Régimen general de la aprobación del Plan de reestructuración

Este documento está siendo objeto de revisión para evaluar la necesidad de actualización conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Todas las referencias a Juzgados contenidas en este documento se entenderán sustituidas por Tribunales de Instancia.

La aprobación de un plan de reestructuración no es más que un mecanismo de decisión colectiva, por el que se conforma, con arreglo a criterios de oportunidad y justicia, la voluntad de un colectivo de acreedores para hacer frente a la crisis financiera de un deudor, para, de esta forma, lograr evitar que el citado deudor incurra en situación de insolvencia.

Para comprender cómo se procede, en el sistema instaurado por la Directiva 1023/2019 , e implementado en el Libro II del TRLC , para aprobar un plan de reestructuración, entendemos necesario que tengamos en cuenta que el modelo normativo de la reestructuración se fundamenta en tres pilares fundamentales: presupuesto objetivo de la reestructuración, los principios inspiradores del mecanismo colectivo de decisión y la tutela de los acreedores

Únicamente se impetrará la tutela de un plan de reestructuración mediante su homologación judicial, lo que requiere su aprobación, cuando concurra el presupuesto objetivo, tal y como lo hemos definido antes en este capítulo.

Artículo 584 . Presupuesto objetivo.

1. La comunicación de apertura de negociaciones o la homologación de un plan de reestructuración procederán cuando el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual.

2. Se considera que existe probabilidad de insolvencia cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos dos años.

Es cierto que la normativa derivada de la Directiva 1023/2019 , e implementada en el Libro II del TRLC , concibe la reestructuración como un mecanismo de pago consensuado de los acreedores, mediante su participación en el valor derivado del funcionamiento de la empresa (going concern surplus), que puede implicar un supuesto de ejecución por apropiación, en el supuesto de que los acreedores se hagan con la propiedad de una sociedad mediante la capitalización de sus créditos.

De ahí que se conciba la reestructuración como un instrumento alternativo al procedimiento concursal, por cuanto que, si mediante el sacrificio que supone para los acreedores aprobar un plan de reestructuración, no ven su crédito satisfecho en el modo y cuantía que lo sería en sede concursal, debe acogerse este mecanismo reestructurador en sede concursal, a cuyo fin puede perfectamente servir el convenio de acreedores.

Con esta concepción, entiende la doctrina más autorizada que quedaría justificada la introducción de un mecanismo de decisión colectiva, por cuanto que si la introducción de medidas que tratan de corregir la estructura financiera de una sociedad, reequilibrando deudas y recursos propios, para de esta forma lograr la viabilidad financiera de la citada sociedad, ha de implicar el sacrificio de los acreedores, bien en forma de recibir menos de lo debido, bien en forma de recibir lo debido en más plazo, bien en forma de recibir lo debido mediante la apropiación de la sociedad, a través de la capitalización de su crédito, únicamente puede admitirse esta comunidad de sacrificios si a los acreedores se les ha permitido participar en la toma de decisiones.

He expuesto que esta orientación de la regulación, dotando a los mecanismos de reestructuración únicamente virtualidad sanatoria de una crisis financiera, sin atacar a las posibles causas de una crisis económica, no actual, pero sí futura, es insuficiente si adoptamos una perspectiva dinámica de afrontar las crisis económicas, financieras, de solvencia o de liquidez, por lo que debería acogerse este mecanismo de reestructuración cuando sea posible implementar un PERE efectivo a los citados efectos, pese a la limitación que pueda suponer el presupuesto objetivo de la reestructuración, tal y como ha sido definido por el legislador comunitario y nacional.

Lo cierto es que este mecanismo de decisión colectiva no podemos hallarlo en el Derecho Común, por cuanto que existen pocos casos de relaciones jurídicas de colaboración o conformados por una decisión colectiva, y los ejemplos existentes (el contrato de sociedad, por ejemplo) no son hábiles para aplicarlos en el caso que nos ocupa.

Tampoco podemos hallarlo en el procedimiento concursal, pues el mecanismo de decisión colectiva contemplado en su regulación, el convenio, presupone la existencia de insolvencia actual o inminente, o, lo que es lo mismo, la existencia de una crisis de solvencia, que es precisamente lo que trata de evitar la reestructuración y para lo que no está preparado el sistema de la reestructuración.

Los principios inspiradores del mecanismo colectivo de decisión que implica la aprobación de un plan de reestructuración, son dos principios que he de tratar y he tratado, cuando expongamos el mecanismo de arrastre y al exponer la formación de las clases. Estos dos principios deben combinarse para entender cómo funciona el mecanismo colectivo de decisión que supone la aprobación de un plan de reestructuración:

Ya expuse que la regla de la mayoría es un mecanismo que debe regir para la votación de los planes de reestructuración, a los efectos de su aprobación por los acreedores de la misma clase, así como veremos, de los mecanismos de arrastre horizontal.

La expresión de esta regla al respecto de la aprobación de un plan de reestructuración, lo vemos en el art. 629 TRLC .

Artículo 629 . Aprobación del plan de reestructuración por cada clase de créditos.

1. El plan de reestructuración se considerará aprobado por una clase de créditos afectados si hubiera votado a favor más de los dos tercios del importe del pasivo correspondiente a esa clase.

2. En el caso de que la clase estuviera formada por créditos con garantía real, el plan de reestructuración se considerará aprobado si hubieran votado a favor tres cuartos del importe del pasivo correspondiente a esta clase.

La doctrina más autorizada entiende que la justificación de esta regla, que informa el mecanismo de decisión colectiva que es la aprobación de un plan de reestructuración, está en la necesidad de colectivizar los derechos individuales de los acreedores para conseguir evitar comportamientos oportunistas o...