La evaluación del riesgo de las plantas transgénicas: de la regulación a la bioética

AutorElena Arriaga Arellano - Jorge E. Linares Salgado
CargoAcadémica y Miembro del Comité Interno de Bioseguridad del Instituto de Biotecnología, de la UNAM. - Coordinador del Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM.
Páginas38-57

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1. Introducción

El uso tecnología ha aumentado como consecuencia de una mayor generación de productos y por el crecimiento de la población, con ello también se ha incrementado la afectación ambiental, por la manera intensiva de explotación de los recursos naturales y de la disposición de residuos. La actividad humana sigue modificando la composición atmosférica, la calidad del agua y la superficie terrestre, en gran medida por la generación y funcionamiento de la tecnosfera.

La agricultura intensiva también ha contribuido al aumento de la contaminación ambiental y al cambio del comportamiento de las plagas, por el uso intensivo y global de agroquímicos2, por lo cual la regulación de estas sustancias y la presión social influyeron para que las empresas invirtieran, desde finales de la década de 1970, en la generación de las plantas transgénicas3. Sin embargo, se ha generado una controversia entre científicos4, entre otras razones porque el esquema para la autorización y uso de los OGMs ha sido el mismo que el de los agroquímicos, en el sentido que son procesos generales y que valoran los impactos en espacios y tiempos limitados; además de que en el caso de los OGMs no se han definido procedimientos reconocidos por pares.

En este artículo se presentan algunos de los hechos que han contribuido a la forma en la que se realiza la evaluación del riesgo5ambiental de las plantas transgénicas, los cuestionamientos y algunas propuestas desde la bioética, para el establecimiento de políticas más integrales y sustentables.

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2. La evaluación del riesgo tecnológico de las plantas transgénicas

La política sobre la ERA de las plantas transgénicas ha estado influida por la presión social debida a los daños por los grandes accidentes tecnológicos6, los daños a la salud y al ambiente del uso de productos químicos; la controversia sobre la seguridad de los cultivares transgénicos, la falta de metodologías reconocidas por pares y de información balanceada sobre estos productos, entre otros factores. Jonas7, como otros filósofos de la tecnología, ha señalado que la actividad técnica ha tenido gran impacto, no sólo en el medio ambiente, sino que está poniendo en riesgo hasta a la naturaleza humana.

A pesar de que desde el año 3200 a.C. un grupo en Mesopotamia ha sido considerado como uno de los primeros "consultores de riesgo"8y a la suspensión del uso de algunos productos9, con base en el Principio Precautorio10, fue la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la U.S. National Environmental Policy Act (NEPA) en 1969, el hecho que marcó el inicio de una tendencia internacional para la evaluación de la tecnología11.Sin embargo, el proceso se ha centrado en el análisis del Riesgo-Costo-Beneficio (RCB) que entre otros aspectos, consiste en la monetización de los valores incluyendo la vida humana12, por lo que ha sido ampliamente cuestionado13.

Las políticas para la evaluación y para el análisis del riesgo se han complicado para el caso de los productos de la tecnociencia14, y más aún cuando se aplican en sistemas de producción complejos como la agricultura.

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El uso de productos químicos y la tecnificación de las prácticas agrícolas, contribuyeron al surgimiento de la agricultura intensiva. Este sistema de producción permitió aumentar los rendimientos agrícolas a partir de la década de 1950’s, pero a la vez trajo consigo algunas reflexiones éticas, sobre la forma de uso de los recursos naturales y porque, si bien la producción de más alimentos ha contribuido al bienestar, también ha promovido el aumento de la población humana con lo cual se ha generado una mayor dependencia del sistema de producción intensiva y una mayor afectación de los ecosistemas15.

El uso de agroquímicos orgánicos sintéticos, como el Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), puso de manifiesto la complejidad de los efectos de este tipo de tecnologías. El DDT empezó a utilizarse para el control de plagas de insectos en 1939, cuando "se declaró" que su uso era eficiente para matar plagas, que "no desaparecía" al ser liberado en el ambiente y "que no causaba daño a los seres humanos expuestos". Se empezó a comercializar por Geigy Co., en Suiza, en la Segunda Guerra Mundial, para el control de la transmisión de paludismo y del tifus, a partir de 1945 se usó en la agricultura y, al término de la guerra, también se aplicó en el control de plagas en el hogar16. Sin embargo, en 1954 se observó la resistencia de las plagas de los cultivos de algodón, tanto al DDT como a otros compuestos organoclorados17, por lo que se cambió, en 1965, a los compuestos organofosforados18.

A mediados de la década de 1950 también se observó que los agroquímicos también afectaban a especies no-objetivo; después ocurrió el "resurgimiento" de plagas por la muerte de predadores, y otras especies que no lo eran se convirtieron en plagas (pestes secundarias)19.

La publicación del libro Silent Spring de Rachel Carson, en 1962, perfiló la "teoría ecológica del comportamiento de los pesticidas" y alertó a la población sobre los efectos tóxicos de los productos químicos, lo cual también contribuyó al establecimiento de la NEPA20. A pesar de estos hechos, de 1962 a 1963 se produjeron 85 mil toneladas de DDT en Estados Unidos y, a través de la agencia para el desarrollo internacional USAID y la Fundación Rockefeller se apoyó al establecimiento de los centros CGIAR (Consultative Group of International Agricultural Research), en países en desarrollo, para incrementar la productividad del maíz, trigo y arroz, lo que ha sido considerado como el inicio de la Revolución Verde, a finales de 196021.

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En 1970, en Estados Unidos se desarrollaron las guías para la evaluación del impacto de algunos productos químicos y en 1983 (catorce años después de la aprobación de la NEPA) el manual para la evaluación del riesgo de los productos químicos (Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process "Red Book")22. La OCDE publicó en 1981 las guías, que se han actualizado y utilizado para la evaluación del impacto de los productos químicos en los sistemas biológicos23. Además, varios países han ratificado el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánico Persistentes (COPs)24para el retiro paulatino del grupo de compuestos denominado "la docena sucia", que incluye algunos agroquímicos organoclorados25.

Por el lado de los cultivos transgénicos, las inquietudes sobre su uso surgieron con la generación de las técnicas de la ingeniería genética y después de establecer una moratoria, se desarrollaron guías para la investigación, que sirvieron de base para el establecimiento los elementos para la evaluación del riesgo de los OGMS26y del. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (aquí referido como Protocolo de Cartagena), ratificado por más de 160 países27. El Protocolo de Cartagena, entre otros aspectos, contempla el cuidado de la diversidad biológica por el movimiento transfronterizo de los OGMs, la posibilidad de aplicación del Principio Precautorio, el compromiso del aviso fundamentado previo a la exportación, las bases para la evaluación del riesgo ambiental y para las medidas de bioseguridad28 para la liberación intencional al ambiente de los OGMs. Sin embargo, estos principios no se han aplicado como se esperaba, particularmente lo relativo a la ERA, ya que tanto los procedimientos reportados por las empresas, como algunas publicaciones en contra de la seguridad de los transgénicos han sido cuestionados por expertos de diferentes áreas. También porque, al igual que con los productos químicos, el desarrollo de guías avaladas por expertos ha tardado varios años, y en el caso de los OGMs, todavía no se han definido los procedimientos detallados29.

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La inclusión de la base científica de las evaluaciones se ha fundamentado en las recomendaciones generales, resultado de las consultas a expertos antes del establecimiento del Protocolo de Cartagena y, a partir de ellas, se han definido las regulaciones30. La información entregada por las empresas (solicitudes y algunos datos generales de los reportes de liberación) a las oficinas gubernamentales, ha sido la que se ha integrado a las bases de datos, que son las reconocidas como referencias internacionales31.

En 1986 se hicieron las primeras pruebas experimentales de los cultivos transgénicos en Francia y en Estados Unidos. De 1986 a 1995 se realizaron más de 3,500 experimentos de campo, al menos 56 cultivos en 34 países, en su mayoría en Estados Unidos y Europa (91% de ellas en países industrializados), China fue el primer país en comercializar tabaco transgénico a inicios de 199032. En 1992, en Estados Unidos, se aprobó a Calgene Inc. la liberación del tomate con larga vida de anaquel y se autorizó para consumo humano en 199433, pero solo se comercializó durante 1995, porque presentó susceptibilidad al ataque de patógenos y problemas de alergia. La soya transgénica resistente a herbicidas fue lanzada al mercado en 199634, inicialmente fue rechazada en algunos países de la Unión Europea35. En 1996 se concedieron 35 solicitudes para el crecimiento comercial de nueve cultivos transgénicos, con ocho diferentes modificaciones en varios países, incluyendo seis países de la Unión Europea36. Algunos países europeos establecieron una moratoria de facto, con base en la publicación de Losey et al, en 1999, sobre la muerte de las mariposas Monarca. Este hecho ocasionó la presentación de una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Winickoff et al han señalado que la diferencia entre las políticas estadounidenses y europeas han...

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