La contracción del Estado social

AutorAntonio Baylos Grau
CargoCatedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UCLM
Páginas11-34

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1. Calificativos del estado: en torno al estado social

El Estado es una forma que asume históricamente la comunidad política, coextensa con una población y un territorio. El Estado es definido fundamentalmente no sólo por el sistema de poder que éste organiza, sino por sus funciones en lo económico, lo social y lo ideológico. El desarrollo de ese programa de normas y de decisiones, de políticas en plural, que afectan a todos los ámbitos de la existencia individual, colectiva y social, se sustancia en un momento constituyente, en el que se fija un cierto nivel de equilibrio en el sistema de poder -privado y público- en el sistema económico capitalista, y se delimitan las alternativas y los proyectos de cambio y de regulación social que se adhieren a los diferentes sujetos políticos y sociales que actúan en una nación determinada. En la experiencia del siglo XX europeo, los Estados nacionales se articulan sobre democracias de masa, basadas en el sufragio universal y en la igualdad de sexos, y esa base democrática se radicaliza en la medida en que el principio mayoritario base se hace coincidir con la exigencia de igualdad económica y social por parte de las clases subalternas. Señalando así el trabajo, tradicionalmente el trabajo productivo, como componente fundamental de la estructura de la sociedad, se llega a afirmarse, como en el caso de la constitución italiana, que éste es un "principio constitutivo de la forma de estado". Si el trabajo productivo es la base de la producción social y además se reconoce como valor político que informa el orden normativo del Estado y caracteriza así sus finalidades

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institucionales, se trata por tanto de un concepto que se sitúa de forma polémica en un sistema económico basado en la explotación del trabajo para la acumulación del capital privado que genera profundas desigualdades en la sociedad. En esa tensión se registra "un movimiento de liberación de las fuerzas del trabajo de la explotación de la que son objeto"2.

Pero la realización de este proceso de subordinación en un "proyecto de acumulación infinita del capital privado" era justamente el origen y la función del Estado liberal, especialmente caracterizado como "Estado de derecho". Por eso en un momento histórico, la noción de estado de derecho se contraponía a la de estado social. El Estado de derecho se explica como la forma que garantiza la expresión y la coordinación de las energías individuales que se despliegan en el mercado para la obtención de la ganancia y la acumulación de riqueza, y en ese contexto se garantiza la igualdad y la libertad formal y los derechos fundamentales como esferas de no interferencia de la acción del Estado, con la ley como norma general y abstracta que asegura certeza y continuidad al orden económico y social. Ese ordenamiento formal escinde el espacio público y el privado, garantiza ante todo la individualidad económica, enmascara una posición de dominio. El Estado de derecho en la concepción liberal es, simultáneamente a su expresión de libertad, un aparato de dominación al servicio de la clase burguesa, que se expresa en una doble línea de crear legitimidad y consenso de una parte, y de aplicar la represión y garantizar la explotación por otra, lo que da lugar a su consideración privilegiada como espacio normativo que "promueve" el progreso económico y la riqueza de la sociedad capitalista, la autorregulación del proceso de acumulación del capital. Frente a este esquema liberal, el Estado social afirma un ordenamiento formal que no está desconectado de sus presupuestos materiales, y niega la capacidad de auto-rregulación del mercado como forma de creación de riqueza y espacio de libertad y de igualdad. La noción significa la imposición de una democracia económica, la socialización de los medios de producción y la transformación de la base de la producción social. El Estado social regula de forma positiva e interviene activamente sobre la realidad social para construir un orden social igualitario.

La alternativa política en el Estado social que incorporan las constituciones que derrotan a los fascismos europeos era socialista. Nucleada en torno a la clase trabajadora, dotada de una ideología democrática y antifascista, con una ética y una utopía fundada sobre el trabajo, centrada en la gestión del poder económico y social capitalista, no en la naturaleza de este poder3. Partidos y sindicatos se inscribían en esa misma línea en Italia como en Francia, y, tras la desaparición de los últimos fascismos, en Grecia, en Portugal, en España. Lo que implica que en la

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base de ese Estado Social hay una tensión conflictiva originada por la presencia del movimiento obrero y su representación en el campo político-electoral y en el espacio social. El Estado social implica por tanto la "fundación" de una subjetividad colectiva, "llevar a la constitución toda una clase social", que establece con el orden constitucional establecido y el Estado constituido una relación tendencialmente crítica, en un proceso dialéctico de superación de lo existente por una alternativa socialista4. Composición de clase en el marco del afianzamiento de lo que se denomina fordismo o en torno a la figura del obrero-masa, y alternativa socialista en el sentido de sustituir progresivamente el sistema capitalista por un proyecto general de apropiación de la riqueza social desarrollando estructuras de contra-poder en los espacios de enajenación y de explotación, privados y públicos, democratizando materialmente por tanto las estructuras de poder públicas y privadas.

De este modelo constitucional que se extiende tras la derrota de los fascismos en Europa hay varias versiones, pero en todas ellas se aprecia la revalorización de la democracia como reacción frente a las experiencias fascistas o corporativistas. En torno al concepto de Estado "democrático y social", hizo también fortuna el que emplea la Constitución española, importado de la Ley Fundamental alemana de 1949, Estado Social de Derecho5. La aceptación de la "vieja" legalidad burguesa y su transformación en una legalidad democrática de base pluralista rebajaría los tér-minos de esta oposición entre "social" / "socialista" y "de derecho". No obstante, el término de Estado social es a la vez enormemente expresivo y decididamente simbólico, comporta una doble dimensión de idealización y de incorporación, lo que significa que al encarnar en esa noción la potencia social evocada de cambio y de transformación, posibilita la sensación de que ambos pueden ser alcanzados en el devenir histórico mediante la acción colectiva del sujeto político y social6. Y facilita la elipsis de las fuerzas políticas enraizadas en el movimiento obrero respecto del modelo de estado construido en el llamado socialismo real, el ejemplo soviético.

El Estado Social -y esa Constitución social- buscaba la unificación de la ciudadanía social y política atribuyendo a los sujetos reales de las relaciones sociales una legitimación formal tanto en la sociedad como en el Estado, predominantemente a través de la representación colectiva de las figuras sociales del trabajo y de las personas que trabajan7. Por tanto se configuraba como "programa" para la superación de la organización económica y social del capitalismo y sus límites "de hecho" sobre la base de una legitimación democrática que reconfiguraba el espacio público.

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Pero esta definición política del Estado se contamina con otros modelos que difuminan esa impronta socialista y democrática. Se trata de la superposición de la noción del Welfare State, que implicaba una seguridad social universal, servicios públicos iguales para todos, pleno empleo y salario suficiente para todos los ciudadanos, en el marco de una garantía formal de la igualdad, de hegemonía de los intereses productivos y de corrección de los mecanismos del mercado. El Estado de bienestar debe cambiar las fuerzas presentes en el mercado para obtener, a través de la acción estatal, la seguridad social de los individuos, lo que se realiza no sólo mediante prestaciones públicas que garantizan la suficiencia económica en casos de vejez, invalidez, enfermedad, accidente de trabajo o desempleo, sino también mediante la protección familiar, la asistencia sanitaria universal, las viviendas sociales. Ello unido a la igualación de las posibilidades y capacidades de los individuos a través de un sistema público de educación en todos sus grados, y la redistribución de la renta a partir de un sistema fiscal progresivo. Un objetivo central, en este diseño, era desde luego la regulación del mercado de trabajo y las políticas de empleo en la línea de conseguir un nivel suficiente de empleo, una situación de pleno empleo. El bienestar lleva consigo asimismo el reconocimiento de la autonomía colectiva y la acción sindical dirigida fundamentalmente a la mejora de las condiciones de trabajo y la elevación de la renta salarial, así como las facultades de presión y de conflicto ligadas a estos procesos8.

En la recepción de estos modelos superpuestos se produce una cierta absorción de la referencia directa del Estado Social al componente de clase que le sostiene en el elemento más asistencial y estatalista que implica el modelo de Estado del Bienestar. Esta impregnación coloca el centro de gravedad de la noción política en la acción del Estado y de su administración, en las políticas que lleve a cabo, en detrimento del espacio de la autonomía del sujeto colectivo que representa al trabajo asalariado en el espacio público y en la dimensión económico-social. El Estado Social se lee por consiguiente como un instrumento de desmercantilización de las necesidades...

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