Reformas tributarias y crisis económica en españa

AutorPilar Navau Martínez-Val
Páginas243-246

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Las reformas fiscales aprobadas en España en el cuatrienio 2010-2013 han estado fuertemente condicionadas por las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, en el contexto del procedimiento por déficit excesivo iniciado contra España en 20096.

Dado el nuevo marco normativo de la Unión Europea sobre disciplina presupuestaria, aprobado entre los años 2011 y 20127, España se encontraba ante el imperativo de seguir las recomendaciones del Consejo de la Unión

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Europea en el marco de ese procedimiento. En esas recomendaciones, el Consejo iba fijando a España correcciones anuales a su saldo presupuestario. Y España, por su parte, estaba obligada, en respuesta a esas recomendaciones, a presentar informes al Consejo acerca de cómo las estaba cumpliendo. Estos informes, de acuerdo con la recién reformada normativa comunitaria, debían incluir "en relación con el gasto y los ingresos públicos (...), objetivos coherentes con la recomendación del Consejo"8. Por tanto, una de las obligaciones de España, en el curso de este procedimiento, era presentar al Consejo nuevas medidas legislativas nacionales dirigidas, tanto desde el lado del ingreso -sistema tributario- como desde el gasto público, a cumplir con el ajuste del saldo presupuestario fijado en la pertinente recomendación. En caso contrario, España podía ser objeto de fuertes multas9.

La Comisión Europea, por su parte, ha ejercido también un importante papel en este complejo procedimiento por déficit excesivo, recomendando

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al Consejo, a la vista de los informes presentados por el Estado incumplidor, la concesión o no de prórrogas, así como la imposición, en su caso, de sanciones. En el caso de España, cuando la Comisión recomendó prorrogar hasta 2016 el plazo para rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB, también instó a las autoridades españolas a "la realización sistemática de revisiones del gasto y del sistema tributario"10.

De ahí que las reformas tributarias, dirigidas a potenciar los ingresos públicos, se convirtieran en un imperativo para los gobiernos españoles del período de crisis -2010 a 2013- para poder cumplir con los ajustes presupuestarios marcados por las recomendaciones de la Comisión y del Consejo. España se encontraba obligada, jurídicamente, por las citadas recomendaciones. No obstante -y sin perjuicio de un análisis más profundo que se realizará más abajo-, conviene dejar claro desde un principio que, si bien España estaba obligada a revisar el sistema tributario, con el fin de generar mayores ingresos que ajustaran el saldo presupuestario, sí ha mantenido intacta su soberanía en cuanto al tipo de reformas fiscales a adoptar y en cuanto a la forma en la que llevarlas a cabo. Por ello, avanzamos aquí la opinión de que, si bien en...

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