STS 727/2003, 14 de Julio de 2003

Ante el Juzgado de Primera Instancia número dos de Igualada, fueron vistos los autos de juicio ordinario de menor cuantía número 439/93, a instancia de Dª Julia , representada por el Procurador D. Josep María Sala Boria, contra D. Luis María , La entidad Repsol Butano, S.A., Dª Elsa y contra su esposo D. Daniel , sobre reclamación de indemnización de daños y perjuicios.

1. - Por la representación de la parte actora, se formuló demanda en base a los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, para terminar suplicando en su día se dicte sentencia por la que "se condene a los citados D. Luis Carlos , a la Entidad REPSOL-BUTANO, S.A., Doña Elsa y su esposo D. Daniel , conjunta y solidariamente, a pagar a mi mandante: 1º.- La cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTAS DIECISIETE MIL SEISCIENTAS PESETAS (11.417.600.- Ptas), valor del edificio destruido y gastos de derribo y desescombro como daño emergente. 2º.- Condenar a los citados demandados, también conjunta y solidariamente a pagar a mi mandante, como lucro cesante la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES PESETAS (9.495.393.- Ptas.) por importe de los alquileres dejados de percibir por consecuencia de la explosión desde la fecha de ésta (2-2- 1986), hasta el mes de Octubre de 1993, todos anteriores a la fecha de esta demanda, que son 93 meses a 102.101.- Ptas al mes. 3º.- Condenarles también conjunta y solidariamente a pagar a mi mandante la cantidad de pesetas CINCO MILLONES OCHOCIENTAS OCHENTA MIL SESENTA Y CUATRO (5.880.064.- Ptas) por los intereses, desde la fecha de la Sentencia de Primera Instancia de 28 de junio de 1989, hasta el 31 de octubre de 1993, o sea Pesetas 5.880.064.-, según detalle en el último hecho de este escrito. 4º.- Condenarles al pago de las costas y gastos del proceso e intereses de acuerdo con el art. 921-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

2. - Admitida la demanda y emplazados los demandados, se personó en autos la Procuradora Dª Remei Puigvert Romaguera, en nombre y representación de D. Luis María , quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia absolviendo a dicho codemandado de los pedimentos de la demanda e imponiendo las costas a la actora.

3. - Asimismo comparecieron en el término señalado los codemandados D, Daniel y su esposa Dª Elsa , representados por el Procurador D. Jordi Dalmau Ribalta, quien contestó a la demanda en base a los hechos que estimó oportunos y tras alegar los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, acabó suplicando se dictara sentencia desestimando la demanda e imponiendo las costas a la parte actora.

4. - No habiendo comparecido el demandado REPSOL BUTANO, S.A. dentro del término por el cual fue emplazado, se le declaró en rebeldía. Habiéndose presentado por esta parte con posterioridad, escrito por la Procuradora Dª Remei Puigvert Romaguera solicitando se le tuviera por comparecido y parte en las actuaciones.

5. - Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos la Ilma. Sra. Juez de Primera Instancia, dictó sentencia en fecha 27 de junio de 1995, cuyo fallo es el siguiente: "Que estimando la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO en la instancia a los demandados, D. Luis María , representado por el Procurador Dª Remei Puigver Romaguera, la entidad REPSOL BUTANO, S.A. representada por Dª Remei Puigvert Romaguera, Dª Elsa y D. Daniel , representados ambos por el Procurador D. JORDI DALMAU RIBALTA, de los pedimentos de la demanda formulada por el Procurador D. JOSEP MARIA SALA BOIRA en nombre y representación de Dª Julia ; con expresa condena en costas a la parte actora".

Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia en fecha 4 de junio de 1997, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por doña Julia contra la sentencia de fecha 27 de junio de 1995 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de los de Igualada, en los autos de que el presente rollo dimana, debemos revocar y revocamos la misma en su integridad y, en su lugar, estimando en parte la demanda, debemos condenar y condenamos a don Daniel , doña Elsa y Repsol Butano, S.A. a que satisfagan a la actora la cantidad de once millones cuatrocientas diecisiete mil seiscientas pesetas (11.417.600 pts.-) en concepto de daño emergente, y la de cinco millones trescientas setenta y una mil ochocientas sesenta y seis pesetas (5.371.866 pts..-) por lucro cesante, con los intereses legales desde la presente resolución, debiendo correr a cargo de los consortes Srs. Daniel y Elsa el abono del 60% de la expresada deuda y al de Repsol Butano, S.A., el del restante 40%; absolviendo de la demanda a don Luis María , con imposición a la actora de las costas originadas al mismo, mientras que las restantes costas deberán correr a cargo de cada una de las partes y las comunes por mitad, sin hacer expresa imposición de las costas de la presente alzada".

1.- El Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de REPSOL BUTANO, S.A., interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:" PRIMERO.- Al amparo, o con sede, en el ordinal cuarto, del artículo 1692 LEC por infracción del artículo 1902 C.C. y doctrina jurisprudencial sobre necesidad de reproche culpabilístico para el nacimiento de la obligación de indemnizar; todo ello en relación al artículo 28 de la Ley 26/1984; inexistencia de nexo causal. SEGUNDO.- Al amparo en el ordinal cuarto del artículo 1692 LEC por infracción del artículo 1902 Cc. en relación al art. 1903 CC. y de la doctrina jurisprudencial aplicable. TERCERO.- Al amparo del ordinal cuarto del artículo 1692 LEC por infracción del artículo 1214 CC, y doctrina aplicable sobre carga de la prueba, sobre obligación de probar los hechos constitutivos de la litis. CUARTO.- Al amparo, o con sede en el ordinal 4º del art. 1692 LEC por infracción del artículo 1106 CC y doctrina jurisprudencial interpretativa del mismo; incorrecto cálculo de la cifra indemnizatoria".

2. - Asimismo el Procurador D. José Luis Ferrer Recuero en nombre y representación de D. Daniel , interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del nº 3 del art. 1692 de la LEC que establece como motivo del recurso de casación el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular del art. 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. SEGUNDO.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la LEC que establece como motivo del recurso de casación la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en particular, la infracción del art. 24 de la Constitución Española, por causar la resolución recurrida manifiesta indefensión a mi mandante. TERCERO.- Al amparo paro del nº 4 del art. 1692 de la LEC, que establece como motivo del recurso de casación la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en particular, la infracción del art. 1902 del Código Civil en tanto no existe relación de causalidad y la jurisprudencia que lo desarrolla (entre otras, las STS de 6/3/89, 26/5/82, 13/6/96, 25/2/92, 30/3/82 y 26/10/83). CUARTO.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la LEC que establece como motivo del recurso de casación la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en particular, la infracción del art. 1968 del Código Civil sobre la prescripción anual para las reclamaciones de responsabilidad extracontractual".

3. - El Procurador D. Luis Pozas Granero (sustituido posteriormente por D. Luis Pozas Osset), en nombre y representación de Dª Julia , interpuso recurso de casación contra la mencionada sentencia Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del apartado cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 1902 del Código Civil y de la jurisprudencia sobre la responsabilidad extracontractual por daños causados por acción u omisión. SEGUNDO.- Al amparo del apartado 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aplicación indebida del artículo 1252 del Código Civil e infracción de la jurisprudencia aplicable. TERCERO.- Al amparo del apartado 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 1106 del Código Civil. CUARTO.- Al amparo del apartado cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los preceptos del ordenamiento jurídico que se citan".

4. - Admitidos los recursos de casación por auto de esta Sala de fecha 9 de febrero de 1999, se entregaron copias de los escritos a las partes, para que en el plazo indicado, pudieran impugnarlos, como así lo efectuaron.

5. - Y no teniendo solicitada por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día DOS DE JULIO del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

Por doña Julia se formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra don Luis María , Repsol Butano, S.A., doña Elsa y su esposo don Daniel , solicitando la condena conjunta y solidaria de los codemandados al pago de las cantidades que establece como indemnización por los daños y perjuicios sufridos en la vivienda de su propiedad a consecuencia de la explosión habida en la edificación colindante a la suya, propiedad de don Daniel .

La sentencia recurrida en casación, revocatoria de la de primera instancia, estimó parcialmente la demanda y condenó a don Daniel , a doña Elsa y a Repsol Butano, S.A. a que satisfagan a la actora la cantidad de 11.417.600 pesetas en concepto de daño emergente, y la de 5.371.866 pesetas por lucro cesante, con los intereses legales desde la presente resolución, debiendo correr a cargo de los consortes Srs. Daniel y Elsa el abono del 60% de la expresada deuda y al de Repsol Butano, S.A. el del restante 40%; absolvió de la demanda a Luis María

Contra dicha sentencia se han interpuesto recursos de casación por Repsol, S.A., don Daniel y doña Julia

RECURSO DE REPSOL BUTANO, S.A.

Al amparo del art. 1692.4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se formulan los dos primeros motivos de este recurso; en el primero se denuncia infracción del art. 1902 del Código Civil y doctrina jurisprudencial sobre necesidad de reproche culpabilístico para el nacimiento de la obligación de indemnizar, en relación con el art. 28 de la Ley 26/1984, inexistencia de nexo causal; en el segundo se denuncia infracción del art. 1902 en relación con el art.1903, ambos del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial aplicable.

Para la resolución de ambos motivos ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

Entre los varios procesos judiciales seguidos para la exigencia de responsabilidad por los daños y perjuicios causados a consecuencia de la explosión de gas ocurrida el día 2 de febrero de 1986 en el edificio sito en la carretera de Manresa, número 16, de Igualada, se encuentra el promovido a instancia de don Daniel y doña Elsa contra Gas Igualada, S.A. y Repsol Butano, S.A., que dio lugar a los autos número 78/89, del Juzgado de Primera Instancia de Igualada. En estos autos se dictó sentencia en grado de apelación en la que se condenaba a Repsol Butano, S.A. a abonar a los actores la suma de 23.310.160 pesetas y se confirma el pronunciamiento de la primera instancia, absolutorio de la entidad codemandada Gas Igualada, S.A.

Interpuesto por Repsol Butano, S.A. recurso de casación contra dicha sentencia, esta Sala lo resolvió por sentencia de 23 de diciembre de 1995 que contiene la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Repsol Butano, S.A. contra la sentencia pronunciada por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 28 de enero de 1992, que dejamos sin efecto exclusivamente en lo relativo a que la Cía. Repsol Butano, S.A. condenada deberá abonar a los actores el 50% de la indemnización fijada en dicha sentencia, manteniéndose en todo lo demás, sin costas y devolución del depósito constituido. En cuanto al recurso interpuesto por don Daniel y doña Elsa , contra la mencionada sentencia lo desestimamos, haciendo constar que a las cantidades fijadas como indemnización habrán de integrarse los intereses procesales de los arts. 921 y ss, con condena en costas y pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal".

Se funda la condena de Repsol Butano, S.A. en la doctrina del riesgo si bien se modula su responsabilidad al imputar a los actores una conducta negligente concurrente en el nexo causal que da lugar a la distribución que se contiene en el fallo, como se explícita en el fundamento de derecho segundo de la sentencia de casación del año 1995 citada.

Dice la sentencia del Tribunal Constitucional 151/2001, de 2 de julio, que "los órganos jurisdiccionales han de ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando hayan de decidir sobre una relación o situación respecto de la cual la sentencia recaída se encuentra en estrecha conexión; ello obliga a que la decisión que se adopte en esa sentencia siga y aplique los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior,.....Por ello, si bien es cierto que la libertad de interpretación de la norma ha de ser respetada como parte integrante de la propia función jurisdiccional, los principios de igualdad jurídica y de legalidad en materia procesal (arts. 9.3 y 117.3 CE) vedan a los Jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto si consideran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección jurisdiccional carecería de efectividad si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier circunstancia (sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983, de 3 de octubre, 67/1984, de 7 de junio, y 189/1990, de 26 de noviembre, entre otras).

Este efecto no sólo puede producirse con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada (art. 1252 del Código Civil); también se produce cuando se desconoce lo resuelto por sentencia firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en el referido art. 1252 del Código Civil (sentencias del Tribunal Constitucional 171/1991, de 16 de septiembre y 219/2000, de 18 de septiembre). No se trata sólo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla. La intangibilidad de lo decidido en resolución judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos, es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial, tal como se consagra en el art. 24.1 de la Constitución Española, de tal suerte que éste resulta desconocido cuando aquélla lo es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conociese la existencia de la resolución que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto, tal y como puso de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional 183/1994, de 20 de enero, y, corroboró con posterioridad la sentencia 190/1995, de 25 de octubre". Y la sentencia del Tribunal Constitucional 150/2001, de 2 de julio, ante el supuesto en ella contemplado, señala: "En el presente caso es claro que un mismo asunto litigioso, con independencia y más allá de la concreta fundamentación jurídica de las diversas sentencias cuestionadas, ha recibido del mismo órgano judicial, en sede casacional, dos respuestas diferentes y aparentemente contradictorias, lo que supone un resultado arbitrario en la medida en que los ciudadanos han obtenido distintas respuestas sin que medie un razonamiento que así lo justifique".

La doctrina constitucional expuesta hace decaer estos dos primeros motivos de este recurso ya que la cuestión que en ellos se suscita es la misma que fue resuelta por la citada sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 1995, la responsabilidad de Repsol Butano, S.A. en la causación de la explosión de gas habida en la casa número 16 de la carretera de Manresa, en Igualada, productora de los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama en uno y otro proceso, por lo que la solución que aquí se de a esta cuestión no puede ser distinta y contradictoria a la dada en la repetida sentencia de 1995.

El motivo tercero alega infracción del art. 1214 del Código Civil y doctrina aplicable sobre carga de la prueba, entendiendo que la actora no ha cumplido con la carga de la prueba de acreditar el valor de la casa cuyo importe reclama ni el importe de los gastos de desescombro. En su escrito inicial la actora reclama por esos conceptos la cantidad de 11.417.000 pesetas (10.617.600 pesetas, valor de la casa; 800.000 pesetas para derribo y desescombro y cita como prueba el informe pericial obrante en el sumario 8/86, informe que fue aportado en periodo probatorio por medio de testimonio y que figura unido en el tomo 2 de los autos originales (folios 45 a 59, y más concretamente, en este último). Se podrá discutir si tal informe aportado documentalmente a los autos tiene o no eficacia probatoria, mediante la alegación de error de derecho en la valoración de la prueba, pero no que se haya invertido por la Sala de instancia el "onus probandi" cuando afirma en el sexto fundamento jurídico de su sentencia que "si bien no se ha practicado en la presente litis una prueba pericial encaminada a la confirmación de la justeza de tales valoraciones;...en los pleitos antecedentes si figuran dictámenes periciales que fijan el valor del edificio siniestrado y de los trabajos de desescombro en las cantidades ahora reclamadas de nuevo"; se ha basado, por tanto, la Sala "a quo" para fijar el importe de esos conceptos reclamados en las pruebas obrantes en autos lo que impide, según reiterada doctrina de esta Sala, invocar en casación, como infringido, el art. 1214 del Código Civil. Por ello, se desestima el motivo.

El motivo cuarto acusa infracción del art. 1106 del Código Civil, tanto en la cuantificación del daño emergente como en la del lucro cesante.

En cuanto al daño emergente, aparte de insistir en la falta de prueba del mismo que denunciaba en el motivo precedente, se funda en el argumento de que "es hecho notorio que la mejor operación financiera, o económica para todo propietario con inquilinos de renta antigua, con contrato indefinido, es la de liberar la finca de tal carga. Al "liberar" la finca de inquilinos, y convertir la finca en solar, la propiedad experimenta un evidente y notorio "lucro" que debería haber sido tomado en consideración", citando en su apoyo la sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 1981. Esta argumentación no puede prosperar ya que pretende introducir una cuestión nueva no discutida en la instancia; la aquí recurrente no contestó a la demanda al haberse personado ante el Juzgado concluido el plazo para ello; no propuso prueba sobre la existencia del pretendido "lucro" que ahora se alega y en su impugnación por escrito del recurso de apelación interpuesto por la actora, al referirse a la cuestión de fondo, no hace mención alguna a tal cuestión.

En cuanto a la impugnación de la cuantía señalada como lucro cesante, la misma no puede prosperar. Dice la sentencia de 26 de septiembre de 2002 que principio básico de la determinación de lucro cesante es la que se delimita por un juicio de probabilidad. A diferencia del daño emergente, daño real y efectivo, el lucro cesante se apoya en la presunción de como se habrían sucedido los acontecimientos en el caso de no haber tenido lugar el suceso dañoso; y añade esta sentencia que el fundamento de la indemnización de lucro cesante ha de verse en la necesidad de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido, lo que exige, como dice el art. 1106, que se le indemnice también la ganancia dejada de obtener. Y la sentencia de 8 de julio de 1996, citada en la anterior, señala que las ganancias que pueden reclamarse son aquellas en que concurre similitud suficiente para ser reputadas como muy probables, en la mayor aproximación o su certeza efectiva, siempre que se acredite la relación de causalidad entre el evento y las consecuencias negativas derivadas del mismo, con relación a la pérdida del provecho económico.

Existente en el caso la relación de causalidad entre el evento acaecido y la pérdida por la actora de los alquileres que venía percibiendo antes de ese evento, ha de tenerse en cuenta que, como dice la sentencia de 7 de abril de 2003, "la fijación de la cuantía de una indemnización forma parte de la función soberana del juzgador de instancia y no es revisable en casación so pena de convertir a la misma en una tercera instancia. Esta doctrina tiene algunas excepciones, como son las relativas a la infracción de la norma legal, error en la valoración de la prueba en la determinación de los datos fácticos, o cuando se excede en una notoria desmesura, en más o en menos, que supone un error palmario o arbitrariedad con conculcación del art. 24.1 CE"; excepciones que no se dan en el presente caso en que la probabilidad de percepción de las ganancias que se reclaman, de no haberse producido la destrucción de la casa de la actora, era sumamente alta, rayana casi en la certeza absoluta.

Por todo ello, se desestima el motivo.

La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso determina la de éste en su totalidad con la expresa condena en costas a la parte recurrente, de acuerdo con el art. 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

RECURSO DE DON Daniel .

Dado su contenido, procede examinar en primer término el motivo cuarto de este recurso en el que, al amparo del art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción del art. 1968 del Código Civil que estable la prescripción anual para las reclamaciones de responsabilidad extracontractual; se argumenta que, demandado el recurrente en su condición de propietario de la casa en que se produjo la explosión causante de los daños a indemnizar, no era necesario esperar al resultado del proceso -civil o penal- para demandarle ya que no se iba a desvirtuar el carácter por el que se le demanda. Como dice la sentencia de 16 de diciembre de 2002, "basta sin embargo recordar lo que dispone el art. 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ponerlo en relación con el art. 1969 del Código Civil para que este motivo caiga por su base, porque la pendencia del proceso penal impedía con carácter general, salvo en lo expresamente previsto para las cuestiones prejudiciales, emprender la acción civil separadamente hasta que aquél se resolviera por sentencia firme"; en el mismo sentido, la sentencia de 20 de octubre de 1993, entre otras muchas, afirma que "cuando los hechos dan lugar a actuaciones penales, éstas paralizan la posibilidad de actuar en vía civil o el proceso que haya comenzado, pues así lo impone el art. 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta que recaiga sentencia firme. Precepto este que obliga a la jurisprudencia a extender la apertura de la vía civil a los supuestos de sobreseimiento libre (en este caso lo contempla el art. 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) e incluso al sobreseimiento provisional o el archivo de las diligencias".

Seguida causa penal por los hechos litigiosos y dictado auto de sobreseimiento provisional de fecha 11 de junio de 1988, el "dies a quo" del plazo prescriptivo ha de situarse en el día en que la actora tuvo conocimiento de tal resolución; en consecuencia, se desestima el motivo.

Al amparo del ordinal 3º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el motivo primero denuncia infracción de los arts. 359 y 372 de la misma Ley Procesal, alegando que la sentencia concede algo distinto de los pedido. Es doctrina reiterada de esta Sala la de que la congruencia de las sentencias se mide por la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que los litigantes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera que no puede la decisión otorgar más de lo pedido en la demanda, ni menos de los admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente y no pretendida, lo que no ocurre en este caso en que la sentencia recurrida resuelve la cuestión litigiosa en los propios términos en que se planteó el debate judicial sin que se haya producido un cambio por el Juzgador de la "causa petendi". La responsabilidad que se atribuye en la demandada al demandado ahora recurrente, se funda, no en la simple titularidad de la casa en que se produjo la explosión, sino, como se expone a lo largo del escrito inicial, en que ocupando aquél la vivienda con su familia no observó la debida diligencia en la conservación de las instalaciones y en el almacenamiento indebido de bombonas de gas.

Procede así la desestimación del motivo, al igual que la del motivo segundo que no es sino reiteración del anterior con invocación como infringido del art. 24 de la Constitución.

El motivo tercero alega infracción del art. 1902 del Código Civil. La doctrina constitucional recogida en el fundamento segundo de esta resolución y la eficacia vinculante que allí se atribuye a la sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 1995, hace decaer este tercer motivo.

La desestimación de todos y cada uno de los motivos de este recurso determina la del recurso en su integridad con la preceptiva condena en costas a la parte recurrente, de acuerdo con el art. 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

RECURSO DE DOÑA Julia .

El motivo primero de este recurso, acogido al art. 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción del art. 1902 del Código Civil; se acusa a la sentencia recurrida de ser contraria a la doctrina jurisprudencial sobre la solidaridad de las obligaciones nacidas por daños causados por acción u omisión interviniendo culpa o negligencia, al condenar a los consortes Srs. Daniel y Elsa al abono del 60% de las cantidades que establece y a Repsol Butano, S.A. al abono del restante 40%, ello con base en la sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 1995.

Como señala la sentencia de 7 de marzo de 2002 con abundante cita de otras resoluciones de esta Sala, la aplicación de la solidaridad en sede de la denominada responsabilidad extracontractual (que responde a razones de equidad, interés social, y asegurar la protección de las víctimas entre otras) se halla recogida en una profusa jurisprudencia de esta Sala que la impone en aquellos casos en que, interviniendo una pluralidad de agentes con concurrencia causal en la producción del evento dañoso, no resulta factible individualizar la contribución de cada uno, por lo que deviene imposible deslindar las responsabilidades concretas (lo que debe entenderse sin perjuicio de las reclamaciones que deban hacerse entre ellos los condenados, las cuales pertenecen al ámbito de su relación "ad intra", que es ajena al proceso en que la condena solidaria se impuso). Añade esta sentencia que "se precisa concurrencia causal única (sentencia de 19 de julio de 1996 y 11 de abril de 2000, entre otras), pero ello no obsta a una pluralidad de comportamientos (conductas y omisiones) que pueden ser independientes y autónomos, simultáneos o sucesivos, pero que obviamente han de concurrir o concatenarse en la producción del resultado dañoso".

Si bien la sentencia de esta Sala de 23 de septiembre de 1995 tiene o produce los efectos vinculantes establecidos en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, tales efectos han de limitarse a la determinación de la responsabilidad de don Daniel y su esposa doña Elsa , de una parte, y de Repsol Butano, S.A., de otra, como concurrentes en la causación del daño producido y en aplicación de la reiterada doctrina jurisprudencial de que existiendo comportamiento culposo tanto en el causante del daño como en el perjudicado, tal concurrencia, si bien no excluye la obligación de indemnizar, determina la moderación en el montante económico a satisfacer a la víctima, disminuyendo la indemnización debida. Tal criterio moderador no es de aplicación respecto a la indemnización por los daños causados a un tercero, como es el caso contemplado en este recurso, por quienes, con su conducta negligente los produjeron, sin perjuicio de que uno de los cocausantes haya sufrido, a su vez, daños y perjuicios. La distribución que se hace en la sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 1995 (del 50%, entre ambas partes allí condenadas, y no del 60% y del 40% como se dice en la sentencia aquí recurrida) tendrá efectos en la relación interna entre los causantes del daño, no frente a la actora recurrente ante la cual la responsabilidad que se imputa a los codemandados tiene carácter solidario. En consecuencia se estima este primer motivo, estimación que hace innecesario el examen del segundo motivo en que se viene a plantear la misma cuestión que en el anterior denunciando ahora infracción del art. 1252 del Código Civil.

El motivo tercero, por el mismo cauce procesal que los anteriores, denuncia infracción del art. 1106 del Código Civil, combatiendo la cuantificación de la indemnización por lucro cesante que establece la sentencia recurrida. Dice la sentencia de 5 de noviembre de 1998 que "el lucro cesante, como el daño emergente debe ser probado; la dificultad que presenta el primero es que sólo cabe incluir en este concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido y no ha sido así; no incluye los hipotéticos beneficios o imaginarios sueños de fortuna. Por ello, esta Sala ha destacado la prudencia rigorista (así, sentencia de junio de 1993) o incluso criterio restrictivo (así, sentencia de 30 de noviembre de 1993) para a preciar el lucro cesante; pero lo verdaderamente cierto, más que rigor o criterio restrictivo, es que se ha de probar, como en todo caso debe probarse el hecho con cuya base se reclama una indemnización; se ha de probar el nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir, lucro cesante y la realidad de éste, no con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión (así, sentencias de 8 de julio de 1996 y 21 de octubre de 1996)".

Declarado por la sentencia recurrida que en el momento de ocurrir el siniestro, el día 2 de febrero de 1986, la actora sólo venía percibiendo renta de dos de las viviendas de que constaba la edificación, y que el inquilino del piso 2º lo había abandonado en el anterior mes de noviembre, es evidente que la no percepción de renta por el alquiler de ese piso 2º no proviene del evento dañoso aquí enjuiciado, por lo que no se da relación de causalidad entre el mismo y la ganancia que se dice dejada de obtener.

Por ello, de acuerdo con la jurisprudencia más arriba citada, se desestima el motivo.

El motivo cuarto denuncia infracción de los arts. 921, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1089, 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, pretende esta parte recurrente que la obligación de pago de los intereses procesales que establece el citado artículo de la Ley Procesal se establezca a partir del momento de la interposición de la demanda iniciadora de los anteriores autos de juicio declarativo número 266/88, es decir, el día 26 de junio de 1989. Aparte del confusionismo en que incurre al referirse conjuntamente a los moratorios, regulados en el art. 1108 del Código Civil, y los intereses procesales del art. 921, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (estos últimos con los que únicamente solicitó en su demanda), el motivo no puede prosperar. Es doctrina reiterada de esta Sala (sentencias de 6 de octubre de 2000 y 16 de abril de 2001) que el propio in illiquidis non fit mora se refiere al supuesto de reclamación de deudas dinerarias en que, por no hallarse líquida la cantidad reclamada, su liquidación ha de hacerse a través del proceso, por lo que no puede ser apreciada mora solvendi, a efectos de los intereses legales moratorios. De ahí que, habida cuenta de la necesidad del seguimiento de este proceso para la determinación de las responsabilidades pecuniarias de los demandados, no resulten infringidos por la sentencia de instancia los preceptos del Código Civil que se invocan en el motivo, como tampoco lo es el art. 921, párrafo cuarto, de la Ley Procesal, ya que fijada la cuantía indemnizatoria por la Sala de apelación al revocar la sentencia absolutoria de primera instancia, es la fecha de la sentencia objeto de este recurso la que sirve de día inicial para el cómputo de los intereses procesales. Por todo ello se desestima el motivo.

La estimación del motivo primero de este recurso deterrmina la casación y anulación de la sentencia recurrida si bien parcialmente, en el solo sentido, de acuerdo con lo razonado en el fundamento jurídico noveno de esta resolución, de establecer el carácter solidario de la obligación indemnizatoria que se impone a los codemandados condenados en la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español