Recurso de apelación

AutorManuel Richard González
  1. Introducción

    En la generalidad de los sistemas procesales de nuestro entorno jurídico la segunda instancia es abierta con la apelación que se constituye en el recurso ordinario típico garante de la recta aplicación del Derecho y favorecedor de la unificación de criterios judiciales[220].

    Sin embargo, apelación y segunda instancia no son conceptos sinónimos o equivalentes. Unicamente la apelación interpuesta contra una sentencia definitiva abre el acceso a la segunda instancia del proceso[221].

    Precisamente, la distinción entre apelación y segunda instancia depende de la diferente naturaleza de las resoluciones apelables pudiendo distinguirse entre la apelación que cabe interponer contra resoluciones que no deciden el objeto del proceso y la apelación interpuesta contra la sentencia final de primera instancia o la resolución que a ella se equipara[222].

    El recurso de apelación al abrir la segunda instancia del proceso permite la revisión de la sentencia y, en consecuencia, la satisfacción del principio de doble grado[223].

    Este principio se inserta dentro de las necesidades lógicas del sistema procesal que basado en la finalidad de impartir justicia necesita, en su caso, constatar la oportunidad y corrección del fallo dictado[224].

    En este sentido, podríamos plantearnos que si la mayor garantía en la administración de justicia se fundamenta en un segunda instancia, porque no regular una tercera y una cuarta[225].

    De este modo, sería mayor la aproximación al máximo ideal de justicia. O también, si desconfiamos del primer fallo porqué siquiera se realiza dicha fase procesal, pásese directamente a la segunda donde al parecer se encuentran las condiciones legales necesarias y suficientes para proveer de forma correcta a la justicia y al derecho de las partes[226].

    Respecto a la primera cuestión, no se puede afirmar que desarrollar el pleito en sucesivas instancias judiciales pueda garantizar una mayor justicia del fallo[227].

    Por otra parte, no parece conforme con los principios de la justicia prolongar el proceso indefinidamente. Mantener en suspenso durante un largo espacio de tiempo los pleitos no contribuiría, precisamente, a favorecer las exigencias de la justicia concretadas en los derechos de los particulares que estuvieran controvertidos en las mismas[228].

    Por último, y desde un punto de vista de técnica procesal, el principio de seguridad jurídica impone que en un cierto momento se alcance y permanezca la cosa juzgada sobre las resoluciones judiciales[229].

    Con relación a la segunda alegacion expuesta, es decir, que de la primera instancia conozca un Tribunal colegiado, se puede argumentar que establecer una primera instancia ordinaria ante Tribunales colegiados produce, amén del coste presupuestario, el inconveniente de alejar la justicia del justiciable, precisamente, cuando en lo civil es más preciso aún un acercamiento de los Tribunales de Justicia a los ciudadanos[230].

  2. El problema de la limitación de la segunda instancia en los procesos de ínfima cuantia y de las medidas limitativas de acceso a la segunda instancia

    Como regla general se prevé el derecho a entablar una segunda instancia del proceso por medio de la interposición del recurso de apelación contra las sentencias definitivas, antes que éstas hayan adquirido firmeza[231].

    No obstante, no existe en nuestra Constitución un derecho a la segunda instancia para todos los procedimientos judiciales, por lo que el establecimiento o restricción de una determinada vía de recurso es una cuestión de legalidad ordinaria susceptible de modificación[232].

    En este sentido, la Ley 10/92 de 30 abril ha establecido una restricción o limitación del acceso al recurso de apelación contra las sentencias dictadas en juicio verbal, cuando resolvieren sobre acciones personales basadas en derechos de crédito (art. 732 LEC) [233].

    La restricción del acceso al recurso se circunscribe a aquellas sentencias, excluyendose de la limitación las sentencias dictadas en aquellos juicios especiales que deban seguirse por los trámites del juicio verbal[234].

    El fundamento de la norma no parece ser otro que el intento de descargar de trabajo las Audiencias Provinciales[235].

    En este sentido, la exposición de motivos de la ley 10/1992 señala que aprovechando la experiencia del orden jurisdiccional social el juicio verbal se desarrollará en única instancia cuando se ejerciten acciones personales de ínfima cuantía[236]

    La reforma de la Ley suscita dos cuestiones de interés. La primera, respecto al alcance de la norma será analizada en un apartado posterior ( § 10.b). La segunda, se refiere a la justificación doctrinal y oportunidad de la reforma.

    Alguna doctrina se ha pronunciado de conformidad con las razones aducidas por el legislador para justificar la reforma, en orden a la efectividad de la función jurisdiccional desbordada por la carga de trabajo provocada por la abundante litigiosidad menor[237].

    En este sentido, se ha argumentado que la limitación del acceso al recurso para los pleitos de escasa cuantía es una constante de los ordenamientos de nuestro entorno juridico[238].

    Sin embargo, otro sector doctrinal ha destacado, por una parte, que la reforma parece poco meditada y, por otra, que son razones de tradición y de seguridad jurídica las que han de aducirse al defender las dos instancias para el juicio verbal[239].

    Por nuestra parte, nos sumamos a estas últimas consideraciones doctrinales, ya que entendemos que los problemas materiales que aquejan a la justicia no parece que deban encontrar solución mediante la restricción del acceso al recurso de apelación para los pleitos de escasa cuantía. Por otra parte, desde la promulgación de la LEC de 1855 no ha existido en nuestro Ordenamiento procesal limitación cuantitativa alguna con relación al acceso al recurso de apelación, es decir, una «summa gravaminis» determinada como presupuesto para la admisibilidad del recurso. No existía, por tanto, impedimento para que el vencido aunque su perjuicio fuese inestimable pudiera recurrir la sentencia [240].

    De todos modos, tampoco la tradición jurídica puede ser un argumento definitivo, por ello, consideramos que el razonamiento apropiado respecto a esta cuestión consiste en preguntarse si la limitación del acceso al recurso y la consiguiente y teórica agilización de la justicia compensan la posible quiebra o menoscabo de las garantías procesales[241].

    En este sentido, no entendemos justificada la norma limitativa de acceso al recurso de apelación, ya que la razón o fundamento que asiste al recurrente en apelación existe igualmente para todas las causas, independientemente del mayor o menor valor de su objeto[242].

    Téngase en cuenta, por último, que la limitación del acceso a la apelación de los asuntos de escasa cuantía, pero numerosos y de evidente importancia para los litigantes, produce una atomización innecesaria de las decisiones judiciales. En este sentido, otorgar el mismo tratamiento a muchos casos en masa es razón importantísima para que se mantenga la facultad de que el justiciable pueda acudir a otro órgano judicial para que vuelva a conocer de su asunto y así superar riesgos de falibilidad irremediables[243].

    Piénsese que en asuntos como son los juicios verbales del automovil o la mayoría de procesos arrendaticios, en estos momentos excluidos del recurso de casación, la única jurisprudencia que puede servir de referencia es la del TC, ya que en el supuesto de vulnerarse algún derecho fundamental no cabe al litigante otro recurso que el de amparo. No cabiendo siquiera recurso de apelación el litigante insatisfecho tenderá a buscar una nueva revisión del asunto a través de los posibles vicios o quebrantos que puedan haber acaecido en la sustanciación del juicio, que sólo encontraba la vía desproporcionada del recurso de amparo[244].

    En este sentido, la introducción del incidente de nulidad de actuaciones tras la reforma del artº 240 de la LOPJ por LO 5/97, permite a las partes recurrir la sentencia dictada en cualquier clase de juicio con base en defectos de forma o en la incongruencia del fallo, del que conocerá el mismo Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia im pugnada (V. 24.e.2). No obstante, resulta paradójico que se permita recurrir la sentencia dictada en juicio verbal por medio del incidente de nulidad de actuaciones y, sin embargo, se impida el recurso de apelación ordinario, que sí se prevé en el Anteproyecto de LEC, actualmente en trámite de dictamen en el CGPJ.

    Otra cuestión bien distinta es la relativa a las posibles medidas que se puede adoptar a fin y efecto de limitar en lo posible la utilización del recurso con fines dilatorios. En este sentido, la doctrina ha apuntado distintas soluciones basadas en una utilización más apropiada de distintos mecanismos disuasorios como son: 1) La condena en costas en segunda instancia, y la plena competencia del Tribunal «ad quem» sobre las de la primera instancia, con plena aplicación de los criterios de orden público ante recursos infundados o temerarios. 2) La adecuación de los intereses legales a las circunstancias del mercado de capitales. 3) La obligatoriedad de fundamentar el recurso tras la personación en la alzada, lo que obliga a la parte a una actividad inmediata y diligente en un tiempo relativamente breve. Así, se evitan recursos interpuestos «ad cautelam» ante la falta de obligatoriedad de realizar tramite alguno en la alzada -al margen de la personación-. También se evita, con esta medida, la pérdida de interés en el asunto y los problemas de falta de fundamentación del recurso por la inasistencia al acto de la vista ( en ocasiones por falta de provision de fondos al letrado del apelante) [245].

    A nuestro parecer, si bien es cierto que alguna de las medidas apuntadas pueden favorecer la disminución del empleo de la vía de recurso, también queremos señalar que ello puede significar una cierta coacción al litigante en orden al acceso a una instancia procesal, que guste o no y al margen...

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