STSJ Comunidad de Madrid 469/2008, 12 de Marzo de 2008

PonenteJOSE ALBERTO GALLEGO LAGUNA
ECLIES:TSJM:2008:6517
Número de Recurso126/2005
ProcedimientoCONTENCIOSO
Número de Resolución469/2008
Fecha de Resolución12 de Marzo de 2008
EmisorSala de lo Contencioso

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 00469/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE

MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SENTENCIA 469

RECURSO NÚM.: 126-2005

PROCURADOR D. ANTONIO MIGUEL ARAQUE ALMENDROS

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. José Alberto Gallego Laguna

Magistrados

Dña. María Antonia de la Peña Elías

D. Santos Gandarillas Martos

D. J. Ignacio Zarzalejos Burguillo

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En la Villa de Madrid a 12 de marzo de 2008

Visto por la Sala del margen el recurso núm 126-2005 interpuesto por D. Bruno representado por el

procurador D. ANTONIO MIGUEL ARAQUE ALMENDROS contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de

Madrid de fecha 26.10.2005 reclamación nº NUM000 Y NUM001 interpuesta por el concepto de IRPF habiendo sido

parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por la representación procesal del recurrente, se interpuso el presente recurso, y después de cumplidos los trámites preceptivos, formalizó la demanda que basaba sustancialmente en los hechos del expediente administrativo, citó los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, y concluyó con la suplica de que en su día y, previos los trámites legales se dicte sentencia de conformidad con lo expuesto en el suplico de la demanda.

SEGUNDO

Dado traslado de la demanda al Sr. Abogado del Estado, para su contestación, lo hizo admitiendo los hechos de la misma, en cuanto se deducen del expediente, alegó en derecho lo que consideró oportuno, y solicitó la confirmación en todos sus extremos del acuerdo recurrido.

TERCERO

Estimándose necesario el recibimiento a prueba y una vez practicadas las mismas, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la votación y fallo, la audiencia del día 11-3-2008 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Alberto Gallego Laguna

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Se impugna en el presente recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de 28 de septiembre de 2004 por la que se desestiman las reclamaciones económico-administrativas números NUM000 y NUM001, interpuestas contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de solicitud de devolución de ingresos indebidos referente al concepto tributario de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de 2.000 y contra acuerdo de la Administración de Guzmán El Bueno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 27 de febrero de 2002, por el que se desestima la solicitud de rectificación de la autoliquidación realizada en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el ejercicio de 2000, siendo el importe de la devolución solicitado por el recurrente en la mencionada solicitud de rectificación la cantidad de 437.312,17 € (72.762.623 pesetas).

El sujeto pasivo presentó el 18 de junio de 2001 ante la Oficina Gestora autoliquidación por el Impuesto y ejercicio reseñados, de la cual resultaba una cuota diferencial a ingresar por el importe de 23.962,71 € (3.897.059 pesetas) y en la que declaraba como retribuciones dinerarias, la cuantía procedente de las cantidades obtenidas del programa RISE de Telefónica de España S.A. de incentivos a directivos. Sobre este importe aplicó la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 17.2, apartado a), de la vigente Ley reguladora del Impuesto, según la redacción dada este precepto por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, con la aplicación del tope que en dicha disposición se establece.

El 14 de agosto de 2001, el interesado solicitó la rectificación de su autoliquidación, interponiendo reclamación económico administrativa el 23 de noviembre de 2001 al no haber recibido contestación, siendo desestimada por acuerdo notificado el 14 de marzo de 2002 y ante el que interpuso, el 25 de marzo de 2002, reclamación económico-administrativa ante el TEAC. En su resolución de 23 de enero 2002, se declaró incompetente por falta de cuantía para conocer de la reclamación promovida, remitiendo las al TEAR cuya resolución desestimatoria es objeto del presente recurso.

SEGUNDO

El recurrente en su escrito de demanda reitera, en síntesis, los mismos motivos argumentos invocados ante la Administración. En resumen alega la posible inconstitucionalidad de la reforma del artículo 17.2 de la Ley 40/1998 por la Ley de acompañamiento 55/1999, basando las implicaciones constitucionales de la disposición citada en la formulación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley de Acompañamiento. Reitera y hace suyos los argumentos esgrimidos del recurso de inconstitucionalidad: el primero de ellos cuestiona la legitimidad constitucional que en sí supone la aprobación anual de una norma de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que trate, de esta manera, de evitar la previsión del apartado 7 del artículo 134 de la Constitución. En el segundo, se examina la adecuación constitucional de la disposición transitoria duodécima de la Ley de acompañamiento, que declara aplicable la limitación impuesta a los rendimientos del trabajo a aquellos devengados a partir del 1 de octubre de 1999, analizando, las repercusiones de las percepciones devengadas, en un caso, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1999, y, de otro, a partir del 1 de enero de 2000. Considera que se ha excedido el límite reconocido por el Tribunal Constitucional en cuanto a la posible retroactividad de las normas tributarias, vulnerándose el artículo 9.3 de la Constitución de la seguridad jurídica. En tercer lugar, considera que se ha producido una vulneración del principio de igualdad contenido en el artículo 14 y de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución. Por último, entiende violado el principio de reserva de ley en materia tributaria, recogido en el artículo 31.3 de nuestra Constitución, en lo que se refiere a la determinación de la cuantía del salario medio anual del conjunto de los declarantes del IRPF y la falta de motivación en su cuantificación.

Por el Abogado del Estado se solicita la desestimación del recurso sosteniendo que es ajustada a Derecho la denegación de la rectificación de la autoliquidación solicitada, combatiendo los argumentos de la demanda.

TERCERO

Sobre la cuestión planteada en el presente recurso esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad respecto de otro recurrente en la sentencia número 202 de 12 de febrero de 2008, recurso contencioso administrativo número 1094/2004, cuyos argumentos son perfectamente aplicables al presente recurso, por coincidir sustancialmente las alegaciones de la demanda en ambos, y como en dicha sentencia se expresa, todos los argumentos en los que el recurrente incardina la nulidad de la resolución por la que se le denegó la rectificación de autoliquidación, giran en torno a la posible inconstitucionalidad de la disposición transitoria 12 de la Ley 55/1999. En primer lugar, cuestiona la legitimidad constitucional que en sí supone la aprobación anual de una norma de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que trate, de esta manera, de evitar la previsión del apartado 7 del artículo 134 de la Constitución. En primer lugar, no se trata de la creación o modificación de un tributo por una Ley de Presupuestos, técnica proscrita por el Tribunal Constitución desde la sentencia de 20 de julio de 1981, nº 27/1981, rec. 38/1981, sino de la adecuación circunstancial y puntual llevada a cabo por una Ley de acompañamiento, sobre la cuantificación de una determinada categoría de renta, que conceptualmente no ha variado. La técnica legislativa puede que no sea la más adecuada y de hecho ha sido crítica desde algún sector doctrinal. Desde la legislatura 2004/2005 se ha se ha evitado que junto con la Ley de Presupuestos Generales de cada año, se dictara la correspondiente Ley de acompañamiento, sin embargo esto no es motivo suficiente para presumir que la 55/1999 era inconstitucional. La Sala no ve motivos suficientes que justifiquen ni sustente el planteamiento de una cuestión de inconstitucional.

CUARTO

En el segundo se examina la adecuación constitucional de la disposición transitoria duodécima de la Ley de acompañamiento, que declara aplicable la limitación impuesta a los rendimientos del trabajo a aquellos devengados a partir del 1 de octubre de 1999, analizando, las repercusiones de las percepciones devengadas, en un caso, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1999, y, de otro, a partir del 1 de enero de 2000. Considera que se ha excedido el límite reconocido por el Tribunal Constitucional en cuanto a la posible retroactividad de las normas tributarias, vulnerándose el artículo 9.3 de la Constitución de la seguridad jurídica.

Al hilo de este motivo de impugnación, no debemos perder de vista, que los rendimientos del IRPF objeto del presente litigio son los del ejercicio de 2000. La Ley 55/1999 introdujo un importante modificación en la forma y en el calculo para la determinación de los rendimientos irregulares procedente del ejercicio de opciones sobre acciones, estableciendo la disposición transitoria por lo que se refería a la entrada en vigor de la modificación que: "La modificación introducida en el art. 17.2 a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, por el art. 1.º de esta Ley, será aplicable a los rendimientos devengados desde el día 1...

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