Separación de instrucción y juzgamiento y la doble conformidad en el derecho disciplinario
| Autor | Juan Felipe Criollo Figueroa, Miguel Ricardo Medina Escobar |
| Cargo del Autor | Abogado egresado de la facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario/Abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, Medellín, Antioquia |
| Páginas | 253-282 |
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FUNDAMENTOS DE DERECHO DISCIPLINARIO
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RETOS Y DESAFÍOS DE UN MUNDO GLOBALIZADO
1. Introducción
Se nos ha encomendado la tarea de explicar dos garantías procesales que
se han incorporado recientemente al derecho disciplinario: la separación de fun-
ciones de instrucción y juzgamiento y la doble conformidad. Estas instituciones
procesales tienen en común el carácter de garantía, pues tienen por vocación in-
crementar el espectro de protección de los derechos del investigado en el marco
del proceso disciplinario.
La separación de instrucción y juzgamiento impone que el funcionario
que asume la etapa de instrucción sea diferente a aquél que asume la etapa de
juzgamiento3. La visión de esta garantía es preservar la imparcialidad del juzga-
1 Abogado egresado de la facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Seño-
ra del Rosario, con profundización en derecho penal en la misma Universidad, Magister
en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, España y
Especialista en Ciencias Penales y Criminologías de la Universidad Externado de Co-
lombia. Director de la Firma Juan Felipe Criollo Abogados.
2 Abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, Medellín, Antioquia.
Magister y Especialista en Derecho Penal de la misma Escuela. Abogado y consultor en De-
recho Penal y Disciplinario, Exasesor del Despacho de la Procuradora General de la Nación.
3 Artículo 12 Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021
CAPÍTULO IX
Separación de instrucción y
juzgamiento y la doble conformidad
en el derecho disciplinario
Juan Felipe Criollo Figueroa1
Miguel Ricardo Medina Escobar2
JUAN FELIPE CRIOLLO FIGUEROA | MIGUEL RICARDO MEDINA ESCOBAR
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RICARDO HERNÁN MEDINA RICO WILLIAM JAVIER SALAZAR MEDINA COORDINADORES
dor, evitando que su juicio pueda verse permeado por el conocimiento que se ha
formado previamente en la fase de investigación.
La doble conformidad, a su vez, comporta el derecho que tiene el investigado de
“que la primera sentencia condenatoria pued a ser revisada por una autoridad distinta
a la que profirió la condena y mediante un recurso que garantice un e xamen integral,
que permita cuestionar aspectos fácticos, probatorios y jurídicos, con independencia
de la nominación del medio judicial, recurso o proce dimiento que se utilice”4.
Ambas instituciones se conocen en otras áreas del derecho, pero su arribo
al derecho disciplinario proviene de la Ley 2094 de 2021, la cual modificó la Ley
1952 de 2019 y que en su total componen un solo cuerpo normativo: el Código
General Disciplinario. Esta Ley tuvo como propósito dos ejes fundamentales:
cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en el fallo Petro Urrego vs Colombia y modificar aspectos dogmáticos
y procesales de la Ley 1952 de 2019. Es pertinente tener presente el contexto del
mencionado fallo internacional ya que esta decisión es, en parte, la consecuencia
de la implementación en los procesos disciplinarios de las garantías que aquí es-
tudiaremos. En este fallo, la CIDH ana lizó la destitución e inhabilidad impuesta
por la Procuraduría General de la Nación (PGN) al entonces alcalde de Bogotá y
hoy Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el 9 de diciembre de 2013.
La destitución e inhabilidad impuesta por la PGN al Señor Petro Urrego
fue consecuencia de un proceso disciplinario adelantado por la Sala Discipli-
naria de la entidad, relacionado con la denominada “crisis de recolección de las
basuras en Bogotá a finales del 2012” 5. Tal y como ocurría en los procesos disci-
plinarios adelantados bajo la Ley 734 de 2002, la tendencia era inquisitiva, con-
vergiendo las funciones de instrucción y juzgamiento en un mismo funcionario.
Asimismo, los procesos contra los funcionarios del más alto rango, entre ellos
el Alcalde Mayor de Bogotá, eran de única instancia. Bajo ese contexto norma-
tivo, la Sala Disciplinaria de la PGN, formuló pliego de cargos y posteriormente
impuso las sanciones de destitución e inhabilidad en contra del funcionario por
irregularidades en la precitada crisis en el fallo de única instancia.
La CIDH falló en contra del Estado colombiano, encontrándolo responsa-
ble por la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, pun-
4 Corte Constitucional, Sentencia C-414 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020, párr. 38
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