STS, 29 de Julio de 1992

PonenteD. JULIO SANCHEZ MORALES DE CASTILLA
Número de Recurso457/1991
ProcedimientoRecurso de revisión
Fecha de Resolución29 de Julio de 1992
EmisorTribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Julio de mil novecientos noventa y dos.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso extraordinario de revisión, interpuesto por DON Constantino, representado y defendido por el Letrado Sr. Acosta Lorenzo, contra la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, de fecha 19 de febrero de 1990, en los autos acumulados nº 1026/1989 y 1011/1989, sobre DESPIDO, seguidos a instancia de dicho recurrente contra la entidad PATRICOLOR, S.A., representada y defendida por la Letrada Sra. de Marcos Argote.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En fecha 28 de febrero de 1991 se interpuso recurso extraordinario de revisión por la representacion de don Constantino, contra la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, de fecha 16 de febrero de 1990, en los autos sobre despido, instados por dicho recurrente contra Patricolor, S.A..

SEGUNDO

Dicho recurso se basó en los siguientes fundamentos de derecho: 1º.- El art. 233 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral permite la interposición contra cualquier sentencia firme dictada por los Organos del orden Jurisdiccional Social, el recurso de revisión previsto en el Libro II, Título XXII de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien ha de interponerse ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que habrá de resolverlo según las normas del mencionado Título XXII, si bien el depósito para recurrir tendrá la cuantía que en la misma Ley de Procedimiento Laboral se señala para los recursos de casación. El art. 226 del Texto Articulado establece que todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen Público de la Seguridad Social intente interponer recurso de casación o suplicación, consignará como depósito la cantidad de 50.000 pesetas si el recurso fuera el de casación, incluído el de casación para la unificación de doctrina.

Como quiera que reúno la condición de trabajador por cuenta ajena, resulta evidente que no estoy obligado a consignar cantidad alguna para la interposición del presente recurso. 2º. El art. 86 nº 1 del Texto Articulado de la LPL, establece que en ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos, pero el nº 3 del mismo artículo, señala que si cualquiera otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria, por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía del recurso de revisión regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que es exactamente el caso de autos, pues, unos mismos hechos se someten a dos jurisdicciones distintas, Social y Penal, incluso ampliándolas en esta última y resulta la contradicción de que mientras para el Juzgado de lo Social, los hechos se estiman y son considerados como suficientes para producir el despido, en cambio, esos mismos hechos para la jurisdicción penal no tiene otra consecuencia que la de mi libre absolución. Como a todas luces debe prevalecer la sentencia penal sobre la social, resulta evidente que para compaginar ambas, se hace preciso que se estime en todas sus partes el presente recurso de revisión conforme dictamina el nº 3 del art. 86 del Texto Articulado que ha acudido a esta vía de la revisión para obviar el inconveniente práctico que se venía derivando de la supresión de los procedimientos laborales cuando había cuestiones penales pendientes sobre los hechos debatidos. 3º. Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión (art. 1251 párrafo 2º del Código Civil). 4º. El art. 1796 de la LEC que establece los casos en que procede el recurso de revisión y el art. 86 nº 3 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral que igualmente, establece la procedencia del recurso de revisión contra una sentencia laboral cuando se produjera sentencia absolutoria en el orden penal. 5º. El art. 1797 de la LEC que establece que el recurso de revisión sólo podrá tener lugar cuando hubiere recaído sentencia firme, teniendo éste carácter, tanto la del Juzgado de lo Social como la del Juzgado de lo Penal, firmeza ésta última fijada por auto de fecha 20 de diciembre de 1990, notificado el día 28 de diciembre de 1990. La fecha de esta firmeza, ha de servir para iniciar el cómputo del plazo de tres meses para interponer el recurso, que establece el art. 1798 de la LEC, hallándose presentado el presente, clarísimamente, dentro de dicho término. Reiteramos la exención que para constituir el depósito establece el art. 233 nº 2 en relación con el art. 226 nº 1, ambos del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, dada mi condición de trabajador por cuenta ajena. 6º. Sin perjuicio de la prueba complementaria que se practique en su momento procesal oportuno bastan de por si los documentos aportados con este escrito para estimar la procedencia de la revisión solicitada ya que los hechos acogidos por la sentencia del Juzgado de lo Social como causa de despido, aparecen totalmente desmentidos y contradichos por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal. Terminaba suplicando se dicte sentencia dando lugar al mismo y revocando en todo la sentencia impugnada, declare la improcedencia del despido, expidiéndose certificación del fallo y devolviendo los autos al Juzgado de procedencia para que las partes usen de su derecho según les convenga. Por medio de otrosí, se pide el recibiendo a prueba.

TERCERO

Por auto de fecha 9 de julio de 1991, se recibe a prueba el presente recurso, por término de veinte días comunes a las partes.

CUARTO

Emitido informe por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar inadmisible el recurso, se señaló para votación y fallo el día 22 de julio de 1992.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El presente recurso de revisión se ampara, expresamente, en el art. 86 nº 3 del vigente texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral en cuanto dispone que cualquiera otra cuestión prejudicial penal que no sea la regulada en el número anterior del precepto, que diera lugar a sentencia absolutoria, abrirá contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía del recurso de revisión regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este marco legal, por tanto -y en su contexto- se ha de examinar la cuestión que se plantea en la demanda recurso origen del proceso revisorio que, en esta sentencia, hemos de resolver.

SEGUNDO

1. La sentencia impugnada fué dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, el día 16 de febrero de 1990 y adquirió firmeza, al ser desestimado el recurso de suplicación que contra ella se interpuso, al dictarse la de 29 de junio del mismo año por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El vigente texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral fue promulgado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, publicado en el B.O.E. de 2 de mayo siguiente y entró en vigor a los dos meses de esta fecha, según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo único de dicho Real Decreto. La disposición transitoria primera del texto articulado previene que las resoluciones judiciales que se dicten después de la entrada en vigor de la Ley se acomodarán a ella en cuanto a los recursos que procedan contra las mismas y a los requisitos para interponerlos y formalizarlos. Todo ello lleva a entender a la parte recurrida, en su escrito de contestación a la demanda de revisión, y al Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe, que no puede proceder dicha demanda y que el recurso no puede admitirse, por inaplicación, en el caso de autos, del precepto y motivo en que se funda.

  1. Y la impugnación del recurso ha de merecer favorable acogida, porque, efectivamente, el específico motivo de revisión de sentencias firmes que en el orden social de la jurisdicción introduce el vigente texto articulado de la Ley rituaria en dicho orden jurisdiccional, aparece "ex novo" en dicho texto articulado, sin precedente del mismo en el derogado texto refundido de 13 de junio de 1980 ni, por supuesto, en anteriores versiones de la Ley de trámites a que nos venimos refiriendo; de tal manera que, no sólo no existía el precepto en su versión actual, sino tampoco precedente del mismo del cual pudiera reputarse actualización o modificación no sustancial. De donde ha de reguirse que la fuerza imperativa de la invocada disposición transitoria excluía la posibilidad de fundar el presente recurso en el referido art. 86 nº 3 de la vigente Ley Procesal Laboral.

  2. Pero es que, aún en el supuesto, que desde luego se niega, de que el precepto últimamente citado fuera de aplicación, tampoco llevaría a declarar la procedencia del recurso, porque con arreglo al mismo, no basta la existencia de sentencia absolutoria en el orden penal, sino que es preciso que la misma se produzca "por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo"; y en el caso de autos, los hechos que dieron lugar a que el despido que fué impuesto al hoy recurrente fuese declarado procedente -hechos que, por cierto, no fueron combatidos en el recurso de suplicación que se interpuso contra la sentencia de instancia-no fueron, tampoco, declarados inexistentes por la sentencia de 8 de noviembre de 1990 del Juzgado de lo Penal nº 14 de Madrid, sino que, por el contrario, como puede comprobarse con la lectura del relato fáctico que esta sentencia contiene, se tienen, en lo sustancial, por acreditados ; y tampoco se excluye la participación en ellos del allí inculpado y aquí recurrente, sino que, por el contrario, paladinamente se admite, en lo que se refiere al cobro de facturas de su principal a clientes del mismo. Lo que ocurre es que la falta de prueba concluyente de que "el sujeto convirtiera esa lícita posesión del metálico en propiedad antijurídica del mismo, apropiándoselo en su beneficio, en vez de restituirlo a la empresa" lleva al juzgador a la duda, que expresamente manifiesta en su resolución, y haciendo aplicación del principio "in dubio pro reo", concluye con la absolución del inculpado.

TERCERO

Como, por otra parte, no se ha alegado la posible existencia de cualquiera de los otros motivos de revisión que enumera el art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni hay razones para ocuparse de cualquiera de ellos, sin más argumentaciones y de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, se impone la declaración de improcedencia del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1809 de la citada Ley procesal, aunque sin pronunciamientos respecto a costas y pérdida del depósito, que no fue constituido, habida cuenta que el recurrente goza del beneficio de justicia gratuita.

FALLAMOS

Declaramos improcedente el recurso de revisión interpuesto por don Constantinocontra la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid, de fecha 16 de febrero de 1990, y recaída en proceso por despido seguido a instancia del nombrado recurrente contra la empresa Patricolor, S.A.. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional que corresponda ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Julio Sanchez-Morales De Castilla hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

3 sentencias
  • STSJ Galicia 3509/2019, 19 de Septiembre de 2019
    • España
    • 19 Septiembre 2019
    ...dejados de percibir consten de una manera pacíf‌ica e incontrovertida, es decir, cuando se trate de una cantidad vencida y líquida" ( STS 29-7-1992, AS En el caso de que la cantidad consignada sea inferior a la procedente, "es preciso diferenciar lo que es un error de cálculo de la cantidad......
  • STSJ Comunidad Valenciana 2425/2007, 28 de Junio de 2007
    • España
    • 28 Junio 2007
    ...in dubio pro beneficiario (véanse por ejemplo las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1986, 25 de octubre de 1988 o 29 de julio de 1992 ). Aplicando los criterios de proporcionalidad tenidos en cuenta por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2006, que cita muchas ......
  • STSJ Cataluña , 6 de Noviembre de 2002
    • España
    • 6 Noviembre 2002
    ...con la patología orgánica antecedente, significaría en todo caso la agravación que se exige en estos casos para su apreciación (s.s. T.S 29-7-1992 y 26-1-1999) TERCERO Por el mismo conducto se denuncian en el recurso indebida aplicación del artº 137-5 del Texto Refundido de la Ley General d......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR