STSJ Cataluña , 30 de Junio de 2004
| Ponente | DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA |
| ECLI | ES:TSJCAT:2004:8172 |
| Número de Recurso | 2214/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2004 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Recurso nº 2214/1998 Partes: INDUSTRIAL MARTINEZ MUÑOZ Y COMPAÑIA SRL C/ CONSELLERIA DE TREBALL DE LA GENERALITAT.
S E N T E N C I A N º 589 Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª ANA Mª APARICIO MATEO D. DIMITRY BERBEROFF AYUDA D. JORDI MORATÓ ARAGONÉS PÀMIES En la ciudad de Barcelona, a treinta de junio de dos mil cuatro.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA (SECCION SEGUNDA), constituída para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguientes sentencia en el recurso contencioso- administrativo nº
2214/1998, interpuesto por INDUSTRIAL MARTINEZ MUÑOZ Y COMPAÑIA SRL, representado por el Letrado EDUARDO MARTÍNEZ AYNAT, contra la CONSELLERIA DE TREBALL DE LA GENERALITAT, representado por el LLETRAT DE LA GENERALITAT.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./Dª DIMITRY BERBEROFF AYUDA , quien expresa el parecer de la SALA.
Por la representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso- administrativo contra la resolución de 21 de setiembre de 1998 desestimatoria de las alegaciones formuladas contraActa de Infracción 660/98 en el expediente I/15193/97 TVC.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dió el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derechos que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
No habiéndose solicitado por ninguna de las partes el recibimiento del presente pleito a prueba, y tras los trámites previstos en la Ley Jurisdiccional, quedaron las actuaciones pendientes de votación y fallo, señalándose la audiencia del 11 de junio de 2004.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Se articula por la entidad recurrente a través del presente recurso jurisdiccional, pretensión anulatoria dirigida contra Resolución de 21 de septiembre de 1998 del Consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña por la cual se impone a la misma la sanción de 5 millones Ptas, sobre la base del acta de infracción 660/98 de 4 de febrero, a tenor del art. 96. 12 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo que tipifica como infracciones graves las decisiones unilaterales del empresario que impliquen discriminaciones desfavorables por razón de edad o cuando contengan discriminaciones favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español.
Las actas de los Controladores laborales son instrumentos válidos y adecuados para completar y facilitar la labor inspectora y alcanzan valor probatorio por el hecho de su aceptación por el Inspector (SSTS de 19 de julio de 1999, 9 de marzo de 1999 y 16 de marzo de 1999).
El valor probatorio de las actas elaboradas por los servicios administrativos de inspección, con el alcance que le otorga la jurisprudencia, puede ser eficaz para enervar el derecho a la presunción de inocencia, pues no debe confundirse la presunción de validez de los actos administrativos con aquélla, siempre que la actuación administrativa pueda ser revisada por los órganos jurisdiccionales.
La traslación de la presunción de inocencia al ámbito administrativo sancionador perfila su alcance, y sólo cobra sentido cuando la Administración fundamenta su resolución en una presunción de culpabilidad del sancionado carente de elemento probatorio alguno. Lo que exige el respeto a los derechos que declara el art. 24 de la Constitución no es negar todo valor probatorio a las actas, sino modular y matizar su eficacia probatoria.
En vía judicial, las actas de la Inspección administrativa incorporadas al expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas (SSTC 76/1990 , 23/1995 y 169/1998).
Las actas de la Inspección de Trabajo pueden constituir un medio de prueba susceptible de lograr el convencimiento del Tribunal sobre los hechos los hechos a que se refiere la documentación de la actuación inspectora sometida a control jurisdiccional que por su objetividad sean susceptibles de percepción directa por el Inspector actuante en la visita girada, y por ello resultan idóneos para ser acreditados con tal medio probatorio, y no se trate de una mera estimación no documentada por la Administración en el expediente, pudiendo serlo (SSTS de 5 de diciembre de 1997 , 16 de enero de 1998 , 6 de marzo de 1998 , 8 de junio de 1998 y 5 de diciembre de 1998).
Ahora bien, ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias En el ámbito de la actividad sancionadora, desde la perspectiva constitucional, el precepto del art. 38 del Decreto 1860/1975 de 10 de julio sobre procedimiento administrativo para imposición de...
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