Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 16 de abril de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María de la encarnación Lucas Lucas)
| Páginas | 174-176 |
| Fecha | 01 Junio 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Junio 2025 |
| Autor | Dra. Eva Blasco Hedo |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
Recopilación mensual – n. 157, Junio 2025
174
Castilla y León
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 19 de junio de 2025
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 16 de
abril de 2025 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María de
la encarnación Lucas Lucas)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del
Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Palabras clave: Incendio forestal. Responsabilidad patrimonial. Montes públicos.
Titularidad. Gestión forestal. Prescripción de la acción. Daños.
Resumen:
Se plantea en el presente recurso jurisdiccional la impugnación de la desestimación presunta
de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por la Junta Vecinal de San
Andres de La Regla el 20 de diciembre de 2016 ante la Junta de Castilla y León, al considerar
que actuó de forma negligente en su condición de gestora de los montes de utilidad pública
487 y 488 por no haber percibido la indemnización por daños causados al patrimonio forestal
de la recurrente.
En apoyo a su pretensión, la Junta Vecinal alega que la Administración autonómica actuaba
tanto en su nombre y por su encargo como en calidad de gestora de los montes de utilidad
pública cuando formuló la reclamación contra el responsable del incendio forestal acaecido
en julio de 2012 del que derivaron unos daños valorados en 2.090.563 euros por el técnico
competente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Considera que
concurren todos los requisitos previstos legalmente para apreciar la existencia de
responsabilidad patrimonial de la Administración demandada por cuanto dejó transcurrir el
plazo prescriptivo para interponer la reclamación judicial a la que venía obligada, lo que le ha
privado de la indemnización a la que tenía derecho y que ahora reclama.
A sensu contrario, la demandada entiende que la reclamación de daños declarada prescrita
fue realizada en nombre de la Junta de Castilla y León y no de la Junta Vecinal, es decir, se
reclaman los daños a los que tenía derecho la Administración autonómica. Añade que de este
pronunciamiento judicial desfavorable en modo alguno se desprende su derecho a ser
indemnizada, máxime cuando no ha demostrado ni el perjuicio sufrido ni su valoración real;
al margen de que podía haber reclamado en la vía civil y no lo hizo. Al mismo tiempo
impugna la cantidad reclamada en base a un nuevo informe.
Sobre la base del artículo 106.2 de la Constitución Española, los artículos 32 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Jurisprudencia
consolidada del Tribunal Supremo sobre responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, considerada objetiva o de resultado, siendo lo relevante la
antijuridicidad del resultado o lesión; la Sala desestima íntegramente el recurso planteado.
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