Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 26 de febrero de 2025 (Sala de lo Contencioso, Sección 3 Ponente: María José Pereira Maestre)
| Páginas | 358-360 |
| Fecha | 01 Noviembre 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Noviembre 2025 |
| Autor | Dra. María Pascual Núñez |
| Materia | Derecho del Medio Ambiente |
Actualidad Jurídica Ambiental – n. 161, Noviembre 2025
358
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 25 de noviembre de 2025
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 26 de febrero de 2025
(Sala de lo Contencioso, Sección 3 Ponente: María José Pereira Maestre)
Autora: Dra. María Pascual Núñez, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios de
Derecho Medioambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ: STSJ AND 4073/2025 - ECLI: ES:TSJAND:2025:4073
Palabras clave: Cambio de uso. Montes. Agricultura. Espacios Protegidos.
Resumen:
La sentencia que analizamos resuelve el recurso interpuesto por un particular contra la
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Córdoba. El origen del
litigio es la denegación administrativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que no autorizó el cambio de uso forestal a
agrícola de unas subparcelas ubicadas en el término municipal de Los Blázquez (Córdoba).
El particular recurrente argumentó que el terreno en cuestión ha sido destinado
históricamente a cultivos agrícolas, especialmente cereal y barbecho, y que dispone de
concesión de aguas para riego desde 2011, lo que refuerza su carácter agrícola.
La sentencia de instancia desestimó el recurso, basándose en la catalogación de las
subparcelas como Hábitat de Interés Comunitario (HIC) en la Red de Información
Ambiental de Andalucía (Rediam), y en la normativa vigente (Ley 42/2007 de Patrimonio
208/1997 Reglamento Forestal de Andalucía). Según la Administración, la calificación de
terreno forestal no excluye el uso agrícola, pero exige autorización previa y la valoración debe
hacerse sobre la unidad territorial completa, no sobre subparcelas aisladas.
Sin embargo, los informes periciales (judiciales y de parte) coincidieron en que las subparcelas
son claramente agrícolas, no alcanzando el mínimo del 5% de cobertura arbolada exigido
para considerarse formación adehesada según la Ley 7/2010 para la Dehesa. Se destacó que
la concesión de aguas para riego, la percepción de ayudas de la Política Agraria Comunitaria
(PAC), y la información catastral y SIGPAC, corroboran el uso agrícola consolidado y la
ausencia de connotación forestal. A lo anterior, se añade que la delimitación de subparcelas
es realizada por la Administración, no por el propietario, y que la valoración documental
(Catastro, Ayuntamiento, SIGPAC, campañas PAC, concesión de agua) no fue ponderada
adecuadamente en la sentencia de instancia.
En la misma línea, la parte recurrente alega que la sentencia infringe los preceptos de la Ley
terreno forestal aquellos dedicados a cultivos agrícolas. Asimismo, argumenta que la
calificación HIC no implica necesariamente carácter forestal, ya que existen hábitats agrícolas
catalogados como HIC y que la cobertura arbolada de las subparcelas es meramente
testimonial, lejos del mínimo legal para formación adehesada.
Por su parte, la Administración insiste en que la valoración debe hacerse sobre la unidad
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