Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), de 3 de marzo de 2021, asunto C-220/19, por la que se resuelven las cuestiones prejudiciales en relación con las Directivas 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y la Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

AutorÁngel Ruiz de Apodaca Espinosa
CargoProfesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Páginas135-139
Recopilación mensual n. 111, abril 2021
135
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 8 de abril de 2021
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), de 3 de marzo
de 2021, asunto C-220/19, por la que se resuelven las cuestiones prejudiciales en
relación con las Directivas 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos
especiales, 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables y la Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo,
Universidad de Navarra
Fuente: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), asunto C-
220/19
Palabras clave: Impuesto. Energías renovables. Mercado eléctrico.
Resumen:
Las cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ
de la Comunidad Valenciana derivan de un litigio entre Promociones Oliva Park, S. L. (en lo
sucesivo, «Oliva Park»), y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad
Valenciana (en lo sucesivo, «TEAR») en relación con la desestimación de una solicitud de
rectificación de las autoliquidaciones del impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica (en lo sucesivo, «IVPEE») de los ejercicios 2013 a 2016, por la que la
empresa solicita la devolución de 12.609,58 euros.
Oliva Park sostiene que el IVPEE no es conforme con el Derecho de la Unión, en concreto
con las Directivas 2008/118 (impuestos especiales), 2009/28 (fomento de las renovables) y
2009/72 (mercado interior de la electricidad). En concreto, alega que este impuesto se añade
a otros impuestos que gravan el mismo bien o servicio, que constituye en realidad un
impuesto indirecto que grava la producción de energía eléctrica de fuentes renovables, en
detrimento de esta respecto a la producción de energía de fuentes no renovables, sin
diferenciar en función de la intensidad y de la contaminación del medio ambiente y alega
finalmente la carencia de finalidad extrafiscal del IVPEE y la vulneración de la libertad de
mercado y de la libertad de empresa.
A juicio de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, si
bien la Ley 15/2012 configuró el IVPEE como un impuesto directo que tenía por objeto, la
internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de la energía
eléctrica, considera que esta designación no se corresponde con su verdadera naturaleza.
Nada más lejos de la realidad. A juicio del TSJ, entre otras razones, este impuesto no tiene
en cuenta en modo alguno las características del sujeto pasivo, la fuente de producción de
electricidad ni tampoco la intensidad de uso de las redes de transporte y distribución,
considera que mientras que el principio de progresividad exige que el operador económico
que más contamine pague más, el tipo de gravamen del IVPEE es del 7 % para todos los

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