El régimen jurídico de las costas. Especial referencia a la reforma de la ley de costas a la luz de la jurisprudencia del tribunal constitucional más reciente
| Autor | Marina Rodríguez Beas |
| Páginas | 1-50 |
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VII Núm. 1 (2016): 1 – 50
-Estudi-
EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COSTAS. ESPECIAL REFERENCIA A LA
REFORMA DE LA LEY DE COSTAS A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MÁS RECIENTE
MARINA RODRÍGUEZ BEAS
Profesora contratada de Derecho Administrativo
Universitat Rovira i Virgili
marina.rodriguez@urv.cat
Recibido: 12 de abril de 2016 / Aceptado: 31 de mayo de 2016
RESUMEN: La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, supone la mayor reforma de
la Ley de Costas desde su aprobación en 1988, introduciendo cambios sustanciales que
afectan al régimen jurídico de la costa.
El nuevo texto articulado de la Ley de Costas prevé mecanismos que plantean dudas
razonables de constitucionalidad. Dudas tanto desde la perspectiva de nuevas invasiones
competenciales en relación con las competencias autonómicas en materia de ordenación
del litoral y medio ambiente y de los entes locales en materia de autonomía municipal
como desde la perspectiva de la reducción del espacio protegido del dominio público
marítimo-terrestre. Se trata, en definitiva, de una norma controvertida que está teniendo
un fuerte impacto en el régimen de la costa y que, por ello, ha sido recurrida desde
varias instancias ante el Tribunal Constitucional.
En este trabajo se abordan dichas dudas sobre las cuestiones más polémicas a la luz de
los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la reforma de la Ley
RESUM: La Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, suposa la major reforma de la
Llei de Costes des de la seva aprovació l’any 1988, introduint canvis substancials que
M. Rodríguez Beas RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016)
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afecten el règim jurídic de la costa.
El nou text articulat de la Llei de Costes preveu mecanismes que plantegen dubtes
raonables de constitucionalitat. Dubtes tant des de la perspectiva de noves invasions
competencials en relació amb les competències autonòmiques en matèria d’ordenació
del litoral i medi ambient i dels ens locals en matèria d’autonomia municipal com des de
la perspectiva de la reducció de l’espai protegit del domini públic marítim-terrestre. Es
tracta, en definitiva, d’una norma controvertida que està tenint un fort impacte en el
règim de la costa, i per això, ha estat recorreguda des de diverses instàncies davant del
Tribunal Constitucional.
En aquest treball s’aborden aquests dubtes sobre les qüestions més polèmiques a la llum
dels recents pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre la reforma de la Llei de
Costes.
ABSTRACT: Act 2/2013, May 29, on the Protection and Sustainable Use of Coastline,
and the modification of the Coastal Act 22/1988, July 28, 1988, is the biggest reform of
the Coastal Act since its adoption in 1988. It introduces substantial changes that affect
the legal status of the coast.
The new articled text of the Coastal Act provides mechanisms that raise reasonable
doubts about constitutionality. These doubts arise not only from the perspective of new
encroachments into the regional competencies for coastal and environmental
management and the competencies of the local authorities on issues of municipal
autonomy but also from the perspective of the reduction in the protected area of the
maritime-terrestrial public domain. In short, it is a controversial ruling that is having a
considerable impact on the coastal regime, and therefore numerous appeals have been
filed in the Constitutional Court.
This study focuses on the most controversial of these doubts in the light of the recent
rulings of the Constitutional Court on the reform of the Coastal Act.
PALABRAS CLAVE: Distribución de competencias — Dominio público marítimo-
terrestre — Servidumbre — Ordenación del territorio — Urbanismo — Medio
ambiente.
RCDA Vol. VII Núm. 1 (2016) El régimen jurídico de las costas
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PARAULES CLAU: Distribució de competències — Domini públic marítim terrestre
— Servitud — Ordenació del territori — Urbanisme — Medi ambient.
KEYWORDS: Distribution of powers — Maritime-terrestrial public domain —
Servitude — Regional planning — City planning — Environment.
Sumario: I. Introducción. II. El sistema de distribución de competencias: el problema de la concurrencia
de competencias sobre la zona costa. III. El alcance de las competencias administrativas en la Ley de
Costas. 1. Las competencias de la Administración del Estado. 2. Las competencias de las comunidades
autónomas. 3. Las competencias de los municipios sobre su litoral. 3.1. La suspensión de actos y acuerdos
adoptados por las entidades locales. IV. La demanialidad: instrumento esencial de protección de las
costas. 1. La delimitación de los bienes que forman parte del dominio público marítimo-terrestre: la
exclusión de determinados bienes de la ribera del mar. 1.1. La zona marítimo-terrestre. 1.2. Las playas.
1.3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar. 1.4. Los supuestos singulares. V. Mecanismos
para proteger los bienes que forman parte del dominio público. 1. Limitaciones al derecho de propiedad
sobre los terrenos adyacentes a la ribera del mar. 1.1. Conjunto de limitaciones y servidumbres. A. La
servidumbre de protección. 1.2. Determinadas reglas para la ocupación del dominio público marítimo-
terrestre. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
La zona costera constituye un patrimonio ambiental único, con unos recursos
ecológicos, culturales y económicos de gran importancia. Pero está sujeta a una
demanda de uso y explotación muy intensa. Estas tensiones entre las demandas de uso
público y la necesidad ineludible de protección medioambiental de las costas han
supuesto que esta materia sea objeto destacado de regulación jurídica y tutela
administrativa.
El derecho de costas en España se contiene, fundamentalmente, en la Ley 22/1988, de
28 de junio, de Costas (LC), y en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Costas (RGC). El carácter básico de dicha
legislación legitima la protección y defensa del litoral por parte del Estado. Pese a los
diferentes intentos por reformar dicha legislación básica, esta ha gozado de gran
estabilidad hasta fechas muy recientes, cuando ha sufrido una modificación sustancial
mediante la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la LC (LPUSL).
La citada LC nace, en esencia, como una reacción ante los usos y la falta de una
legislación adecuada en la franja litoral. Como señala su exposición de motivos, se ha
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