Selección y carrera. El refuerzo del mérito y la imparcialidad

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¿Cómo seleccionar a los mejores, ayudarles en su desarrollo profesional y estimular un óptimo rendimiento? ¿Cómo asegurar un ejercicio imparcial de sus funciones? Estas son las dos preguntas a las que trataremos de dar respuesta en esta primera parte de la contribución.

1. La necesidad de adaptar los recursos humanos a la misión de la administración general del estado
  1. Antes de abordarlas, necesitamos acometer una reflexión que se antoja harto difícil. Y es que es preciso advertir que andamos huérfanos de una teoría general de la misión actual de la Administración estatal en el marco de los procesos de descentralización territorial e inserción de nuestro Estado en la estructura decisional de la Unión Europea.

    Sin duda la intensidad del proceso de acomodación competencial de nuestras Administraciones al régimen jurídico que deriva del bloque de la constitucionalidad, así como del Derecho originario y derivado de la Unión Europea, permite en cierta medida explicar este vacío, máxime cuando este modelo sigue aun estando sujeto a las tensiones inherentes a los procesos de distribución territorial del poder.

    A falta de este análisis, que creemos que resulta imprescindible1, bueno es reconocer que las páginas que siguen parten de una idea un tanto imprecisa de

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    la misión contemporánea de la Administración General del Estado. Una misión que, a grandes rasgos, se sustancia en funciones de regulación normativa, planificación estratégica de políticas públicas, relaciones exteriores, participación en procesos decisorios de la Unión Europea, coordinación y cooperación intergubernamental, seguridad en sus múltiples vertientes, garantía del ejercicio de derechos fundamentales, evaluación y control. La prestación directa de servicios se encuentra circunscrita a ámbitos bien definidos, como son los de defensa, seguridad ciudadana, recaudación de tributos estatales y prestaciones del sistema de Seguridad Social.

  2. Desde la perspectiva de los recursos humanos, en cualquier caso, parece existir cierto consenso en que la progresiva federalización de nuestra Administración estatal no ha ido acompañada de una oportuna reflexión sobre la composición y la adecuada planificación de sus efectivos.

    En las últimas décadas del pasado siglo la consolidación del Estado del bienestar y el intenso proceso de descentralización territorial generaron un crecimiento del empleo público y una redistribución de efectivos desde la administración central a la autonómica.

    Las cifras de empleo público en España experimentaron un ajuste paulatino desde mediados de los años 90 hasta situarse en 2013 en el 12,7% de la población activa, por debajo de la media de la OCDE, en el 19,3%2.

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    Gráfico 2.1. Empleo público con respecto a la población activa (2009 y 2013).

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    Al propio tiempo, el afianzamiento del Estado autonómico supuso que los efectivos de la Administración Pública Estatal pasaran a representar tan solo el 20,95% del total de los 2.519.280 efectivos de las Administraciones Públicas3,

    como se observa en la siguiente tabla:

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    Tabla 2.1. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

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    Fuente: Registro Central de Personal. Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Enero 2016.

    De acuerdo con los datos del Registro Central de Personal en enero de 2016, la Administración Pública Estatal cuenta con un total de 527.801 efectivos.

    Bajo la rúbrica de la Administración Pública Estatal se integran, además del personal de la Administración General del Estado, los 141.285 efectivos que componen el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), los 121.610 de las Fuerzas

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    Armadas, los 24.281 efectivos de la Administración de Justicia4y, finalmente, los 31.579 efectivos que integran las entidades públicas empresariales y los organismos públicos con régimen específico5.

    Centrándonos de forma específica en la Administración General del Estado, que incluye el personal de Ministerios, Organismos Autónomos y agencias estatales, sus 209.046 efectivos se distribuyen actualmente del siguiente modo6:

    Tabla 2.2. Efectivos por área de actividad.

    [VER PDF ADJUNTO] 7 - 8 - 9 - 10 - 11

    Fuente: Registro Central de Personal: Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Enero 2016.

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    En cuanto a la tipología del personal (funcionario de carrera, laboral y otro personal), la distribución actual es la siguiente:

    Tabla 2.3. Efectivos por Ministerios y tipología de personal.

    [VER PDF ADJUNTO] 13 - 14

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    [VER PDF ADJUNTO]

    Fuente: Registro Central de Personal: Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Enero 2016.

    La evolución de estos efectivos por áreas de actividad desde enero de 2007 puede observarse en el siguiente gráfico:

    Gráfico 2.2. Evolución de efectivos por áreas de actividad.

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    Fuente: Registro Central de Personal: Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Enero 2016.

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    Por lo que se refiere a la composición interna, y centrándonos en el personal funcionario, esta es la distribución por intervalo de edad y subgrupo de clasificación, con arreglo a los datos del BEPSAP correspondientes a enero de 2016:

    Gráfico 2.3. Distribución de efectivos por intervalos de edad y subgrupo de clasificación.

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    Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BEPSAP correspondientes a enero de 2016.

    Por último, la distribución del personal por sexo y subgrupo es la siguiente:

    Gráfico 2.4. Distribución de personal por sexo y subgrupo de clasificación.

    [VER PDF ADJUNTO]

    Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BEPSAP correspondientes a enero de 2016.

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    Centrándonos, en concreto, en el personal del Subgrupo A1, resulta interesante observar la distribución por niveles de complemento de destino entre sexos en el siguiente gráfico:

    Gráfico 2.5. Distribución de personal del Subgrupo A1 por niveles y sexo.

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    Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BEPSAP correspondientes a enero de 2016.

    A la vista de estos datos, queremos llamar la atención sobre algunos aspectos que nos parecen relevantes:

    En primer lugar, como puede observarse en el gráfico número 1, la evolución decreciente de efectivos desde 2007 en áreas de actividad críticas para el funcionamiento del aparato estatal, singularmente en la Agencia Tributaria (1.847 efectivos menos) y en la Seguridad Social (2.923 efectivos menos), unido a la pérdida de 37.083 efectivos en Ministerios y Organismos Autónomos desde ese año, convierten en perentoria la reflexión sobre la dotación y planificación de nuestros recursos humanos.

    Pero el debate sobre el adecuado dimensionamiento del personal que presta servicios en nuestras Administraciones debe abordarse de forma transparente, sin ocultar a la opinión pública que este intenso adelgazamiento de las administraciones públicas y, en concreto, de la Administración General del Estado, presenta un coste oculto para el contribuyente en forma de externalizaciones, como puede deducirse del hecho de que, en la Administración General del Estado, con datos de 2014, el personal externo que presta sus servicios en las dependencias de los distintos departamentos y organismos en el marco de un total de 11.031 contratos administrativos de servicios y encomiendas de gestión asciende a la nada desdeñable cifra de 50.425 trabajadores.

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    A la vista de la doctrina jurisprudencial sobre los indefinidos no fijos15, y

    de las advertencias que a tal efecto se contienen en los informes del Tribunal de Cuentas16, debemos decidir si queremos crear una suerte de Administración paralela en la que se orillan los principios de mérito y capacidad, o bien abordamos de manera informada y transparente el debate sobre cuál es la dimensión adecuada de los recursos humanos de la Administración General del Estado para prestar los servicios públicos de calidad que nuestros ciudadanos van a demandar en las próximas décadas.

    En segundo lugar, si analizamos los intervalos de edad por subgrupos de clasificación del personal funcionario que presta servicios en la Administración General del Estado (gráfico número 3), observamos que, de los 42.373 efectivos que integran actualmente los Subgrupos A1 y A2, que en el presente estudio identificamos como personal técnico, entre los años 2017 y 2032 se habrá jubilado un total de 24.238, esto es, un 57%.

    Si no queremos descapitalizar la Administración General del...

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