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Procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería

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AutorAlberto Palomar - Javier Vázquez Garranzo
Cargo del AutorProfesor Titular de Derecho Administrativo (a) y Magistrado (ev) - Letrado de la Administración de la Seguridad Social. Abogado de la CAIB







El procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería se regula en los arts. 226 a 233 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (RLODLEE) . A continuación se analizan cada una de sus fases.

Contenido
  • 1Iniciación del procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería
  • 2Trámites de instrucción en el procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería
    • 2.1Alegaciones y prueba en el procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería
    • 2.2Propuesta de resolución en el procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería
    • 2.3Notificación de la resolución en el procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería
  • 3Fase de resolución en el procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería
  • 4Ver también
  • 5Recursos adicionales
    • 5.1En formularios
    • 5.2En doctrina
  • 6Legislación básica
  • 7Legislación citada
  • 8Jurisprudencia citada
Iniciación del procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería

El art. 227 RLODLEE establece el contenido mínimo de la solicitud que se identifica con los siguientes requisitos:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables ;

b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento , su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción;

c) Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos;

d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia;

e) Indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad;

f) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente, sin perjuicio de las que se puedan adoptar en la tramitación del mismo;

g) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

Nos recuerda QUINTANA CARRETERO lo siguiente:

El acuerdo de incoación del procedimiento sancionador no es un acto impugnable separadamente, pues constituye un mero acto de trámite no susceptible de recurso ya sea administrativo o contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA/2015) y art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) , ya que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, salvo que contuviere alguna determinación que pudiera afectar inmediatamente al interesado.

Véase sobre esta cuestión la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5), de 31 enero 2007, Recurso de Casación núm. 8196/2003[j 1] en la que se señala:

Al igual que en los casos resueltos en ambas sentencias, en este caso el acto administrativo recurrido inicia un procedimiento sancionador , y, en ese aspecto, es sin duda un acto de trámite. Pero hace algo...

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