STSJ Galicia 15/2007, 23 de Enero de 2007
| Ponente | JOSE LUIS COSTA PILLADO |
| ECLI | ES:TSJGAL:2007:1187 |
| Número de Recurso | 7141/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 15/2007 |
| Fecha de Resolución | 23 de Enero de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
FRANCISCO JAVIER AMORIN VIEITEZ
JOSE LUIS COSTA PILLADO
IGNACIO ARANGUREN PEREZ
A CORUÑA, veintitrés de Enero de dos mil siete.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 0007141 /2004, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por NOVAFRIGSA,S.A., representado por el procurador MARIA TERESA PITA URGOITI, dirigido por el letrado PRIMITIVO FERRO RIVADULLA, contra ACUERDO DE 10-11-03 QUE DESESTIMA RECLAMACION CONTRA LIQUIDACIONES DE TASA POR INSPECCION Y CONTROL SANITARIO DE CARNES FRESCAS Y SUSTANCIAS Y RESIDUOS EN ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS. REC. 2608-L-03/1 Y ACUMULADAS. Es parte la Administración demandada TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA, representada por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA.
Es ponente el Ilmo/a. Sr/a. D/Dª JOSE LUIS COSTA PILLADO.
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dió traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda.
No habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 21 de Noviembre de 2006 , fecha en la que tuvo lugar.
En la sustanciación de recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo determinada en 65.803,75 euros.
Se impugna mediante el presente recurso contencioso-administrativo acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia, adoptado en sesión de fecha 10 de noviembre de 2003, desestimatorio de las reclamaciones económico-administrativas números 2608-L-03/1, 2679-L-03/04 y 2781-L-03/08 formuladas contra liquidaciones giradas por la Delegación Provincial de Lugo de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, por el concepto de tasa por inspección y control sanitario de carnes frescas y de sustancias y residuos en animales vivos y sus productos (3º y 4º trimestre de 2002 y 1º trimestre de 2003).
Los motivos en que la entidad demandante apoya su pretensión de nulidad del acuerdo impugnado constituyen una reproducción de los invocados en la demanda presentada en el recurso contencioso-administrativo formulado contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia de 31 de marzo de 2003, desestimatorio de reclamaciones económico-administrativas formuladas contra liquidaciones giradas a la misma entidad por el mismo órgano administrativo y por los mismos conceptos aquí contemplados, siquiera por los períodos correspondientes al 1º y 2º trimestre de 2002.
Como quiera que esos motivos han sido ya examinados en la sentencia de esta Sala de fecha 31 de octubre de 2005 , dictada en aquel recurso, se debe por tal razón y por el principio de unidad de doctrina insistir en los razonamientos vertidos en la misma.
Por lo que se refiere al primer motivo de impugnación -vulneración del ordenamiento jurídico comunitario por la incompetencia autonómica para la ejecución del derecho comunitario- arguye la demandante que las normas dictadas por cada una de las Comunidades Autónomas del Estado español en relación con las tasas sanitarias por inspección de carnes frescas derivan o suponen una transposición de la normativa comunitaria al Derecho español (Directiva 85/73/CEE del Consejo , relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios de los productos de origen animal, modificada por la Directiva 93/118/CE de 22 de Diciembre de 1993 , y Directiva 96/43 / CE), estableciendo la segunda de las Directivas que los estados miembros "deberán fijar las tasas a percibir por las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral, en función de los niveles que establece la propia Directiva", y todo ello antes del 1º de Julio de 1996 , y que si bien era cierto que distintas Comunidades Autónomas procedieran a aprobar sus correspondientes leyes autonómicas, en el caso de Galicia, la normativa en la materia, representada por la Ley 13/1991, de 9 de Diciembre , desarrollada por el Decreto Legislativo 1/1992, de 11 de Abril , era anterior a la entrada en vigor de las ultimas Directivas mencionadas, optando por modificar el contenido del Decreto Legislativo 1/1992 , a través de las Leyes de Presupuestos para los años 1997 y 1998, a fin de trasponer al ordenamiento interno lo establecido en las mencionadas Directivas de los años 1993 y 1996. Pero era necesario reparar en que estas normas solamente recogen los importes de las tasas por lo que no podía considerarse que supusieran una adaptación del contenido de dichas Directivas, y siendo así que en virtud del principio establecido en el artículo 149.1.3 de la Constitución el Estado tiene competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales para extender su ámbito competencial a toda actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y Tratados internacionales, y en particular, del Derecho derivado Europeo, ya se concluía que el contenido de las disposiciones comunitarias- directivas o reglamentos incompletos- había de ser incorporado por el Estado y no por las Comunidades Autónomas.Dejando sentado que la primera regulación comunitaria relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral es la ya mencionada Directiva 85/73/CEE, la cual dispone en su artículo 1º que "Los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de enero de 1986, se perciba una tasa, en el momento del sacrificio de los animales contemplados en el apartado 2, por razón de los gastos ocasionados por las inspecciones y controles sanitarios (...)", directiva ésta que, modificada por la ya citada 93/118 /CE, sienta las líneas básicas en esta materia, de desarrollo posterior por los Estados miembros, es de significar que en principio, dada la configuración del Estado español, y el reparto competencial que diseñan la Constitución y los Estatutos de Autonomía, no se puede sostener la afirmación absoluta y rotunda que hace la demandante de carencia o falta de competencia de las Comunidades Autónomas, en orden a trasponer el derecho Comunitario. Ciñéndonos al caso de Galicia, la Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el art. 156 de la Constitución, goza de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 44 , establece entre otros recursos que vienen a integrar o constituir la hacienda de la Comunidad Autónoma, el rendimiento de sus propias tasas por aprovechamientos especiales y por la prestación de servicios directos por la Comunidad Autónoma, sean de propia creación o como consecuencia de traspasos de servicios estatales. De otra parte, conforme al artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LO 1/1989, de 13 de abril ) constituyen recursos de dichas comunidades dichas tasas, considerándose como tales tanto las establecidas por la Comunidad Autónoma como las transferidas a ésta por el Estado o Corporaciones Locales como consecuencia del traspaso de funciones, así como sus propios precios públicos.
Por otra parte, las Directivas son normas de resultado y un instrumento para armonizar las legislaciones de los Estados miembros, precisando de su transposición o integración en el Derecho interno, lo que corresponderá hacer a quien en cada Estado y en función de su propio sistema constitucional de distribución o reparto de competencias, sobre todo si es complejo como el español, sea competente para legislar en la materia de que se trate.
En el caso de España, y más en particular en el de la Comunidad Autónoma gallega, a la vista de los preceptos que se dejaron reseñados, dado el carácter de propios de aquellos recursos, corresponde a la comunidad autónoma la...
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STS, 4 de Mayo de 2009
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