Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de noviembre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª. Ponente: Santiago Macho Macho)

Páginas163-166
Fecha01 Junio 2025
Fecha de publicación01 Junio 2025
AutorMaría Pascual Núñez
Recopilación mensual n. 157, Junio 2025
163
Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Andalucía
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 10 de junio de 2025
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de noviembre de 2024
(Sala de lo Contencioso, Sección 2ª. Ponente: Santiago Macho Macho)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a
Distancia de Madrid. Asesora y consultora jurídico-ambiental
Fuente: ROJ: STSJ AND 19483/2024 - ECLI:ES:TSJAND:2024:19483
Palabras clave: Fiscalidad ambiental. Hidrocarburos. Energía. Principio de legalidad.
Resumen:
La sentencia de autos resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto por una
mercantil contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía (TEARA) y un acuerdo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), relacionados con una serie de solicitudes para rectificar las autoliquidaciones del
Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH) en los periodos de enero a diciembre de
2013, enero a junio de 2014 y enero a abril de 2016.
La parte recurrente argumenta que durante los periodos mencionados soportó cuotas del
IEH por un total de 756.029,13 euros, repercutidas por GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A. Tras considerar que estas autoliquidaciones perjudicaban
sus intereses legítimos, presentó una solicitud de devolución de ingresos indebidos ante la
AEAT en junio de 2020. Sin embargo, la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Málaga
desestimó esta solicitud en agosto de 2020, lo que llevó a la actora a presentar alegaciones y,
posteriormente, una reclamación económico-administrativa ante el TEARA, que fue
desestimada en junio de 2023.
En el caso de autos, esta parte sostiene que la eliminación de la exención del IEH para el gas
natural utilizado en la cogeneración de electricidad, introducida por la Ley 15/2012 de 27 de
diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, es incompatible con la
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el
régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, que
requiere justificación medioambiental para tal tributación. La recurrente argumenta que la
imposición no cumple con el principio de “quien contamina paga”, generando desigualdad
de trato entre operadores del sector energético y afectando al mercado común. A estos
efectos, cita la STJUE en el caso Cristal Union, de 7 de marzo de 2018, que avala la aplicación
de la exención en situaciones similares, y destaca que la cogeneración es una tecnología
eficiente y menos contaminante, promovida tanto por la normativa comunitaria como por la
política energética nacional. Añade, en base al Considerando 20 de la Directiva 2003/87/CE
y en la Directiva 2012/27/UE, que la cogeneración es más eficiente desde una perspectiva
medioambiental, ya que produce menos emisiones de CO2 por unidad de rendimiento que

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