Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de septiembre de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: María Concepción García Vicario)
| Páginas | 344-348 |
| Fecha | 01 Noviembre 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Noviembre 2025 |
| Autor | Dra. Eva Blasco Hedo |
Actualidad Jurídica Ambiental – n. 161, Noviembre 2025
344
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 27 de noviembre de 2025
Contencioso-Administrativo, Sección 5, Ponente: María Concepción García Vicario)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del
Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 4279/2025 - ECLI:ES:TS: 2025:4279
Palabras clave: Concesión demanial. Prórroga. Dominio público marítimo terrestre.
Ganadería. Interés general. Informe ambiental autonómico. Plazos. Evaluación de impacto
ambiental. Prevención y control integrados de la contaminación.
Resumen:
La Sala conoce del recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la
sentencia de 23 de mayo de 2023, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso formulado por un particular
contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de prórroga de la concesión
administrativa interesada el 30 de noviembre de 2016 por el recurrente sobre una porción de
la concesión administrativa otorgada por Real Orden de 25 de junio de 1909 para secar dos
porciones de marisma separadas por la regata del Cirrio, margen izquierda del Río Ansón, en
Carasa, término municipal de Voto (Cantabria) destinada a una instalación agrícola-ganadera
(industria láctea).
Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia consisten en:
“Reafirmar, complementar, matizar y, en su caso, corregir o rectificar la doctrina
jurisprudencial referida a las prórrogas de las concesiones demaniales en dominio público
concretamente, determinar: (i) el eventual carácter no reglado de estas prórrogas y la
posibilidad de su denegación por razones de interés general -singularmente de naturaleza
medioambiental o por seguridad de las personas- y ello aun cuando la prórroga en cuestión
verse sobre una concesión referida a una actividad para la que no resulta exigible informe
ambiental autonómico; y (ii) si el plazo de concesión dela prórroga ha de ser necesariamente
por 75 años o, tratándose este de un plazo máximo, puede modularse su duración en función
de los usos específicos y atendiendo a dichas razones de interés general”.
Para ello, serán objeto de interpretación, en principio, el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. el art. 172 y siguientes del Reglamento
Contaminación, actualmente artículos 2 y 5.a) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la dicha Ley.
La Abogacía del Estado discrepa de la sentencia de instancia en su interpretación del art. 2
de la Ley 2/2013, a cuyo tenor, únicamente cabría denegar la prórroga si la actividad a la que
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