Responsabilidad civil subsidiaria del banco por pago de cheques falsificados

Páginas1-4
Fecha01 Julio 2025
AutorJavier Muñoz Cuesta (Fiscal del Tribunal Supremo)

Es doctrina reiterada de la Sala 2ª TS que la responsabilidad civil derivada del delito, ya sea directa o subsidiaria, que se insta en el proceso penal, se rige por las normas propias de derecho civil, en tanto que se ejercita una acción distinta a la criminal, aunque acumulada al proceso penal por razones de utilidad y economía procesales, con la finalidad de satisfacer los legítimos derechos de carácter civil de las víctimas o perjudicados por el hecho punible, de tal modo que las acciones civiles no pierden su naturaleza propia por el hecho de ejercitarse ante la jurisdicción penal.

Este principio irrefutable lleva como consecuencia que en los hechos probados de la sentencia de condena penal, es necesario que consten los elementos de los que surge la responsabilidad civil, datos de vinculación entre el hecho delictivo y el daño o perjuicio sufrido por tercero ajeno al autor de la infracción criminal, además de la conducta realizada por quien no siendo responsable penal se le atribuye una responsabilidad civil directa o subsidiaria.

También es consecuencia del carácter puramente civil de esta responsabilidad exigida en el proceso penal, al carecer de trascendencia alguna en el plano sustantivo de derecho penal, el que no es de aplicación la rigurosa doctrina que impide la alteración del hecho probado que empeora la situación de los acusados, ya que la acción civil sigue teniendo esa misma naturaleza a pesar de ejercitarse en el proceso penal. Como señala la STS, Sala 2ª, 269/2023, de 19 de abril, la restricción sobre la modificación de los hechos probados en una sentencia absolutoria, no juega, a pesar de tratarse de un proceso penal, en la determinación de aquéllos en lo que se refiere a los aspectos civiles del delito.

En este sentido la STEDH, asunto Sardon Alvira contra España, de 24 de septiembre de 2013, respalda estas consideraciones, en que se condena en un supuesto de aplicación del art. 122 del Código Penal (CP) con modificación de los hechos probados en el aspecto civil, ello en consonancia con el art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) el que tiene repercusiones diferenciables en cuanto a los aspectos penales y civiles de un proceso.

Por todo ello es posible en una revisión de sentencia o recurso la modificación o complemento del hecho probado sin necesidad de acudir a su nulidad, aun cuando empeore la situación para los intervinientes como responsables civiles, siempre que proyecte sus efectos en una dimensión estrictamente civil, sin trascendencia alguna en el plano sustantivo de derecho penal, siendo así cómo debe interpretarse el art. 792 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en cuanto a la limitación que proclama para la revisión en apelación de pronunciamientos absolutorios, la que afecta exclusivamente a los pronunciamientos relativos a la responsabilidad penal, no así a los relativos a la...

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