Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 10, Ponente: Ana Rufz Rey)
| Fecha | 01 Febrero 2017 |
| Autor |
www.actualidadjuridicaambiental.com
73
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 21 de febrero de 2017
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de diciembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 10, Ponente: Ana Rufz Rey)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de
Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 13192/2016 – ECLI:ES:TSJM:2016:13192
Temas Clave: Aguas; Confederación Hidrográfica; Procedimiento sancionador
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular contra
la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a través de la cual se desestima el
previo recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra una sanción de 7.000
euros (más la obligación de reponer las cosas a su estado anterior). Dicha sanción le había
sido impuesta por el organismo de cuenca por la infracción administrativa leve tipificada en
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Según se refiere en la sentencia, los hechos objeto de sanción son la ocupación de un cauce
innominado mediante relleno de tierras para después labrarlas, a lo largo de 100 metros,
resultando el cauce modificado sustancialmente sin daños en el dominio público, todo ello
en una localidad de la provincia de Guadalajara.
Al margen de que la parte recurrente, en su escrito de demanda, efectúe algunas
consideraciones sobre irregularidades en el procedimiento sancionador, acerca de la
notificación de la sanción, y que son desechadas por la Sala, conviene detenerse en un
Informe de replanteo topográfico del espacio donde se supone que se han producido los
hechos, elaborado por ingeniero técnico agrícola, y que es presentado por el recurrente.
Al respecto de éste Informe, la Sala lo contrapone al boletín de denuncia elaborado por
Agentes del Seprona en el que constan los hechos en virtud de los cuales se ha dictado la
resolución sancionadora. De hecho, a la hora de comparar las coordenadas geográficas
respecto del Boletín de denuncia y del precitado Informe pericial, se acredita que los
hechos imputados no se corresponden con la realidad de forma indubitada, al concluirse en
el Informe que «no se aprecia en el lugar identificado de los hechos denunciados ninguna
prueba de la existencia de tales hechos, ni siquiera la posibilidad de que se hubieran dado,
dada la naturaleza del terreno y aprovechamiento del mismo, no sólo en dichas
coordenadas, sino tampoco en sus inmediaciones, no existiendo ninguna superficie labrada
en los últimos años en un radio de al menos 54 metros».
De este modo, aunque la Sala efectúe un análisis sobre la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que atribuye a los informes y actas de los agentes de la autoridad un principio de
veracidad y fuerza probatoria, capaz de quebrar la presunción de inocencia del
administrado, también se hace eco de la presunción iuris tantum, que entiende que se da en
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