La regulación de las entidades de seguros en otros ordenamientos jurídicos
| Autor | Javier Vercher Moll |
| Páginas | 91-146 |
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CAPÍTULO III
LA REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS EN OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
1. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
A. Antecedentes
Si estudiamos el proceso de fundación de los Estados Unidos de América desde la perspectiva del Derecho de los seguros privados, los Estados confederados no cedieron sus competencias sobre la regulación del mercado de seguros al gobierno federal. Por ello, la Constitución de 1787 no ostenta ninguna cláusula competencial por la que se permita al Congreso la regulación sobre el régimen jurídico de las entidades de seguros.
Las primeras compañías de seguros que nacieron en Estados Unidos estaban radicadas en las colonias británicas. Concretamente en Philadelphia nació en 1752 la Philadelphia Contributionship for Insurance of Houses from Loss by Fire, entidad de seguros que tenía por actividad la protección contra incendios de sus asegurados 1. No obstante, fue a partir de 1788 cuando los Estados confederados empezaron a regular el mercado de seguros, deteniéndose con-[c46][c55][c48][c57][c44][c50][c48][c51][c57][c48][c03][c48][c51][c03][c4f][c44][c03][c46][c44][c53][c44][c46][c4c][c47][c44][c47][c03][cc0][c51][c44][c51][c46][c4c][c48][c55][c44][c03][c47][c48][c03][c4f][c44][c03][c48][c51][c57][c4c][c47][c44][c47][c03][c47][c48][c03][c56][c48][c4a][c58][c55][c52][c56][c11][c03][c2f][c44][c56][c03][c47][c4c][c56][c53][c52][c56][c4c][c46][c4c][c52][c2d]nes normativas de dichos Estados establecieron determinadas reglas acerca de las provisiones y reservas, tipos de inversiones, así como el capital mínimo que debía ostentar la aseguradora 2. No obstante, la supervisión de las entidades de seguros era mínima, de modo que no fue hasta 1851 cuando la Corte General de New Hampshire 3 estableció la primera junta de comisionados con autoridad
1J. F. ZIMMERMAN, Regulating the Business of Insurance..., op. cit., pp. 10-29.
2Muestra de ello, destacar la regulación establecida en 1851 por el Estado de Nueva York que impuso a las entidades de seguro a realizar determinados depósitos de valores y a completar un cuestionario anual acerca de su solvencia.
3S. E. HARRINGTON, «The History of Federal Involvement in Insurance Regulation», en AAVV, Optional Federal Chartering and Regulation of Insurance Companies, Washington DC, The AEI Press, 2000, p. 23.
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[c53][c44][c55][c44][c03][c56][c58][c53][c48][c55][c59][c4c][c56][c44][c55][c03][c4f][c52][c56][c03][c55][c48][c46][c58][c55][c56][c52][c56][c03][cc0][c51][c44][c51][c46][c4c][c48][c55][c52][c56][c03][c47][c48][c03][c57][c52][c47][c44][c56][c03][c4f][c44][c56][c03][c48][c51][c57][c4c][c47][c44][c47][c48][c56][c03][c47][c48][c03][c56][c48][c4a][c58][c55][c52][c56][c03][c54][c58][c48][c03] estaban bajo su jurisdicción. Massachusetts, Vermont y Nueva York siguieron el ejemplo de la Corte General de New Hampshire, y hasta un total de treinta y seis Estados confederados establecieron órganos de supervisión en un período que comprendió hasta 1919. Concretamente, incluso el Estado de Nueva York estableció un órgano de auditoría a partir de 1858 y que posteriormente, en 1869, desembocó en la creación del Departamento del Seguro 4.
Por otro lado, a partir de 1806 se sucedieron determinados acuerdos en-[c57][c55][c48][c03][c4f][c44][c56][c03][c48][c51][c57][c4c][c47][c44][c47][c48][c56][c03][c47][c48][c03][c56][c48][c4a][c58][c55][c52][c56][c03][c53][c44][c55][c44][c03][cc0][c4d][c44][c55][c03][c4f][c44][c56][c03][c53][c55][c4c][c50][c44][c56][c03][c47][c48][c03][c56][c48][c4a][c58][c55][c52][c11][c03][c24][c46][c58][c48][c55][c47][c52][c56][c03][c54][c58][c48][c03][c47][c48][c10] sembocaron en 1866 en la National Board of Fire Underwirters, la cual tuvo por objeto establecer primas uniformes entre los aseguradores atendiendo a la fuerte competencia existente entre los mismos. Dicho sistema fue autorizado [c53][c52][c55][c03][c48][c4f][c03][c28][c56][c57][c44][c47][c52][c03][c47][c48][c03][c2e][c44][c51][c56][c44][c56][c03][c48][c51][c03][c14]˝[c13]˝[c03][c46][c52][c51][c03][c4f][c44][c03][cc0][c51][c44][c4f][c4c][c47][c44][c47][c03][c47][c48][c03][c54][c58][c48][c03][c4f][c44][c56][c03][c48][c51][c57][c4c][c47][c44][c47][c48][c56][c03][c47][c48][c03][c56][c48][c4a][c58][c55][c52][c03][c4a][c44][c55][c44][c51][c57][c4c][c5d][c44][c55][c44][c51][c03][c56][c58][c03][c56][c52][c4f][c59][c48][c51][c46][c4c][c44][c03][c50][c44][c51][c57][c48][c51][c4c][c48][c51][c47][c52][c03][c58][c51][c52][c56][c03][c45][c48][c51][c48][cc0][c46][c4c][c52][c56][c03][c55][c44][c5d][c52][c51][c44][c45][c4f][c48][c56][c11][c03][c36][c4c][c51][c03][c48][c50][c2d]bargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró en 1914 que dicho sistema violaba el principio de igualdad de protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos incorporada el 9 de julio de 1868 5.
4G. RICHARDS, Law Of Insurance, 2.ª ed., New York, The Banks Law Publishing Company, 1892, pp. 1-26.
5«1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.
2. Los representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos Estados de acuerdo con su población respectiva, en la que se tomará en cuenta el número total de personas que haya en cada Estado, con excepción de los indios que no paguen contribuciones. Pero cuando a los habitantes varones de un Estado que tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de Estados Unidos se les niegue o se les coarte en la forma que sea el derecho de votar en cualquier elección en que se trate de escoger a los electores para presidente y vicepresidente de Estados Unidos, a los representantes del Congreso, a los funcionarios ejecutivos y judiciales de un Estado o a los miembros de su legislatura, excepto con motivo de su participación en una rebelión o en algún otro delito, la base de la representación de dicho Estado se reducirá en la misma proporción en que se halle el número de los ciudadanos varones a que se hace referencia, con el número total de ciudadanos varones de veintiún años del repetido Estado.
3. Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o de funcionarios de Estados Unidos, o de miembros de cualquier legislatura local, o como funcionarios ejecutivos o judiciales de cualquier Estado, de que sostendrían la Constitución de Estados Unidos, hubieran participado de una insurrección o rebelión en contra de ella o proporcionando ayuda o protección a sus enemigos no podrán ser senadores o representantes en el Congreso, ni electores del presidente o vicepresidente, ni ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de Estados Unidos o de alguno de los Estados. Pero el Congreso puede derogar tal interdicción por el voto de los dos tercios de cada Cámara.
4. La validez de la deuda pública de Estados Unidos que esté autorizada por la ley, inclusive las deudas contraídas para el pago de pensiones y recompensas por servicios prestados al sofocar insurrecciones o rebeliones, será incuestionable. Pero ni Estados Unidos ni ningún Estado asumirán ni pagarán deuda u obligación alguna contraídas para ayuda de insurrecciones o rebeliones contra Estados Unidos, como tampoco reclamación alguna con motivo de la pérdida o emancipación de esclavos, pues todas las deudas, obligaciones y reclamaciones de esa especie se considerarán ilegales y nulas.
5. El Congreso tendrá facultades para hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de leyes apropiadas». Véase la biblioteca The National Archives and Records Administration (www.archives.gov).
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B. La McCarran-Ferguson Act de 1945
Al margen de la resolución referida de la Corte Suprema de 1914, este tribunal dictó distintas resoluciones acerca de la naturaleza del contrato de seguro. En el caso Paul v. Virginia la Corte sostuvo en 1869 que la emisión de una póliza de seguro no era un acto de comercio 6, lo cual permitía que los Estados confederados pudieran seguir regulando el mercado de seguros 7. Sin embargo, dicha doctrina fue contradicha por el mismo tribunal en 1944, en el caso United States v. South-Eastern Underwriters Association, en el que sostuvo que el contrato de seguro sí era un acto de comercio, lo cual provocaba que los Estados confederados perdían su competencia sobre la regulación del mercado de seguros. Ante esta situación, la National Association of Insurance Commissioners (en adelante NAIC) 8 consideró la necesidad de regular dicha situación, por lo que confeccionó un documento que fue presentado en el Congreso por los senadores McCarran y Ferguson. Como señala la doctrina norteamericana 9, dicho documento fue prácticamente convalidado en su totalidad por el Congreso, de modo que en marzo de 1945 fue aprobada la McCarran-Ferguson Act.
Dicha norma estableció la capacidad de los Estados federados para regular el mercado de seguros, por lo que el principio de supremacía de la ley estatal so-[c45][c55][c48][c03][c4f][c44][c56][c03][c4f][c48][c5c][c48][c56][c03][c47][c48][c03][c4f][c52][c56][c03][c28][c56][c57][c44][c47][c52][c56][c03][c49][c48][c47][c48][c55][c44][c47][c52][c56][c03][c48][c51][c03][c46][c44][c56][c52][c03][c47][c48][c03][c46][c52][c51][cc1][c4c][c46][c57][c52][c03][c49][c58][c48][c03][c56][c58][c53][c55][c4c][c50][c4c][c47][c52][c03][c48][c51][c03][c49][c44][c2d]vor de éstos. Además, la nueva...
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