SENTENCIA nº 9 DE 2016 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - SALA DE JUSTICIA, 18 de Julio de 2016

PonenteExcma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón
Fecha de Resolución18 de Julio de 2016
EmisorSALA DE JUSTICIA
AsuntoSENTENCIA nº 9 año 2016 dictada por la SALA DE JUSTICIA
JuecesExcmo. Sr. D. Felipe García Ortiz.- PresidenteExcma. Sra. Dª Margarita Mariscal de Gante y Mirón.- ConsejeraExcmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano.- Consejero

En Madrid, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, integrada conforme se expresa en el margen, ha visto el presente recurso de apelación nº 25/16, interpuesto contra la sentencia de fecha 6 de octubre de 2015, que acordó estimar la demanda interpuesta por Don J. R. B. y por el Abogado del Estado, sin imponer las costas causadas en la primera instancia.

Ha sido parte apelante el Abogado del Estado, y parte apelada Don A. R. M., habiendo igualmente intervenido el Ministerio Fiscal.

Ha sido Ponente la Excma. Sra. Consejera de Cuentas, Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón, quien previa deliberación y votación, expresa la decisión de la Sala, de conformidad con los siguientes:

HECHOS

PRIMERO

El 6 de octubre de 2015, la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento dictó sentencia en el Procedimiento de Reintegro por Alcance nº A-19/15 en la que se estimó la demanda interpuesta por Don J. R. B. y por el Abogado del Estado contra Don A. R. M., sin imponer las costas causadas en la primera instancia.

SEGUNDO

Mediante escrito de fecha 13 de octubre de 2015, el Abogado del Estado interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia.

TERCERO

Por diligencia de ordenación de 24 de noviembre de 2015, se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado del mismo a las partes para que pudieran formular su oposición.

CUARTO

El Ministerio Fiscal se ha adherido al recurso de apelación de la Abogacía del Estado, mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 2015; la parte apelada ha formulado oposición mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2015.

QUINTO

Por diligencia de ordenación de fecha 19 de enero de 2016 se acordó admitir los escritos presentados y dar traslado al apelante de la adhesión al recurso del Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días pudiera, si a su derecho interesaba, oponerse a la misma.

SEXTO

Por diligencia de ordenación de fecha 29 de marzo de 2016, se acordó elevar las actuaciones a la Sala de Justicia y emplazar a las partes para comparecer en el plazo de treinta días, dejando constancia de que el Abogado del Estado no se había opuesto al escrito de adhesión a la apelación del Ministerio Fiscal.

SÉPTIMO

Recibidos los autos en esta Sala de Justicia y los escritos de personación, por diligencia de ordenación de 9 de mayo de 2016 se acordó nombrar Ponente a la Consejera de Cuentas Excma. Sra. Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón, y encontrándose concluso el recurso pasar los autos a la Ponente para preparar la pertinente resolución.

OCTAVO

Por providencia de fecha 8 de julio de 2016 se señaló para votación y fallo el día 15 de julio de 2016, fecha en que tuvo lugar el acto.

En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales en vigor

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

El Abogado del Estado fundamenta su recurso de apelación en la equiparación de la citación al acto de liquidación provisional al demandado con la realización del requerimiento de pago que exige el artículo 395.1, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), a efectos de que pueda proceder la imposición de condena en costas. La Abogacía del Estado desarrolla la premisa anterior señalando que el demandado ya conocía sus responsabilidades pecuniarias tanto por la tramitación de la causa penal que finalizó con su condena a pena de prisión, como por el hecho de que la meritada liquidación provisional finalizara con el apercibimiento de un posible embargo de sus bienes.

En un mismo sentido, en el escrito de adhesión a la apelación del Ministerio Fiscal se razona que, como el demandado fue requerido de pago en la liquidación provisional, debe concluirse que obró de mala fe, conforme a lo señalado en el artículo 395.1 de la LEC.

SEGUNDO

El recurso de apelación no puede ser estimado, en atención a los siguientes razonamientos:

Conforme a lo establecido en el artículo 395.1, párrafo segundo, de la LEC, para que se entienda que ha existido mala fe tiene que haber existido, con anterioridad a la formulación de la demanda, un requerimiento de pago “fehaciente y justificado” del acreedor (parte demandante) al deudor (parte demandada).

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en el precitado artículo, deben realizarse las siguientes consideraciones:

* Con carácter previo a que se dedujera la demanda, no ha existido un requerimiento de pago “fehaciente y justificado” de la parte demandante a la parte demandada en el supuesto enjuiciado. Esto es, antes de que se formularan las correspondientes demandas, no ha existido una reclamación extrajudicial de ninguno de los dos actores en las que se formulara una pretensión total o sustancialmente coincidente con la formulada en los escritos de demanda.

* En cuanto a la presunta equiparación que pretende realizar el Abogado del Estado entre la citación al acto de liquidación provisional, y ese requerimiento de pago “fehaciente y justificado” que exige el artículo 395.1 de la LEC, debe ser rechazada:

* En primer lugar, y desde un punto de vista subjetivo, la citación es una resolución dictada por la Unidad de Actuaciones Previas a la Exigencia de Responsabilidades Contables. Es decir, no se trata de una declaración de voluntad del acreedor por la que requiere el cumplimiento de una obligación a su deudor.

* En segundo lugar, y desde un punto de vista objetivo, porque del contenido de la citación al acto de liquidación provisional tampoco puede extraerse, en ningún caso, una coincidencia total o sustancial con la pretensión que, posteriormente, se formuló en los correspondientes escritos de demanda. De tal manera que no puede razonarse, como realiza la Abogacía del Estado, que el escrito de citación al acto de liquidación provisional constituía un requerimiento formal para que la parte demandada hiciera frente a sus responsabilidades pecuniarias.

* Finalmente, debe hacerse referencia a la alegación contenida el escrito de adhesión a la apelación del Ministerio Fiscal, que fundamenta la mala fe del demandado en el hecho de que, a su juicio, fue requerido de pago en la liquidación provisional; en el mismo sentido, también parece pronunciarse el Abogado del Estado en la parte final de su escrito de apelación cuando afirma que la liquidación provisional finalizó con el apercibimiento de un posible embargo de los bienes del demandado. Las anteriores alegaciones deben ser igualmente rechazadas, en atención a los siguientes razonamientos:

* En primer lugar, se ha de poner de manifiesto que sobre esta cuestión ya se ha pronunciado esta Sala de Justicia en su Sentencia número 7/2011, de 9 de mayo, en los siguientes términos:

“No cabe, por tanto, entender que el requerimiento de depósito o afianzamiento de las actuaciones previas constituye un requerimiento de pago en los términos previstos en el citado art. 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese requerimiento de depósito o afianzamiento es una medida de aseguramiento para garantizar las presuntas responsabilidades contables que pudieran declararse en el procedimiento jurisdiccional correspondiente, siendo la cantidad reclamada en depósito o afianzamiento, el importe provisional que a juicio del Delegado Instructor constituye alcance, así como el cálculo también provisional de los intereses.”

* Por lo demás, desde un punto de vista subjetivo, y al igual que el supuesto de la citación, la providencia de embargo de fecha 18 de diciembre de 2014, notificada al demandado el 9 de febrero de 2015, no es una declaración de voluntad emitida por alguno de los acreedores del demandado requiriéndole el pago de su deuda, sino que es una resolución dictada por la Unidad de Actuaciones Previas a la Exigencia de Responsabilidades Contables.

* Asimismo, desde el punto de vista objetivo, tampoco puede afirmarse que la pretensión contenida en la meritada providencia de embargo de fecha 18 de diciembre de 2014 coincida sustancialmente con la contenida en los escritos de demanda, ya que la finalidad de la providencia de embargo es el aseguramiento de las cantidades que en la fase de Actuaciones Previas se han imputado al presunto responsable contable de una manera previa y provisional, de acuerdo con la naturaleza de este trámite del procedimiento. Pero, hasta que los actores no presentan sus escritos de demanda, una vez que ya se ha incoado la fase del procedimiento jurisdiccional, la parte demandada no podría tener ese conocimiento “fehaciente y justificado” de la cantidad que le está reclamando la parte demandante.

Pero además, en el supuesto de autos la buena fe de Don A. R. M. había quedado acreditada incluso con anterioridad a la presentación de los escritos de demanda de los actores. Tal y como se deja constancia en los antecedentes de hecho del decreto de fecha 1 de julio de 2015, por el que se admitieron las demandas y se dio traslado a las partes, y también se concedió al demandado un plazo de 10 días para que manifestase si se allanaba a las demandas de los actores, con fechas de 29 de mayo y 17 de junio de 2015- esto es, antes de conocer el contenido de los escritos de demanda- el demandado presentó sendos escritos ante el Tribunal de Cuentas en los que manifestaba su disposición a abonar el importe que se le reclamaba, sin perjuicio de que se formalizara como se estimase ajustado a derecho.

Finalmente, y a mayor abundamiento, puede señalarse que los anteriores razonamientos son consecuentes con la doctrina que la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales ha venido estableciendo sobre esta materia. En este sentido, puede hacerse referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª) num. 489/2012 de fecha 24 septiembre (Recurso de Apelación núm. 469/2012), en la que se resume adecuadamente la precitada doctrina:

“… 1)El Legislador en el artículo 395 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento civil positiviza la doctrina jurisprudencial sentada en torno a lo dispuesto en el artículo 523 de nuestra derogada Ley de Enjuiciamiento civil de 1.881, al disponer que si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecia mala fe en el demandado, entendiendo, en todo caso, que existe mala fe si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación.

Y, conforme a esa doctrina jurisprudencial elevada al rango de disposición legal (Sentencias de 31 de diciembre de 1992, 4 y 8 de noviembre de 1993, 16 de junio de 1994, 23 de noviembre de 1995 y 9 de enero de 1996), la mala fe ha de ser entendida en forma amplia, de acuerdo con la finalidad perseguida por el precepto que no es otra que, por un lado, evitar la condena en costas del allanado cuando con anterioridad a la presentación de la demanda no haya tenido ocasión de conocer o de cumplir la prestación por no haber recibido reclamación alguna o por cualquier otro motivo legítimo y, por otro, establecer una especie de beneficio legal a favor del litigante vencido cuando con el allanamiento evita la continuación de un costoso procedimiento, de lo que se infiere que debe entenderse incursa en dicha mala fe a la parte demandada cuya conducta previa ha sido causante de la interposición de la demanda judicial; actuación extraprocesal que ocasiona precisamente el comienzo de una litis que objetivamente le es imputable a través del dolo, culpa grave o, incluso, por mero retraso prolongado en el cumplimiento de la obligación reclamada, suponiendo un ataque al crédito o derecho de la parte actora. Y la aplicación de ese entender de la mala fe y de los efectos derivados del requerimiento previo exigen una valoración del mismo y de la actitud de la parte demanda frente a él con anterioridad al proceso y durante la litispendencia.

Por otro lado, la mayoría de las Audiencias Provinciales han venido considerando que existe suficiente motivo para apreciar mala fe a los efectos de imposición de costas en los supuestos en los que la parte demandada muestra su expreso allanamiento a las pretensiones actoras, siempre que previamente hubiera sido requerida por la parte demandante para la realización de alguna actividad o el abono de una determinada cantidad a fin de evitar una posterior reclamación judicial y el contenido del previo requerimiento coincida sustancialmente con la petición de la demanda posterior, pues infringe el principio general del derecho que impone el ejercicio de los derechos subjetivos conforme a las exigencias de la buena fe y prohíbe venir contra los actos propios (art. 7.1 C. Civil) la parte que no atiende un previo requerimiento extrajudicial y da lugar a la interposición de una demanda ante los Tribunales de Justicia para allanarse posteriormente a unas pretensiones sustancialmente coincidentes con las que fueron objeto del requerimiento extrajudicial (así, sentencia del Tribunal Supremo de 26-6-1990, sentencias de la A.P. de Valladolid -sección 1ª- 13-1-1998 , A.P. de Segovia de 29-5-1998, A.P. Asturias -sección 6ª- de 25-10-1999, A.P. de Navarra - sección 3ª- de 8-2-2000, A.P. de Barcelona -sección 12ª- de 22-5-2000, A.P. de Huesca de 5-9-2000, entre otras muchas) de pago, o se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación…".

TERCERO

Respecto a las costas causadas en esta instancia, procede su imposición a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En atención a lo expuesto, y vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

LA SALA ACUERDA:

PRIMERO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia de fecha 6 de octubre de 2015, que acordó estimar la demanda interpuesta por Don J. R. B. y por el Abogado del Estado, sin imponer las costas causadas en la primera instancia, del ramo ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Ministerio de Justicia), Córdoba, la cual se confirma en su integridad.

SEGUNDO

Imponer las costas causadas en esta instancia al Abogado del Estado.

Así lo acordamos y firmamos.- Doy fe.

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN.- Notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el art. 81.2.1º de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con lo previsto en el art. 477.2.2º de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la precedente Sentencia por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas Ponente en estos Autos, Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón, celebrada Audiencia Pública de la Sala de Justicia, de todo lo cual, como Secretaria de la misma, certifico en Madrid, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

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