El reto para los derechos civiles y políticos

AutorRafael Rodríguez Prieto
Páginas21-44
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CAPÍTULO 1.
EL RETO PARA LOS DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
En un lugar común afirmar que Internet es una plataforma
tecnológica que está transformando nuestras relaciones socia-
les. Estos cambios se aprecian en la mayoría de los espacios
en los que discurre la vida social. El derecho no ha quedado al
margen. Sin embargo, aunque se usen ideas como la ‘ciudada-
nía digital’ o la ‘administración electrónica’ y la ‘e-democracia’
los análisis jurídicos parecen continuar desarrollándose en un
paradigma donde el Estado nación, y el derecho que se deriva
de la pertenencia a un territorio específico, es lo preminente.
La administración electrónica nos ha facilitado bastante la
relación con el Estado, aunque tampoco se han rebajado dema-
siado los procesos burocráticos. Más bien se han acrecentado
(Graeber, 2015), aunque no podamos negar ciertos avances en
la participación gracias a la Red, lo que constituiría para algu-
nos expertos una nueva gramática política (Jurado, 2014) que
en todo caso hay que tomarse con algunas reservas (Morozov,
2018). Un sano escepticismo, sin menoscabar en ningún caso
las posibilidades que ciertamente ofrece Internet, sería quizá
lo más adecuado.
Rafael Rodríguez Prieto
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En el mundo de Internet coexisten diferentes niveles de
protección. Los derechos ligados con tratados comerciales o
acuerdos multilaterales están fuertemente garantizados frente
al menoscabo que, en los últimos lustros, sufren derechos civi-
les y fundamentales vinculados al territorio y al ejercicio de la
ciudadanía. La propia complejidad de Internet es un desafío
para la ciencia jurídica.
Recuerdo a mis abuelas decir cosas como que nadie da
duros a cuatro pesetas o que lo barato sale caro. Esa sabiduría
popular se ha abandonado. Ahora pensamos que somos muy
listos y que las grandes compañías de la Red nos ofrecen un
servicio del que podemos aprovecharnos sin gastar un euro. A
estas alturas, nadie debería pensar que la Red es gratis. Solo
que hay diferentes modalidades de pagar; se puede hacer con
tiempo, trabajo, dinero o datos. Este pago puede entrañar los
siguientes riesgos y amenazas contra los derechos civiles y
políticos:
1. Bienes jurídicos básicos para el correcto desarrollo y fun-
cionamiento de una democracia pueden ser erosionados.
Programas de espionaje masivo de los ciudadanos, reco-
pilación de datos de una persona sin su consentimiento
por entes privados, límites a la libertad de expresión sin
derecho a la tutela judicial efectiva.
2. Reducción del ciudadano a un mero consumidor. El Es-
tado de Derecho ha de ser la herramienta que lo evite.
La Red puede mejorar nuestra ciudadanía, pero debemos
estar seguros que no solo a golpe de click. Hay que refor-
zar nuestra ciudadanía en el mundo no virtual y tomar
conciencia de nuestras posibilidades y obligaciones.
Con el fin de prevenir estas consecuencias, la ciudadanía
ha de exigir responsabilidades a los diferentes actores que
intervienen en los procesos vinculados con Internet. De esta
manera, se podrán favorecer las tendencias más democráticas y
liberadoras que discurren por la Red. En consecuencia, debiera

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