Restauración penal de la legalidad urbanística
| Autor | José Antonio Martínez Rodríguez |
| Cargo del Autor | Abogado y Doctor en Derecho |
| Páginas | 340-342 |
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El delito del art. 319 del CP se ha incluido en el texto punitivo debido al fracaso del Derecho Administrativo a la hora de perseguir las violaciones sobre la ordenación del territorio y el urbanismo a lo largo de las últimas décadas previas a la entrada en vigor del Código Penal de 1995. En esta línea se ha señalado859que la práctica urbanística española, antes del Código Penal vigente, demuestra que las autoridades y funcionarios con competencia en la materia de disciplina urbanística, no han ejercitado como debieran haberlo hechos sus facultades en materia de demolición, perpetuándose de esta manera, con el consentimiento tácito de la Administración, vulneraciones flagrantes al orden urbanístico; el hecho de que a partir de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, los Jueces y Tribunales de lo penal vengan investidos de las potestades en materia de demolición, no debe levantar alar-ma alguna, sobre todo si se tiene en cuenta que en el sector dentro del cual la misma se ha levantado es aquél que no puede, precisamente, presumir de haber ejercido oportunamente sus atribuciones.
Sin embargo, se achaca860el fracaso del Derecho Administrativo respecto del restablecimiento del orden jurídico conculcado, no a los administrativistas, ni teóricos ni prácticos, sino al fracaso de los aplicadores «primarios» de ese Derecho que están sentados en las cómodas poltronas de los Ayuntamientos, y también a los aplicadores «subsidiarios», que teóricamente
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convocados por las regulaciones vigentes a suplir la inactividad municipal861...
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