La reestructuración de la inteligencia en Perú: sus avances y sus problemas
| Autor | Enrique Obando |
| Cargo | IDEPE (Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos), Perú |
| Páginas | 53-68 |
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Entre 1990 y 2000, la inteli5gencia peruana vivió el período más complicado de su historia, durante el cual el régimen del presidente Alberto Fujimori utilizó la inteligencia para investigar y perseguir a sus enemigos políticos rompiendo con los principios que la inteligencia debe mantener en un sistema democrático (Obando, 2001). La jefatura del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) estuvo escindida entre un jefe nominal y uno real. El jefe real fue Vladimiro Montesinos, asesor del presidente Fujimori para asuntos de seguridad, y los jefes nominales fueron altos oficiales de las Fuerzas Armadas que no tenían real capacidad para tomar decisiones. El Presidente Fujimori le dio todo el poder a Montesinos como una forma de controlar la inteligencia, la que consideraba de gran importancia para la supervivencia de su régimen. El SIN bajo Montesinos se dedicó a investigar y a seguir no sólo a los políticos de la oposición legal, sino inclusive a los altos jefes de las Fuerzas Armadas para prevenir un levantamiento militar en contra del Gobierno.
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Durante los años de Montesinos en el SIN el Estado peruano enfrentó el fenómeno del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, fenómenos que venían desde 1980 el primero y desde 1983 el segundo. El Estado llevaba diez años luchando contra este problema que lejos de haberse reducido había crecido hasta ocupar casi todo el país. La inteligencia durante los diez años previos había dejado mucho que desear y el fenómeno de Sendero se había extendido en medio de los enfrentamientos de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, que no sólo no colaboraban entre sí, sino que se ocultaban información. Precisamente por esta razón, en 1991, el Gobierno de Fujimori decidió unificar las inteligencias bajo el mando del SIN. Esto significó que toda la información de los servicios de inteligencia militares y policiales fluyó hacia el SIN y también que el Jefe real del SIN (Montesinos) aprobaba o desaprobaba los nombramientos de los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas. La unificación le dio al SIN eficiencia, pero también un poder desmedido, que utilizó para perseguir a sus enemigos políticos, violar los derechos humanos y generar niveles de corrupción nunca antes vistos en el Estado peruano.
En cuanto a la persecución de enemigos políticos, el SIN se dedicó al terrorismo blanco contra los líderes de los partidos de oposición y de la sociedad civil crítica del Gobierno de Fujimori. Se amenazó de muerte, se hostilizó mediante llamadas telefónicas, se intervino las comunicaciones, se penetró para robar información y se hizo esto incluso con opositores en el extranjero, ya que en las embajadas peruanas había agentes encargados de informar sobre los pasos de supuestos opositores. Estos métodos se hicieron extensivos a miembros de las fuerzas armadas que eran críticos o se sospechaba que eran críticos al régimen, y se llegó a crear un sistema de delación en el interior del aparato militar que afectó el profesionalismo de los oficiales, ya que estos eran promovidos no por su eficiencia sino por su lealtad al Gobierno.
En cuanto a la violación de derechos humanos, el SIN comenzó a llevar a cabo operaciones de eliminación de subversivos, para lo cual se creó un grupo especial denominado «Colina». Éste llevó a cabo una serie de operativos de asesinato de líderes sindicales como Saúl Cantoral, dirigente sindical minero, y Pedro Huillca, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)1. Asimismo, se mató a miembros de Sendero Lumino-Page 56so. En estos operativos se dio muerte también a personas inocentes. Los dos operativos más significativos fueron el de Barrios Altos y el de la Universidad de la Cantuta. En el de Barrios Altos, el comando irrumpió en una reunión y eliminó a quince personas, entre ellas un niño de ocho años, dejando cuatro heridos. En el caso de la Universidad de la Cantuta, se asesinó a nueve estudiantes y a un profesor, que fueron secuestrados en dicha universidad. Fuentes del Ejército señalan que el grupo Colina habría asesinado inclusive a miembros del propio Ejército que obstaculizaron las actividades delictivas de esta organización criminal, como es el caso del general de brigada Walter Peña Rivas, ex director del Hospital Militar, cuya muerte disfrazaron como si hubiese sido un ficticio crimen escabroso; del coronel Lorenzo Linares Dávila y la empleada civil del Comando Logístico del Ejército, Maritza Castañeda, haciéndolos aparecer engañosamente como un crimen y suicidio pasional. Estas muertes se produjeron en las instalaciones del Cuartel General del Ejército. También se cuenta la eliminación del coronel de infantería Edmundo Obregón Valverde, ex director de la Escuela de Comandos, que se negó a tener en sus instalaciones a los estudiantes secuestrados de la Cantuta y amenazó con denunciar el hecho, aparentando que fue ejecutada por subversivos2, y varios otros crímenes de oficiales que no han sido esclarecidos.
Asimismo, un ex miembro del Grupo Colina acusa a esta unidad del asesinato del agente de inteligencia operativa (AIO) Carlos Santa Cruz Ruiz, por denunciar la homosexualidad de un alto jefe; del AIO Barbarán, por denunciar a oficiales implicados en el narcotráfico; del suboficial Pedro Zavaleta Quispe; del confinamiento a cadena perpetua en la cárcel de Yanamayo de los ex agentes de inteligencia Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo Calderón, tras dos intentos fallidos de asesinarlos, por acusar de apropiación ilícita de dinero a dos altos jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) y a los oficiales del Grupo Colina (Robles 1996). Finalmente, está la muerte y descuartizamiento de la suboficial Mariela Barreto, acusada de filtrar información a la prensa.
La falta de control sobre los fondos del SIN se prestó para los malos manejos de un régimen que se caracterizó por la corrupción. El Ejecutivo entregaba oficialmente dinero a los servicios de inteligencia militares, pero lue-Page 57go obligaba a éstos a derivarlos hacia el SIN. Con este dinero el mismo Montesinos compraba a políticos, empresarios, jueces, periodistas y a otros en las mismas oficinas del SIN, y los filmaba para tener prueba del hecho. Desde las oficinas del SIN se dictaba a varios periódicos cuáles debían ser sus portadas del día y las noticias que debían destacar.
Muchos de los bienes que se adquirieron para el servicio de inteligencia, como automóviles y camionetas 4x4, se inscribieron a nombre de particulares y no del Estado. Cuando cayó el régimen, los vehículos desaparecieron, así como también desapareció la biblioteca completa y, más importante, todos los aparatos para interceptaciones y escuchas telefónicas.
A pesar de estos abusos, el sistema, sin embargo, funcionaba. En muchos casos se autoatribuyó los éxitos de otras instituciones, sobre todo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), pero tenía también sus propios éxitos. El más importante era el mantenimiento de la paz social tras la victoria contra Sendero Luminoso. El presidente era alertado con anticipación cuando una crisis social estaba en formación y enviaba a los ministros de los ramos afectados para conversar con los grupos sociales que generaban inestabilidad, a fin de buscar medios y llegar a acuerdos que desinflaran la crisis antes de que se produjera. Ésta era, sin embargo, una inteligencia volcada hacia adentro. En el campo externo los éxitos no fueron muchos, ya que el Gobierno fue sorprendido por la infiltración de tropas ecuatorianas en la frontera de la Cordillera del Cóndor en 1995. Sólo a raíz de esto se montó un eficiente sistema de inteligencia en Ecuador.
Caído el...
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