La sustanciación de la segunda instancia en el juicio verbal y de cognición

AutorManuel Richard González
  1. Introducción - Aplicación de las normas del juicio verbal a otra clase de procedimientos: Especial referencia a los Interdictos y juicio de alimentos provisionales

    La sustanciación del recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicio verbal regulado en los arts. 732 a 739 LEC plantea diversos problemas. Entre otros, consideramos de especial importancia los que hacen referencia a la falta de encaje entre las normas del juicio verbal y las distintas regulaciones de los juicios especiales que se ventilan por los trámites de aquél. Por otra parte, la reforma de la LEC por ley 10/1992 no sólo no ha servido para aclarar las diversas dudas planteadas, sino que al contrario la falta de precisión de los preceptos legales reformados ha generado la aparición de nuevos problemas.

    En primer lugar, hay que tener en cuenta que el juicio verbal es el cauce procesal de distintos juicios especiales. Entre estos, el juicio de desahucio (art. 1570 LEC), juicio para solicitar alimentos provisionales (art. 1611 LEC), interdictos de adquirir, retener y recobrar y de obra nueva (arts. 1644, 1654, 1666 LEC). En estos procesos, las normas del juicio verbal serán de aplicación en tanto que la regulación propia de cada juicio no disponga una norma distinta.

    Con relación a la segunda instancia, en principio y a falta de precepto en contra, serán de aplicación a la tramitación de los recursos de apelación dictados contra las sentencias dictadas en aquellos juicios especiales que se tramiten por el cauce del juicio verbal, las normas de la segunda instancia del juicio verbal. Los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en juicio de cognición se tramitarán por las normas del juicio verbal (art. 62 DJM).

    No obstante, en la regulación específica de algunos juicios especiales se establecen normas concretas referidas a la segunda instancia que deben ser aplicadas preferentemente. La aplicación de estas normas que puedan modificar los preceptos generales de la segunda instancia en el juicio verbal no presenta ningún problema, por cuanto queda suficientemente clara la preferencia de aquellas normas especiales sobre la regulación general. El problema, precisamenre surge cuando se trata de discernir si son de aplicación los preceptos que regulan la segunda instancia en el juicio verbal, a la apelación de aquéllos juicios especiales que en primera instancia (con especialidades) se sustancian por sus tramites.

    Es lógico suponer que si la norma que regula estos juicios especiales remite o se acomoda al juicio verbal, la segunda instancia de estos juicios, a falta de norma en contra, se sustanciará por los trámites establecidos para la apelación del juicio verbal. Sin embargo, es frecuente la jurisprudencia que considera que la alzada en esta clase de juicios especiales, por ejemplo los interdictales o el juicio de alimentos, deben sustanciarse por los trámites contenidos en los arts. 887 y ss LEC que regulan las apelaciones que no tengan regulación especial.

    Las razones que se aducen son las siguientes:

    1. ) La ley 10/1968 de 20 de junio sobre atribución de competencia en materia civil a las Audiencias Provinciales dispone en su art. 2.2. que las apelaciones que la ley atribuye a la competencia de las Audiencias se sustanciarán por los trámites de la sección tercera del T.VI, libro II de la LEC. Es decir, por las normas de la segunda instancia de los incidentes y otros juicios que no tengan regulación especial (art. 887 y ss. LEC). Se aduce en alguna sentencia que como quiera que esta ley no ha sido derogada ni expresa ni tácitamente debe entenderse aplicable el procedimiento expresado en la citada sección tercera del T. VI[218].

    2. ) Los juicios de alimentos, interdictales o el ejercicio del derecho de rectificación no son juicios verbales, sino especiales. Como que no existe regulación específica para sustanciar el recurso de apelación éste se debe tramitar por lo dispuesto en los arts. 887 LEC, con las consecuencias relativas al trámite de interposición, sustanciación y fallo del recurso de apelación[219].

      Se aduce también, que la referencia que la ley efectúa a las normas del juicio verbal (art. 1644 y 1666 LEC para los interdictos) deben entenderse referidas a la comparecencia oral[220].

    3. ) En sentencias dictadas antes de la STC 254/1994 (que declaraba inconstitucional el art. 737 LEC relativo a la constitución unipersonal de la Audiencia a efectos de conocer del recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicio verbal), se argumentaba que es consustancial a la segunda instancia que el asunto estudiado y resuelto por un Juez lo vuelva a ser por un órgano colegiado constituido con todos sus miembros. Por tanto, y buscando la mayor garantía posible, estas sentencias entienden que es preciso someter el recurso a la Sala en constitución colegiada, por lo que se debía sustanciar el recurso por los trámites de los arts. 887 y ss. LEC[221].

      Este último argumento ha quedado soslayado, por cuanto la STC 254/1994 declaró

      inconstitucional la constitución unipersonal de la Audiencia con un sólo Magistrado. Por lo tanto, no existiendo especialidad alguna con relación al órgano «ad quem», en este momento es éste un argumento sin fundamento.

      El argumento relativo a la especialidad que cabe atribuir a los juicios interdictales o de alimentos para los que se propugna que el recurso de apelación no se sustancie por las normas del juicio verbal, no hay duda que está basado en razones de indudable consistencia. En este sentido, es razonable que las Audiencias pretendan que la Apelación se sustancie por los trámites de la segunda instancia del juicio incidental, por cuanto contando con las remisiones a las normas del mayor cuantía se constituye en el procedimiento tipo en sede de alzada.

      Sin embargo, cabe realizar otra interpretación de las normas estudiadas, respecto a la sustanciación de la segunda instancia en los juicios especiales que siguen los trámites del juicio verbal. En este sentido, obsérvese que la Ley 10/1992 introduce en el art. 732 LEC una distinción entre la apelación de las sentencias dictadas en juicio verbal y aquellas dictadas en juicios distintos que deban seguirse por los trámites del juicio verbal. Además, la disposición derogatoria tercera de la ley dispone la derogación de todas aquellas normas que se opongan a lo establecido en la ley. La ley también modificó el art. 62 DJM estableciendo que el recurso de apelación contra la sentencia dictada en juicio de cognición se interpondrá conforme dispone el art. 733 LEC y se sustanciará por las normas de la segunda instancia del juicio verbal (arts. 734 y ss LEC). Y respecto al juicio de desahucio modificó el art. 1583 LEC de forma que remitió directamente a las normas de la segunda instancia en el juicio verbal[222].

      Así, si bien es cierto que la reforma no ha modificado los arts. de la LEC relativos al recurso contra las sentencias dictadas en juicio de alimentos provisionales o interdictos[223], puede argumentarse que la ley ha dispuesto una generalización de los trámites de la segunda instancia en el juicio verbal para los juicios especiales que siguen aquéllos trámites. Por consiguiente, sería de aplicación el procedimiento que se dispone en los arts. 733 y ss al recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los procesos especiales: alimentos provisionales, interdictos, o juicios en materia de propiedad horizontal, en los que hay una remisión expresa a las normas del juicio verbal[224].

      De otro modo, sería paradójico que la apelación de estos juicios se sustanciará por los trámites de los arts. 887 y ss, mientras que un posible juicio declarativo plenario (arts. 1658, 1671 y 1675 LEC), cuando la cuantía no sea superior a 800.000 ptas, lo sea por el juicio de cognición cuya apelación se tramita por lo establecido para el juicio verbal (art. 62 DJM). Es decir, la apelación del juicio declarativo tendría una menor «intensidad procesal» que la del juicio especial sumario[225].

      Por otra parte, no deja de ser un elemento más de apoyo a esta tesis que, por ejemplo, el juicio de desahucio también especial se sustancie por las normas de la segunda instancia del juicio verbal, a pesar que incluye normas especiales de sustanciación del recurso de apelación[226].

      O que la apelación de las sentencias dictadas en juicio de cognición se sustancie por las normas de la segunda instancia en el juicio verbal, cuando la cuantía de las pretensiones que se ventilan por aquel juicio pueden tener un valor económico superior[227].

      Por último, obsérvese que la relativa indefinición del trámite procesal a seguir en vía de recurso conduce a un incumplimiento de las formas legales, ya que especialmente la formalización del recurso es bien distinta si se entiende que debe seguirse la segunda instancia prevista para los incidentes, o bien la establecida para el juicio verbal. Si se quiere hacer cumplir las formalidades legales se debe proceder a inadmitir los recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicio verbal, de cognición, o en aquellos especiales que se siguen por las normas del juicio verbal, cuando no contuviesen la fundamentación que exige la ley. En todo caso, concediendo nuevo plazo para fundamentar el recurso.

      No obstante, algunas sentencias consideran que, en definitiva, la doctrina de acceso a los recursos posibilita su admisión con independencia de su forma[228].

      Pero en realidad admitido el recurso sin fundamentar se seguirá obviamente el procedimiento de segunda instancia establecido para los incidentes ( arts. 887 y ss LEC), con lo que en la práctica el apelante estará decidiendo que procedimiento quiere seguir[229].

      Es decir, cuando las Audiencias Provinciales en las sentencias citadas con anterioridad, consideran de aplicación el cauce de segunda instancia de los incidentes, no se sabe muy bien si así lo declaran porque lo consideran de aplicación, o porque interpuesto y admitido el recurso sin fundamentar no tienen más remedio que...

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