Responsabilidades por incumplimiento de obligaciones en los supuestos de coordinación

AutorFederico Navarro Nieto
Páginas87-181

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1. Introducción

La estructura de la responsabilidad en los fenómenos de coordinación interempresarial debe articularse a partir del conjunto de obligaciones previsto en la normativa sustantiva.

Hemos tenido ocasión de indicar, en primer lugar, que el deber de seguridad en materia de prevención referido a cada empresario integra diversas obligaciones concretas, reconducibles genéricamente a la obligación de cooperación delimitada en el art. 24 LPRL, y de la que son titulares los distintos empresarios concurrentes. Por tanto del propio deber contractual de seguridad nacen ya obligaciones ligadas al supuesto de coordinación de actividades empresariales.

Como hemos visto, también el conjunto de obligaciones en cabeza del empresario titular con trabajadores propios en el centro de trabajo viene a significar la afirmación de un deber general de coordinación, puesto que es el empresario titular el que centraliza toda la información sobre riesgos y medidas preventivas del centro y debe asumir la evaluación de riesgos del centro, el que debe dictar instrucciones sobre coordinación, exigiendo además a los empresarios concurrentes la fijación de los medios de coordinación y realizando la propuesta y designación, en su caso, de coordinadores de prevención (a los que incluso puede asignar las funciones que considere oportunas).

Hemos comprobado finalmente como con respecto al empresario principal en los fenómenos de subcontratación, al deber general de coordinación se suma legalmente un deber de vigilancia, perfilando de este modo un deber general de seguridad en el centro del que es titular. La idea, acuñada en la jurisprudencia reciente, es que la obligación de seguridad del empresario se extiende a todos los que prestan servicios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control.

En definitiva, el comportamiento de los diversos empresarios de cara a la determinación de su responsabilidad en el cumplimiento de las normas de

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seguridad y salud se valora en el contexto del haz de derechos y deberes que se crea en la relación interempresarial. Se puede decir que el deber de seguridad se dilata en estos supuestos. La obligación contractual de seguridad se integra en relaciones jurídicas de perfiles más amplios.

Como se sabe, las responsabilidades empresariales, individuales y conjuntas, por incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales abarcan las responsabilidades administrativas, así como de tipo penal, por recargo de prestaciones de Seguridad Social, y civil por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento (arts. 42.1 y 42.3 LPRL).

Sin embargo, la LPRL se limita a remitirse a las normativas específicas para cada tipo de responsabilidad, y, salvo las responsabilidades administrativas recogidas en la LISOS, no existe un marco normativo que adecue el tratamiento de la responsabilidad penal, civil o por recargo de prestaciones de Seguridad Social al supuesto de concurrencia empresarial, habién-dose requerido una labor jurisprudencial de adaptación de las previsiones a los supuestos de pluralidad de empresarios, centrada sobre todo en el supuesto de contratas y subcontratas. Todo ello justifica la consideración de la elevada complejidad del estudio de la responsabilidad del empresario por daños laborales180.

En el supuesto de coordinación de actividades empresariales en particular la complejidad salta a la vista ante la diversidad de sujetos imputables (el empresario empleador, pero también empresarios sin vínculo jurídico laboral con el trabajador perjudicado), la diversidad de obligaciones que pueden ser incumplidas (evaluación de riesgos, planificación, información, vigilancia), y la posibilidad de que en los mismos supuestos de hecho concurran una variedad de sujetos responsables y tipos de responsabilidad. Además la remisión a otros ámbitos normativos hace más complicado el tratamiento jurídico de los supuestos de responsabilidad en la coordinación de actividades empresariales181.

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El problema radica en que en las leyes que prevén alguna respuesta, como ocurre con la LPRL, no se establece un régimen general de la responsabilidad, sino reglas específicas que requieren su conexión con las previsiones generales del derecho civil sobre las formas de organizar la responsabilidad, trasladándose a los diversos ámbitos jurídicos las carencias ya perceptibles en el código civil, singularmente la previsión de la responsabilidad conjunta del incumplimiento de una obligación.

Se puede decir que la respuesta de la LPRL, por remisión a otros ámbitos jurídicos de nuestro sistema normativo, es la organización de la responsabilidad de una pluralidad de empresarios por medio de la solidaridad.

Esta es una respuesta en consonancia con la tendencia a la afirmación de la solidaridad como regla general aplicable en el derecho de daños. En el ámbito de las reglas generales de responsablidad en el derecho de obligaciones, la solidaridad sólo se admite si ha sido pactada entre las partes o si es establecida por ley. La afirmación generalizada de la solidaridad en los supuestos de responsabilidad conjunta se da por dos vías182. Por una parte, por la proliferación de supuestos donde la ley afirma la responsabilidad solidaria. Lo hace el propio Código Civil, en diversos supuestos, y una diversidad de leyes de derecho privado como de derecho público (la LRJPAC, como veremos). La normativa de prevención de riesgos se suma a esta tendencia. La segunda vía es por obra de la jurisprudencia. En este caso, en nuestro campo de indagación contamos con dos ejemplos claros del papel de la jurisprudencia en la afirmación de la solidaridad, el recargo de prestaciones y la responsabilidad civil.

En principio cabe estimar que la solución de la responsabilidad solidaria en los supuestos de coordinación de actividades empresariales en términos generales es acertada, puesto que responde a los supuestos característicos de pluralidad de responsables de daños183. En primer lugar, cuando el daño es la consecuencia de la actuación conjunta de varios agentes en una actividad que formal o informalmente impone deberes de evitar los daños asociados a su actuación, donde no es posible individualizar las responsabilidades, y donde la prueba de la autoría del daño no puede ser impuesta a la víctima. En segundo lugar, cuando el daño ha sido posible por omisión de quien tenía funciones de prevención, permanentes y periódicas.

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Creemos por otra parte que esta solución a la organización de la responsabilidad de una pluralidad de empresarios es adecuada a la materia en estudio, dado las finalidades de la responsabilidad solidaria. Es claro, en términos generales, que cada uno de los tipos de responsabilidad (administrativa, por recargo, civil) se estructura sobre rasgos y elementos diferenciados, en función de los bienes jurídicos protegidos y los objetivos inmediatos perseguidos por cada tipo de responsabilidad184: el objetivo de la prevención en la acción represora de ilícitos en la responsabilidad penal y administrativa, la cobertura del daño en el caso de la responsabilidad civil, y una finalidad mixta (represora e indemnizadora) en la responsabilidad por recargo de prestaciones. Estos objetivos específicos pueden ser abarcados a través de la responsabilidad solidaria, con la que se pretende atender dos finalidades esenciales, la de compensación y la de prevención.

Con tales fines, la solidaridad, como forma de organización de la responsabilidad conjunta de una pluralidad de sujetos, se estructura sobre dos funciones básicas, que pueden concurrir o no en los distintos tipos de responsabilidad185. En primer lugar, la garantía del cobro del crédito indemnizatorio por la víctima o de la deuda económica por la Administración sancionadora en previsión de insolvencias o solvencias limitadas frente a la responsabilidad. En segundo lugar, el incentivo o la sanción del incum-

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plimiento de deberes de prevención, vigilancia o control cuya observación habrían evitado el daño; estaríamos en este caso ante una función "de garantía de la indemnidad de la víctima"186. A estas funciones se...

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