaran que en los juicios especiales se exige la intervención de letrado, especialmente cuando la cuantía de lo reclamado supere el límite del juicio verbal[57].

    Especialmente conflictiva es la cuestión respecto a las costas causadas en juicio verbal del automovil. Respecto a esta cuestión algunas sentencias consideran que la norma legal no permite considerar preceptiva la intervención de abogado, por cuanto el artº 11.2 LEC excluye expresamente los honorarios de abogado cuando no fuere preceptiva su intervención[58].

    Sin embargo, otras sentencias declaran, a contrario, que a efectos de costas debe entenderse preceptiva la intervención de letrado, ya que el juicio verbal del automovil es un proceso especial, no sólo en razón de la materia, sino, también, respecto a las reglas especiales que se siguen (Con relación al juicio verbal del automovil véase § 11.b)[59].

    Téngase también en cuenta el artº 11.2 LEC, que prevé que...

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