Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 31 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
| Autor | María Pascual Núñez |
| Cargo | Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid |
| Páginas | 147-151 |
Recopilación mensual – n. 123, Mayo 2022
147
Cantabria
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 19 de mayo de 2022
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 31 de enero de 2022 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de
Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 134/2022- ECLI:ES:TSJCANT:2022:134
Palabras clave: Acceso a la justicia. Caza. Información ambiental. Instrumentos de
planificación. Lugares de importancia comunitaria (LIC). Parques Nacionales. Participación.
Ordenación de los recursos naturales. Zona de especial protección para las aves (ZEPA).
Resumen:
El supuesto de autos versa sobre la impugnación del Plan Anual de Caza de la Reserva
Regional de Caza Saja para la temporada 2019/2020 aprobado por Orden MED/7/2019, de
2 de abril (BOC 5 de abril de 2019), por parte de una asociación ecologista.
La recurrente considera que se ha omitido el trámite de participación e información pública,
y considera insuficientes la motivación técnica, la evaluación de las consecuencias, la memoria
de temporada, los informes o estudios técnicos, máxime cuando se trata de un plan que afecta
a una reserva.
En relación a la aprobación del plan controvertido, se citan los artículos 14 y 45 de la Ley de
Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza, el Decreto 66/2014, de 30 de octubre, por el que
se regula la Reserva Regional de Caza Saja, los artículos 22 y 23, entre otros, de la Ley 4/2006,
de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, y la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El primer motivo de impugnación menciona tres vicios de procedimiento: i) incumplimiento
del procedimiento establecido para la aprobación del plan (artículos 13 y 45 de la Ley
12/2006), en cuanto a la composición de la Junta Consultiva (artículo 4, apartado 1.k) del
Decreto 66/14). Por no haber requerido en noviembre de 2016 el nombramiento de un
representante de las asociaciones ambientales, ni se notificó a la mismas, vulnerando el
derecho de participación medioambiental (artículo 3 de la Ley 27/2006 y 24 de la
Constitución, y STSJ número 1475/2017, de 29 de diciembre, de Castilla y León). Asimismo,
se invoca la normativa civil sobre carga de la prueba; ii) omisión del trámite de información
pública por no haber sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (artículo 21 de la Ley
42/2007, artículo 3 de la Ley 27/2006, artículo 133 de la Ley 39/2015 y el artículo 51.3 de la
Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y
del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria); iii) infracción del
artículo 51 de la Ley 5/2018, en cuanto a que la Memoria de Análisis Normativo se redactó
antes de que finalizase el plazo de alegaciones y debe ajustarse a los requisitos del Real
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