Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de marzo de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 4 Ponente: Beatriz Galindo Sacristán)
| Páginas | 361-363 |
| Fecha | 01 Noviembre 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Noviembre 2025 |
| Autor | Dra. María Pascual Núñez |
| Materia | Derecho del Medio Ambiente |
Actualidad Jurídica Ambiental – n. 161, Noviembre 2025
361
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 27 de noviembre de 2025
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de marzo de 2025
(Sala de lo Contencioso, Sección 4 Ponente: Beatriz Galindo Sacristán)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de
Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 4375/2025 - ECLI: ES:TSJAND:2025:4375
Palabras clave: Aguas. Dominio Público Hidráulico. Suelos. Protección ambiental.
Resumen:
El litigio de autos trae causa de la Resolución del Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo del Ayuntamiento de Loja, de 10 de agosto de 2020, que ordenó el
restablecimiento y reposición al estado originario de una parcela en la localidad de Riofrío,
tras la realización de unas obras sin la preceptiva autorización administrativa. En concreto, i)
un muro perimetral de bloques de hormigón de 3 metros de altura y 17 metros de longitud,
ubicado en zona de policía y servidumbre de cauce; ii) una escollera de piedra y hormigón en
dominio público hidráulico del arroyo Salado, con 10 metros de longitud, 1,5 metros de
ancho y 1 metro de altura; y iii) relleno de la parcela para elevarla respecto de las parcelas
colindantes.
Esta resolución se impugnó en sede judicial, sobre la cual recayó la sentencia de 11 de febrero
de 2022, desestimatoria del recurso inicial considerando que las obras afectaban tanto a zona
de servidumbre y policía como a dominio público hidráulico, y que la acción de reposición
era imprescriptible en el caso de obras en dominio público hidráulico, conforme a la Ley de
Aguas y el artículo 132 de la Constitución Española. Asimismo, rechazó la existencia de vicios
formales en el procedimiento y se consideró que la demolición de las obras era la única
solución posible ante la incompatibilidad manifiesta con la normativa de aplicación.
En el procedimiento de apelación, el particular actor alega, en primer lugar, la caducidad del
procedimiento por haberse notificado fuera del plazo legal de un año (artículo 182.5 LOUA),
y por otro, la prescripción de la acción de reposición debido a la antigüedad de las obras (más
de 30 años, según informe pericial y testimonios), invocando la aplicación de la Ley del Suelo
de 1976 y normativa posterior. Igualmente, discute la necesidad y validez de los informes
solicitados por la Administración a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El Tribunal desestima la caducidad por tratarse de una alegación extemporánea, no
formulada en primera instancia, y confirma la doctrina jurisprudencial que impide plantear
cuestiones nuevas en apelación.
En cuanto a la prescripción, la Sala distingue entre las obras realizadas en dominio público
hidráulico (escollera) y las situadas en zona de servidumbre y policía (muro y relleno). En el
caso de la escollera, se confirma la imprescriptibilidad de la acción de reposición, apoyándose
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, que establece
que el dominio público hidráulico es imprescriptible y debe ser defendido por la
Administración en nombre del interés general, sin importar el tiempo transcurrido desde la
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