Requisitos de validez de la propuesta de negociación en los MASC

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio público de Justicia, en adelante Ley Orgánica 1/2025, no define de forma expresa los requisitos de la propuesta de negociación, lo que ha obligado a la jurisprudencia a delimitar los presupuestos de validez del intento negociador como requisito de procedibilidad.

En este contexto, se ha ido configurando un conjunto de exigencias de carácter personal, material, temporal y probatorio, orientadas a garantizar que la negociación previa no sea una mera formalidad, sino un intento real y de buena fe de solución extrajudicial del conflicto, susceptible de ser acreditado ante el órgano judicial.

A continuación, se analizan los principales requisitos de validez de la propuesta de negociación en los MASC.

La disciplina normativa del requisito de procedibilidad se articula en la Ley Orgánica 1/2025 mediante una regulación deliberadamente abierta, en la que el legislador evita predeterminar rígidamente el contenido de la actividad negociadora. Esta técnica normativa responde a una doble finalidad: por un lado, favorecer la flexibilidad del sistema, y por otro, evitar la formalización excesiva de los MASC, que podría desnaturalizar su función.

El artículo 5 configura el intento de negociación como presupuesto de acceso a la jurisdicción, pero no lo define en términos cerrados, lo que obliga a acudir a una interpretación sistemática del conjunto de la norma. Es el artículo 7 el que exige que la actividad negociadora permita identificar el objeto de la controversia, lo que revela que el legislador no exige una negociación plena o exitosa, sino simplemente la existencia de un cauce real de diálogo.

Desde esta perspectiva, la relación con el artículo 264 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) resulta esencial: la exigencia de acompañar un documento acreditativo o, en su caso, una declaración responsable, evidencia que el control judicial se proyecta sobre la existencia del intento negociador.

En definitiva, la regulación legal configura un modelo en el que el requisito de procedibilidad opera como un filtro de acceso a la jurisdicción basado en la realidad del intento negociador, pero sin convertir al órgano judicial en un supervisor del contenido de la negociación.

La exigencia de identificación de las partes constituye un presupuesto lógico del propio concepto de negociación, en la medida en que no puede hablarse de actividad negociadora si no es posible determinar quién formula la propuesta y frente a quién se dirige.

A.- La identificación como requisito estructural del MASC

La jurisprudencia ha destacado que la falta de identificación impide verificar la existencia misma del intento negociador. Esta exigencia no responde a un formalismo, sino a una razón funcional, pues solo a través de la correcta identificación puede garantizarse que la comunicación ha sido dirigida al sujeto pasivo de la eventual pretensión (AAP Jaén 390/2025, 11 de diciembre de 2025). ^{[j 1]}

Desde este punto de vista, la identificación cumple una doble función: por un lado, una función probatoria, al permitir acreditar la relación entre la comunicación y el litigio; y, por otro lado, una función garantista, al asegurar que el destinatario ha tenido una oportunidad real de conocer la propuesta.

B.- Problemas prácticos. Identidad del destinatario

La exigencia no se satisface con una mera designación nominal, sino que requiere que exista una razonable certeza sobre la identidad del destinatario. De ahí que la jurisprudencia sea especialmente cautelosa cuando no puede acreditarse que el medio de comunicación pertenece al destinatario, o cuando la identificación resulta ambigua o incompleta.

En estos casos, el defecto no es meramente formal, sino que afecta a la propia eficacia del intento negociador.

El elemento material de la propuesta constituye el núcleo más controvertido del requisito de procedibilidad, en la medida en que plantea la cuestión de qué debe contener exactamente la invitación a negociar.

A.- Delimitación del objeto. Exigencia mínima imprescindible

La jurisprudencia es unánime en exigir que la comunicación permita identificar el objeto de la controversia. Esta exigencia responde a una razón esencial, sin una mínima delimitación del conflicto, no puede hablarse de negociación en sentido propio.

A mayor abundamiento, habrá de existir una identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, aun cuando las pretensiones que pudieran ejercitarse, en su caso, en vía judicial sobre dicho objeto pudieran variar (AAP Tarragona 388/2025, 11 de diciembre de 2025, ^{[j 2]} AAP Navarra 48/2026, 16 de febrero de 2026, ^{[j 3]} AAP Asturias 26/2026, 11 de febrero de 2026 ^{[j 4]} y AAP Navarra 37/2026, 6 de febrero de 2026). ^{[j 5]}

No obstante, esta delimitación no requiere una precisión técnica exhaustiva, sino una identificación suficiente que permita al destinatario comprender cuál es la pretensión del remitente, y sobre qué extremos se pretende negociar.

B.- Debate jurisprudencial: ¿es necesaria una propuesta de negociación concreta?

Uno de los aspectos más relevantes es determinar si la propuesta debe incluir una solución concreta. La posición mayoritaria sostiene que no es necesario formular una propuesta cerrada de solución, siendo suficiente con manifestar la voluntad de negociar y definir el objeto del conflicto (AAP Álava 21/2026, 22 de enero de 2026 ^{[j 6]}y AAP Palencia 12/2026, 16 de enero de 2026). ^{[j 7]}

Este criterio se apoya en la propia lógica de los MASC: exigir una propuesta cerrada supondría anticipar el resultado de la negociación, desnaturalizando su carácter abierto.

C.- La propuesta como instrumento de negociación y no de cesión

La jurisprudencia ha insistido en que la negociación no exige concesiones, ni implica renuncia de derechos. Entendemos que la esencia del MASC es la búsqueda de una solución extrajudicial al conflicto, pero para tener por acreditado su intento y dar cumplimiento al requisito de procedibilidad no se está necesariamente obligado a ceder contrapartidas. Es decir, lo que se exige es el intento serio, razonable y de buena fe de solucionar el conflicto fuera de la vía judicial, pero sin que ello implique necesariamente la necesidad de acreditar cesiones en la posición jurídica propia de quien inicia el MASC, cuando la ley expresamente no lo exige (AAP A Coruña 4/2026, 14 de Enero de 2026 ^{[j 8]}, AAP Huesca 178/2025, 5 de diciembre de 2025 ^{[j 9]} y AAP Alicante 48/2025, 18 de julio de 2025). ^{[j 10]}

Lo exigido es un intento de negociación serio y de buena fe, no un sacrificio de la propia posición jurídica. Esta interpretación resulta coherente con el principio de voluntariedad de los MASC.

D.- Confidencialidad y límites del control judicial

Finalmente, la confidencialidad de la oferta o propuesta de negociación introduce una limitación relevante al control judicial. El órgano judicial no puede examinar el contenido de la propuesta en fase de admisión, limitándose a verificar la existencia del intento negociador.

Este aspecto es clave, porque confirma que el requisito de procedibilidad no convierte al juez en evaluador del contenido de la negociación, sino únicamente en garante de su existencia, por lo que el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia o el Tribunal, cuando lleven a cabo el control de legalidad del requisito de procedibilidad, no podrán hacer a priori un examen del contenido de la oferta. Ese examen solo es posible, en su caso, en el incidente de tasación de costas, previsto...