Responsabilidad del Estado legislador por la gestión de la crisis sanitaria Covid-19 y estado de alarma
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
15.21 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR POR LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA
COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
Se examinan los requisitos de la responsabilidad del Estado legislador tras la
declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto 463/2020 de declaración del
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia
COVID-19. Sobre la inexistencia de daños antijurídicos y sobre el deber jurídico de
soportar los daños. 1
La Abogacía del Estado en este Ministerio, en contestación a la consulta elevada a
instancia del Sr. Subdirector General de Seguimiento y Gestión de Procedimientos de
Responsabilidad Patrimonial en el ámbito de la Administración General del Estado y
Entidades de Derecho Público dependientes, sobre la legalidad del borrador de propuesta
de resolución DESESTIMATORIA de la reclamación por responsabilidad patrimonial
presentada por la mercantil AAA. SL, por la que formula solicitud de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, por los daños
producidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma y la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas, analizado el
expediente remitido y la normativa de pertinente aplicación se emite el presente, con
fundamento en las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera. Sobre los requisitos de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pública es una institución
garantizada desde la Carta Magna y así resulta del artículo 106.2 CE, conforme al cual:
«Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos
de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
En desarrollo de este precepto dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
«1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
1 Informe emitido el 16 de septiembre de 2021 por D.ª María Bueyo Díez Jalón, Abogada del Estado-
Jefe en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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