La situación de la mujer migrante en el sistema jurídico español

AutorMª Dolores Machado Ruiz
Páginas295-318

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I Introducción

El actual panorama social1 y económico se nos presenta marcado por el imperialismo económico y la expansión de sus políticas neoliberales. La miseria y exclusión de los países periféricos generada por la globalización económica ha propiciado un incremento de las migraciones a los países del primer mundo2.

A este desigual e injusto orden socioeconómico se añade el proteccionismo y progresivo endurecimiento de las leyes de inmigración que han acentuado el proceso de marginalización de esa inmigración. Las restrictivas condiciones impuestas por los países receptores para la obtención de un permiso de

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residencia y de trabajo, ha favorecido un fenómeno migratorio cada vez más clandestino e ilegal. Cuando las posibilidades de desarrollar una actividad laboral legal y normalizada se reducen sustancialmente, particularmente en el caso de las mujeres, su única opción laboral queda restringida a los sectores de la economía sumergida y al mercado ilegal de bienes y servicios y, con ello, se incrementa las oportunidades de ser victimas de explotación.

De este modo, esas nuevas “aves de paso” que tratan de “buscarse la vida” en los denominados países desarrollados, vienen a convertirse en “ciudadanos de segunda clase”. Concepto que pone en evidencia la importancia que ha cobrado la nacionalidad de origen en esta parte del planeta como fuente de derechos3. En el caso de las mujeres migrantes se hace aún más evidente, tanto por la invisibilidad y aislamiento social que comporta los trabajos que le son reservados (el trabajo doméstico, de cuidados y el mercado del sexo principalmente), como por lo que algunos autores califican de feminización de la supervivencia. Una noción que va referida no tanto al hecho de que la economía doméstica, realmente comunidades enteras, dependen de manera creciente de las mujeres inscritas en los circuitos transfronterizos, como a toda una suerte de empresas cuyos modos de obtener ganancias se realizan en los márgenes de la economía ilícita4.

En España, por ejemplo, un número significativo de las mujeres que, inicialmente, trabajaban en el servicio doméstico o de los cuidados valoran optar, en algún momento, por ingresar en el mercado del sexo, más rentable económicamente que los otros espacios laborales destinados a las mujeres migrantes. Para otras mujeres, la inserción en la industria del sexo resulta una salida válida y autónoma para materializar su proyecto migratorio teniendo en cuenta las opciones disponibles, antes incluso de iniciar el viaje. Lo que significa que el trabajo sexual se vivencia como solución no como problema en sí mismo. Esto es, la gran mayoría eligen trabajar en el sector del sexo global, pero no eligen las condiciones de abuso y explotación a que las aboca la exclusión social y laboral, así como el fuerte estigma que acompaña esta actividad. Otro tema son las mujeres coaccionadas y explotadas en el sector del

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sexo transnacional y que son impunemente violentadas por individuos o redes delictivas. Esta violencia de género extrema en el contexto de la prostitución hay que distinguirla radicalmente del trabajo sexual y de las mujeres que se insertan en este sector como opción personal y laboral5.

Se hace, pues, necesario añadir a esos factores económicos y sociopolíticos las desigualdades de género para entender la creciente presencia de mujeres en los movimientos migratorios contemporáneos. Una migración femenina que por sus especiales características y peculiaridades requiere de un tratamiento diferenciado desde una perspectiva de género.

II La creciente feminización de las migraciones contemporáneas

Cada vez hay más mujeres que optan por emigrar debido a la exclusión económica, otras para resistir y enfrentarse a la subordinación masculina, la violencia de género y/o la asfixia social que restringe su libertad, y la mayoría por ambas razones.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los últimos diez años se ha producido un espectacular aumento de la mano de obra femenina: más de 200 millones de mujeres se han incorporado a la economía visible. La dimensión económica de esas migraciones femeninas trasciende con creces el ámbito familiar y comunitario. Son ellas las que envían más dinero de sus ingresos a los países de origen, hasta el punto de que esas remesas económicas de las mujeres migrantes constituyen uno de los principales incentivos económicos en grandes áreas del mundo como, por ejemplo, en América Latina. Así se constató en las Conclusiones del Forum de Migraciones Internacionales en las Américas, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: “las remesas de los emigrantes han contribuido a mejorar la balanza de pagos y constituyen, en algunos casos, una fracción significativa del PIB de los países de origen” (Septiembre-2000)6.

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Pese a esta realidad incontestable, los discursos y políticas migratorias, a escala estatal y europea, continúan ocultando el protagonismo y autonomía de las mujeres en las migraciones post modernas, así como las singularidades de las opciones y estrategias laborales femeninas. La lógica economicista y sexista predominante sigue presentando al hombre como el sujeto activo de las migraciones, negando así el rol de agencia de las mujeres y su acción crucial en el desarrollo económico en los países de origen y de destino. Las mujeres migrantes continúan siendo globalmente asociadas, o bien al matrimonio y la familia –bajo la fórmula de la reagrupación familiar– o bien a la trata y la explotación sexual. Es decir, raramente son reconocidas como migrantes con autonomía y voluntad propia7. Oso lo resume muy bien: las causas que se identifican para la migración femenina son sociales, mientras que en el caso de los hombres se resaltan las razones económicas8.

Un entendimiento que claramente juega en contra de las mujeres migrantes. Las mujeres que han sido ignoradas –desde siempre– como sujetos migrantes por el efecto discriminatorio del género, están destinadas a ocupar los primeros puestos en el discurso de la vulnerabilidad. Se habla de mujeres pobres, en situación de necesidad extrema, con un subdesarrollo socio-cultural y personal, que se ven abocadas a emigrar como única forma de escapar de esas dramáticas circunstancias. Así lo demuestra el crecimiento actual de su representación en la población migrante mundial (más del 50%). Una migración que en la mayoría de los casos está determinada por razones económicas: la feminización de la pobreza, la fuerza de trabajo, la jefatura femenina en muchos hogares desde donde emigran. Pero también está motivada por motivos personales como la búsqueda de mejores condiciones laborales y sociales, de libertad para gestionar sus vidas frente a los mecanismos de dominación del

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patriarcado que se encuentran todavía muy vigentes en sus lugares de origen –y tampoco superados en los de destino–.

A esa visión colonial llena de prejuicios clasistas y racistas que engloba a todo el colectivo de mujeres migrantes, se une el mercado de trabajo secundario e invisibilizado al que están predestinadas a ocupar (servicio doméstico, servicios de cuidado, servicios sexuales,..), y que las deja fuera de los cupos legales de entrada al país de destino. Se hace así prácticamente inevitable que recurran a la industria clandestina de las migraciones.

Es cierto que esas redes migratorias de las que dependen para trasladarse pueden ser de muy diversa índole: comunitarias (a través de parientes, amigos,..), más o menos profesionales, tanto de carácter comercial (empresarios, prestamistas,..) como coercitivas,… Pero da igual, todas –o casi todas– caben dentro de ese concepto de criminalidad organizada, donde basta la presencia de dos o más de tres miembros que normalmente actúan con fines lucrativos.

Todo este cúmulo de factores: pobreza, clandestinidad, criminalidad organizada, explotación, determina que automáticamente se otorgue a la mujer migrante el status de “vulnerabilidad” y, con ella, la calificación de victimas de su propio proyecto migratorio.

Se refiere expresamente a esa vulnerabilidad de la mujer inmigrante trabajadora, la Resolución 54/138 de la Asamblea General sobre Violencia contra las Trabajadoras Migratorias de 10 de febrero de 2000. En ella se alude a la situación de pobreza que marca especialmente la situación de las mujeres de países en desarrollo, que hace evidente la necesidad de emigrar. Una situación que conduce a situaciones de ilegalidad por la carencia de documentación o la utilización de papeles falsos o irregulares, o la utilización del matrimonio arreglado, que en la mayoría de las veces se traduce en el sometimiento a situaciones de abuso y explotación, al mismo tiempo que un volumen de ingresos tanto para el país de origen como para el de acogida.

A esta visión victimizadora de la migración femenina han contribuido sin duda las corrientes actuales que consideran cualquier obtención de lucro a partir del trabajo femenino como un problema de género que afecta a sus derechos vitales, dejando en un segundo plano la finalidad que esas mujeres persiguen al emigrar. Se afirma así que “son muchas las mujeres que, atraídas hacia el extranjero por la promesa de trabajos bien pagados, aceptan los servicios

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ofrecidos por traficantes migratorios, para una vez firmemente entrampadas económicamente y dentro de un ambiente de migración ilegal en tránsito o en el país receptor, se convierten en objetos vulnerables a los abusos como trabajadoras en condiciones de semiesclavitud o como trabajadoras forzadas del sexo”9.

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