La responsabilidad social de los científicos

¿Una ciencia neutral y una política de partidos?

Desde el ensayo ya clásico de Max Weber sobre la posición de la ciencia y los científicos (Weber, 1919), la relación entre la actividad científica y la sociedad se ha venido analizando y criticando desde diversas perspectivas. El punto de vista adoptado parece estar intrínsecamente relacionado con la posición social de los científicos en una sociedad determinada, en un momento determinado. Así, el alegato de Weber por la independencia y la neutralidad absolutas de los científicos frente a los políticos y su defensa de una distinción igualmente absoluta entre las cuestiones factuales y las normativas, puede interpretarse en relación con la posición precaria de las ciencias sociales en la República de Weimar en Alemania, después de la primera guerra mundial. La proclamada 'neutralidad política' de la ciencia fue el precio a pagar por los científicos para que los dejasen realizar su tarea lo más libremente posible. Por otra parte, inmediatamente después de la segunda guerra mundial, Bertrand Russell (Russell, 1961) abogaba por un compromiso explícito de los científicos a favor de la paz y para rechazar cualquier colaboración con lo que el presidente de los EE.UU., Eisenhower, denominaba el 'complejo militar-industrial'. Ni la ciencia, ni los resultados de la investigación científica, son necesariamente neutrales. Por muy políticamente neutrales que puedan ser sus métodos de investigación, la neutralidad no gobierna necesariamente las decisiones respecto a qué áreas deberían investigar los científicos o a sus relaciones con quienes financian la investigación. Thomas Kuhn (Kuhn, 1962) afirmó que la cuestión de la responsabilidad de los científicos era incluso más compleja, ya que estaba claro que una variedad de mecanismos sociológicos 'externos' influía sobre lo que se consideraba 'buena investigación científica'. Aunque Karl Popper (Popper, 1959), aún argumentaba que debería distinguirse claramente entre el 'contexto de descubrimiento'-donde las influencias sociales e incluso la mera suerte pueden jugar un papel- y el 'contexto de justificación' -donde la verdad científica se establece por criterios internos-, la relación entre ciencia y sociedad ha llegado a cuestionarse desde una variedad de perspectivas: los 'objetos' y los 'sujetos' de la investigación científica; los contextos y dispositivos institucionales de la 'ciencia en acción' (Latour, 1987); los intereses económicos o políticos que hay detrás de determinados programas de investigación; las relaciones entre investigación 'fundamental' y 'aplicada'; las condiciones socioculturales que explican por qué ciertas líneas de investigación se siguen y otras no, etc.

La opinión sobre la responsabilidad social de los científicos parece estar intrínsecamente relacionada con la posición social de los científicos en una sociedad determinada, en un momento determinado

En la 'sociedad de la información' de hoy, el conocimiento ya no es sólo un producto importante por derecho propio, es también una fuerza productiva primordial, que dota así a la investigación científica de un papel principal en la sociedad. En este contexto, los científicos están, inevitablemente, estrechamente ligados a la actividad política y económica, no en último término porque frecuentemente se acude a ellos para que aporten sus conocimientos para resolver problemas tecnológicos, medioambientales, médicos, económicos o sociales. Esto suscita la cuestión de si los científicos tienen responsabilidades sociales concretas, por el hecho de ser científicos, independientemente de las que derivan de sus relaciones económicas o sociales, por ejemplo, como empleados o empleadores, como investigadores en una universidad o en un laboratorio comercial, etc.

La importancia capital de la ciencia en la sociedad del conocimiento lleva inevitablemente a que los científicos estén estrechamente ligados a la actividad económica y política, planteándose así la cuestión de su responsabilidad social

La ciencia como siempre

Puede ser tentador adoptar la postura de que los científicos no tienen más ni mayor responsabilidad social que los demás, y que su función social está definida por el ethos profesional del científico de 'producir ciencia'. Desde este punto de vista, los científicos tienen el deber profesional de realizar su trabajo con integridad y de acuerdo con normas establecidas de buena práctica, pero no más. Evidentemente, ésta no es una tarea fácil en sí misma, habida cuenta de que hay científicos que falsifican o copian resultados de investigación, lo que demuestra que incluso las normas básicas no siempre se observan. (Biagioli, 1999). Además, hay casos bien conocidos de la 'impotencia moral' de los científicos, cuando trabajan en relación de subordinación y presionados por sus superiores para que se tomen ciertas libertades con los datos, a fin de obtener financiación, por ejemplo (Raes, 1998). Los científicos son tan humanos como cualquier otra persona, y no hay razón para suponer que, a diferencia de otras profesiones, el sector de la ciencia -desde las universidades a los parques tecnológicos y la industria en su conjunto- comprenda sólo gente con principios éticos elevados. El mercado de los productos científicos no está basado en principios éticos, sino en consideraciones estratégicas cifradas en ingresos, estatus y poder. La lealtad a un grupo de investigación o incluso a un método de investigación puede ser tan fuerte que se sobreponga a la integridad que se exige a un científico como un 'compromiso con la verdad'. Además, también es posible que los científicos honrados lleguen a implicarse inconscientemente en prácticas incorrectas. Este es un problema que, dada la tendencia hacia una creciente coautoría en la investigación científica y en las publicaciones científicas (50 autores ya no son algo raro), ha conducido ya a 'reglas de buena práctica', ferozmente combatidas, para las revistas científicas. La cuestión básica aquí gira en torno al grado en que un científico puede considerarse responsable de las falsedades de otros científicos con los cuales ha colaborado en investigación o en publicaciones (Smith, 1997; Horton, 1997).

Incluso si se sostiene la opinión de que los científicos, per se, no tienen más ni mayores responsabilidades sociales que otros profesionales, el problema del fraude científico suscita cuestiones de ética profesional inevitablemente de gran importancia

No obstante, hay muchos mecanismos de control autorreguladores que operan en el campo científico, y que sirven para estimular a los científicos honrados a producir resultados fiables; y quizá la actividad científica es excepcional, en el sentido de que se caracteriza por tan numerosos mecanismos de responsabilidad, que el dicho popular de que la verdad siempre triunfa al final se aplica aquí más a menudo.

Pero cabe preguntarse si los científicos, por el hecho de serlo, no tienen otras responsabilidades sociales más allá de la tarea de producir conocimiento fiable. Ciertamente, los científicos no tienen poderes políticos especiales, sobre cuya base podrían reclamar más influencia en la sociedad, aunque a menudo acaban ejerciéndola.

Los políticos se están volviendo cada vez más a los expertos científicos y a los asesores científicos para apoyar su política, y a veces incluso para que ayuden a articular la legislación

Los expertos quieren tener la última palabra

Es notorio que los políticos se están volviendo cada vez más a los expertos científicos y a los asesores científicos para apoyar su política, y a veces incluso para que ayuden a articular la legislación. No hay política medioambiental sin expertos en medio ambiente, ni política criminal sin criminólogos, ni política sanitaria sin médicos, etc. El viejo adagio 'no a la representación sin consulta' se interpreta ahora como una llamada a consultar a los expertos más que a los grupos de presión (representativos). Sin embargo, deben hacerse algunas consideraciones a propósito de este punto. En primer lugar, hay que distinguir claramente entre 'autoridad práctica' y 'autoridad teórica' (Raz, 1986). Un político o un líder de un grupo de presión ejerce 'autoridad práctica' basada en el mero hecho de haber sido elegido democráticamente por miembros de sus grupos o votantes. Cualesquiera que sean sus capacidades intelectuales, tienen derecho a ejercer su autoridad y a hablar en nombre de sus representados. Esa autoridad no descansa en la erudición o en mayores conocimientos sino en la representación (legítima) y no podemos simplemente rechazar los puntos de vista de una autoridad 'práctica' porque contradigan los de las autoridades 'teóricas', es decir, los científicos. La autoridad de estos últimos se basa en sus conocimientos científicos, la autoridad de los primeros en su estatus como representantes. En segundo lugar, existe la cuestión del modo en que se solicita una opinión. Algunos expertos simplemente exigirían que sus opiniones fueran de hecho vinculantes. Por consiguiente, no ven la diferencia entre la obligación de pedir una opinión y la obligación de acatarla. Quieren nada menos que determinar la política, ya que esto es precisamente lo que haría una 'opinión vinculante'. Pero ¿de dónde sacan la justificación para esto? De sus conocimientos, replicarían ellos. Sin embargo, la democracia se basa todavía en principios de representación, no de conocimientos.

La implicación de los científicos en el proceso legislativo suscita la cuestión de la legitimidad. Independientemente de si los científicos tienen los conocimientos requeridos, no tienen el estatus de representantes elegidos

La prerrogativa de los representantes elegidos de seguir o no el asesoramiento de los expertos puede causar resentimiento en éstos. Este resentimiento se ve también favorecido porque la composición de muchos organismos institucionales es una mezcolanza de criterios de 'representación' y criterios basados en los 'conocimientos'. La característica de los aparatos estatales modernos es que están formados no sólo por organismos legislativos/representativos, sino también por diversos organismos consultivos, que se especializan en cuestiones médicas, medioambientales, educativas, de sexos, tecnológicas, culturales, legales, domésticas, de tráfico y mediáticas, etc. Esos organismos se crean para informar a los ministerios, de acuerdo con reglas que a menudo no están claramente definidas. Algunos tienen un estatus influyente, otros son más o menos desconocidos por el público en general. La creación de algunos se hace por ley, mientras que otros dependen del capricho del gobierno o de un ministro determinado. Sería bueno establecer una distinción entre los dos tipos de organismos: organismos consultivos por una parte, en los que las autoridades representativas intentan alcanzar un consenso sobre problemas sociales determinados, y organismos asesores, por otra, en los que los expertos dan asesoramiento sobre la base de las mejores pruebas disponibles.

Las reglas por las que se crean organismos para informar a los departamentos del gobierno a menudo no están claramente definidas. Se podría establecer una distinción útil entre organismos consultivos, por una parte, y organismos asesores, por otra

Experto, ¿pero en qué exactamente?

Otra cuestión se refiere a la naturaleza de la opinión que se busca- y por tanto a la naturaleza de los conocimientos necesarios. Debe estar claro que los científicos de los organismos asesores están ahí primero y principalmente debido a sus conocimientos sobre hechos y métodos de investigación. Si son también expertos en derivar opciones políticas de estos hechos no es algo inmediatamente evidente. Y éste es precisamente el problema. ¿Hasta qué punto es, por ejemplo, un ginecólogo o un neurólogo un experto en legislación sobre técnicas de reproducción artificial? Naturalmente, pueden ser expertos en lo que es posible en ese campo. Pero eso no los hace automáticamente expertos en lo que se debe permitir. O tomemos el debate sobre si se debe cerrar o reabrir una planta de incineración. Los expertos en medio ambiente pueden medir con precisión qué sustancias se liberan al aire desde dicha planta, e indicar qué niveles tienen un efecto demostrable sobre la salud pública. Sin embargo, para decidir si se reabre o no la planta de incineración, el ministro responsable puede adoptar un enfoque contrario al riesgo, de modo que la planta no se reabrirá a menos que sea seguro que no liberará ninguna sustancia peligrosa, o bien un enfoque más pragmático, en virtud del cual la planta continuará funcionando hasta que esté claro que libera sustancias peligrosas. Sin embargo, la elección de uno u otro enfoque es en último término una cuestión ética y política, para la que los expertos en medio ambiente no están mejor calificados que el ministro.

Los expertos científicos en organismos asesores están ahí primero y principalmente debido a sus conocimientos sobre hechos y métodos de investigación. No hay garantía, sin embargo, de que sean capaces de derivar respuestas políticas adecuadas de esos conocimientos

Ésta es la razón por la que muchos políticos se rodean de asesores que también adoptan posiciones normativas, ya que de este modo se dota aparentemente a las decisiones éticas y políticas de una base científica o se despolitizan. Y así los asesores son ignorados a veces porque son sólo asesores, y los políticos 'asumen su responsabilidad política', mientras que en otras ocasiones los políticos se esconden tras la opinión de sus asesores, a fin de limitar su responsabilidad política.

Algunas veces puede existir la tentación de convertir las decisiones políticas en decisiones técnicas, a fin de delegarlas en los asesores y limitar así la responsabilidad política

Comodín para todas las tareas

De modo creciente se están creando organismos (en un esfuerzo por 'despolitizar' ciertas cuestiones) en los que las decisiones políticas se reducen a decisiones técnicas de los científicos. Esto conviene a los políticos, porque así pueden lavarse las manos en el asunto en cuestión. Pero es comprometedor para los expertos porque se les asignan responsabilidades que no son más capaces de asumir que cualquier otro. En los últimos años, se ha inducido a muchos científicos a que formen parte de esos organismos -así como para que ocupen puestos en los ministerios- porque su conocimiento científico y su independencia garantizaban su imparcialidad. En realidad, corren el riesgo de perder esa independencia y convertirse en una prolongación del poder ejecutivo. En lugar de ser campeones del 'poder de la ciencia', probablemente lleguen a ser meros servidores de una 'ciencia del poder'. Este es un peligro al que ya se refería Emmanuel Kant en' Der Streit der Fakultäten: 'las ciencias afines a los que están en el poder -en ese momento la medicina y el derecho- obtienen la recompensa por su servilismo en forma de estatus y financiación preferentes, mientras que a las ciencias críticas con los que están el poder - en esos días física y filosofía- no se les da nada'. No obstante, para un estado constitucional democrático moderno no sólo es de importancia primordial la separación y equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sino también la independencia de las universidades y de la investigación científica. Las crecientes relaciones entre la política y la ciencia, de la investigación relacionada con la política con la investigación que apoya a la política en las universidades, plantean problemas cuando se consideran bajo esta perspectiva. El problema no es que grupos de expertos y laboratorios emprendan investigación aplicada, ya sea por cuenta del gobierno o de las empresas. El problema surge más bien cuando esa investigación aplicada se convierte en la principal actividad de los grupos de investigación académicos, ya que esto socava su independencia y la posibilidad de adoptar una postura crítica. Lo que es tecnológicamente posible y/o comercialmente interesante no es, automáticamente, moralmente deseable. El mercado tiene su papel que desempeñar, pero es precisamente la misión de las universidades financiadas por el Estado dar cabida a programas de investigación que sirvan de contrapeso, tanto en las ciencias naturales como en las sociales.

No sería realista, dado su coste, insistir en que toda la investigación sea financiada por los poderes públicos. Sin embargo, las universidades financiadas por el Estado son esenciales como lugares donde se puedan desarrollar programas de investigación que sirvan de contrapeso, tanto en las ciencias naturales como en las sociales

Puede ser perfectamente legítimo que los científicos ofrezcan sus servicios a gobiernos o empresas, pero debe haber cabida también para la investigación independiente y para la investigación que sea crítica con las políticas gubernamentales o los proyectos comerciales. El coste creciente de la investigación científica está haciendo cada vez más difícil la posición de la investigación independiente y la misión de las universidades. Tanto más cuanto que el acceso a datos relevantes no está uniformemente distribuido en toda la comunidad científica. Algunos datos están protegidos por patentes o como secretos comerciales -en el caso de la investigación biotecnológica (Stercks, 1997)-; otros están protegidos por restricciones gubernamentales -acceso a datos criminológicos recogidos por la policía o acceso a datos sobre plantas nucleares. Si el acceso se permite solamente a los 'compañeros de viaje', la independencia de los científicos se erosiona y sus puntos de vista pueden, incluso inconscientemente, estar influidos por las condiciones implícitas que los 'intermediarios' de la información esperan de sus clientes. Esto puede influir en sus opiniones al considerar cuestiones normativas tales como la evaluación del riesgo, las ventajas sociales o el respeto de la dignidad humana en el contexto de un programa de investigación determinado.

¿Expertos desinteresados?

No debe inferirse de la discusión precedente que los científicos no deban desempeñar un papel normativo o político o que deben limitarse a ser meros 'custodios de hechos'. Sin embargo, deben ser honestos al explicar las premisas sobre las que se basan sus recomendaciones normativas. La propia ciencia es una gran empresa actualmente, como importante proveedor de empleos, así como también como cliente importante de productos tecnológicos (en lo que se refiere tanto a software como a hardware) y está implicada en la adquisición de la propiedad de las patentes y en su explotación comercial. Los científicos operan no solamente dentro de los campos de la investigación independiente, sino también dentro de un área económica gobernada por mecanismos de mercado. Hoy día, un 'campus de investigación científica' académico se parece cada vez más a un 'parque tecnológico' comercial. Y aquí prevalecen intereses distintos de los de la 'investigación científica pura', intereses que pueden dominar la ética científica hasta tal punto que pueden desembocar en publicaciones prematuras o descuidadas, en una carrera por ser 'el primero'. Esos motivos pueden también desempeñar un papel cuando se representan y se emiten opiniones científicas. Esto se debe a que están en juego los puestos de trabajo, la financiación, las licencias, las patentes y los usos comerciales. La preocupación por mantener las dotaciones de personal de un laboratorio o grupo de investigación puede ser tan predominante que los científicos estén dispuestos a aceptar cualquier tema de investigación, sea de la industria o del gobierno, con el resultado de que gradualmente pierden el control de su propia agenda de investigación, sin darse cuenta.

La ciencia misma es actualmente una gran empresa y un importante proveedor de empleos. Así, pueden prevalecer intereses distintos de los de la investigación científica pura, cuando están en juego los puestos de trabajo, la financiación, las licencias y los usos comerciales

Una visión crítica de la sociedad

¿Implica esto escepticismo sobre la posibilidad de que los científicos adopten una posición crítica de la sociedad? En absoluto. La cantidad considerable de investigación independiente realizada cada día en nuestras universidades es testimonio de esta posibilidad. Sin embargo, las condiciones para esto tienen que estar aseguradas, garantizando la independencia tanto de las instituciones de investigación científica como de los propios investigadores científicos. Las universidades sólo pueden dar las garantías necesarias si pueden tomar decisiones independientes sobre la asignación de los fondos de investigación, y si son conscientes de la distinción entre su misión de investigación científica fundamental, que es su principal tarea, y la investigación aplicada o relacionada con la política que se les pide que realicen. La primera constituye el núcleo de la investigación independiente y exige que las universidades o grupos de investigación no dependan en gran medida, para su existencia continuada, de la investigación encomendada a ellos desde el exterior.

Una cantidad considerable de investigación independiente se realiza en las universidades. Sin embargo, esto sólo puede mantenerse si las universidades pueden tomar decisiones independientes sobre la asignación de los fondos de investigación

Desde la Ilustración, desenmascarar ideas falsas ha sido siempre un importante papel de los intelectuales. La ciencia adoptará siempre una actitud crítica frente al poder. Esta posición es más que un tópico en una época en que la información se ha convertido en la fuerza productiva más importante y en el más importante producto de la sociedad. El problema es, sin embargo, que la ciencia está tan fragmentada y especializada que los expertos pueden apenas ver las implicaciones sociales más generales del conocimiento adquirido; solamente contestan las preguntas que ellos mismos se hacen y sólo hacen las preguntas que pueden contestar. ¿Cómo pueden entonces adoptar una visión crítica de la sociedad?

Hay tres sistemas principales para que las universidades puedan adoptar una visión crítica de la sociedad: la gestión interdisciplinar del conocimiento, situar el conocimiento en una visión mundial más amplia, e informar a la gente sobre la ciencia

Tres caminos pueden seguirse a este respecto, a saber: (a) la gestión interdisciplinar del conocimiento, (b) desarrollar visiones científicas mundiales más amplias en las que situar el conocimiento y (c) informar a la gente sobre la ciencia.

(a) Primero está la importancia creciente de la gestión del conocimiento y, en este caso particular, de la gestión interdisciplinar del conocimiento en un contexto de equipo: un neurólogo que trabaja en tecnología genética debe ser capaz de comparar sus puntos de vista con los de un especialista neonatólogo que, a su vez, debe poder contrastarlos con un pediatra, el cual deberá obtener las opiniones de psicólogos y sociólogos. O la gestión del conocimiento se convierte en una especialización por sí misma, o necesitamos optar por la cooperación interdisciplinar. Sin embargo, solamente la segunda opción permitiría a los científicos involucrarse en las implicaciones sociales más amplias de sus decisiones. Los científicos pueden tener una visión crítica de la sociedad sólo si son capaces de tener una visión crítica de su propio trabajo científico y del papel y la función de su proyecto de investigación: es decir, no puede haber crítica de la sociedad sin autocrítica.

(b) En segundo lugar, se está dando cada vez más importancia a la necesidad de tomar en consideración los puntos de vista mundiales (Apostel y Van der Veken, 1991). Los científicos deben ser capaces y estar dispuestos a situar su conocimiento fragmentario en un contexto más amplio, de modo que puedan adquirir una comprensión más clara de las implicaciones más amplias de su investigación y de las posibles alternativas. La actividad científica actualmente consta de islas concentradas de investigación entre las que hay escasa cooperación, o incluso poco interés. A corto plazo, este alto grado de especialización puede ser productivo, pero a largo plazo las distintas formas de disonancia cognitiva bloquearán probablemente cualquier desarrollo posterior del conocimiento.

(c) Finalmente, informar a la gente sobre la ciencia también es importante. Esto exige de los científicos no sólo pruebas basadas en percepciones de fenómenos y acontecimientos sociales, sino también la capacidad de presentar sus puntos de vista a un público más amplio, de modo que puedan ser fácilmente comprendidos. En una época en la que la ciencia se está haciendo cada vez más compleja, proporcionar información sobre ella es una tarea excepcionalmente importante -pero también precaria- ya que, a menudo, una divulgación defectuosa es la causa de incomprensiones muy generalizadas, pues la divulgación es algo diferente de la simplificación: es una habilidad que puede y debe aprenderse.

Es evidente que la función de la ciencia como examinador crítico de la sociedad no es ya sólo cuestión de la sustancia de esa crítica. Es al mismo tiempo una cuestión organizativa respecto a los contextos institucionales en los que es posible una crítica social razonada.

--------------------------------------------------------------------------------

Palabras clave

conocimientos científicos, comunicación, normas, buena práctica

Referencias

Apostel, L. y Van der Veken, J., Wereldbeelden. Van fragmentering naar integratie, Kapellen, Pelckmans, 1991.

Biagioli, M., Aporias of scientific authorship. En: Biagioli M. (ed.), The science studies reader, Nueva York/Londres, Routledge, 1999, págs. 12-30.

Horton, R., The signature of responsibility, The Lancet, vol. 350, 5 julio 1997, págs 5-6.

Kuhn, T.S., The structure of scientific revolutions, International Encyclopedia of Unified Science, vol. 2, nº 2, Chicago, University of Chicago Press, 1962.

Latour, B., Science in action, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1987.

Popper, K.R., The logic of scientific discovery, Oxford, Oxford University Press, 1959.

Raes, K., Moral powerlessness in relations of subordination. Moral responsibility and organizational culture. En: Hondeghem A. (ed.), Ethics and accountability in a context of governance and new public management. Amsterdam, IOS Press, 1998, págs 197-206.

Raz, J., The morality of freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, pág. 23 ff.

Russell, B., Has man a future?, Harmondsworth, Penguin, 1961.

Smith, R., Authorship: time for a paradigm shift? The authorship system is broken and may need a radical solution, British Medical Journal, vol. 314, 5 abril 1997, pág. 992.

Sterckx, S. (ed.), Biotechnology, patents and morality, Aldershot, Ashgate, 1997.

Weber M., Wissenschaft als Beruf, Berlin, Dunker und Humblot, 1919.

Contacto

Koen Raes, Universidad de Gante

correo electrónico: koen.raes@rug.ac.be

Sobre el autor

--------------------------------------------------------------------------------

Koen Raes es catedrático de Filosofía Legal y Ética en la Universidad de Gante y responsable del grupo de investigación IN REM (Instituto de Derecho, Ética y Sociedad) que, entre otras actividades, coordina encuestas sobre varios códigos/casos de ética profesional y participa en el programa de investigación interuniversitario (IUAP) sobre el tema ' lealtades del conocimiento'.