El procedimiento para el reconocimiento de efectos civiles a las sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial: Regulación legal y naturaleza jurídica

1. Introducción

La naturaleza jurídica de los procedimientos que nos ocupa -eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas de nulidad y dispensa por inconsumación- hoy día aparece clara y nítida, y ello es consecuencia de la evolución legislativa que culmina con la actual regulación , art. 778 de la LEC. Esto no siempre fue así, la derogada D.A. 2ª de la Ley 30/81, y las normas conexas que se ocupaban del asunto ( arts.80 del cc, 954 de la LEC de 1881 y 6.2 del Acuerdo Jurídico entre España y la Santa Sede -todos ellos vigentes actualmente-), dividió, con fuerte polémica, a la doctrina de autores a la hora de determinar la naturaleza jurídica de estos procedimientos y la posición que los Tribunales eclesiásticos y sus resoluciones ocupaban respecto o frente al Estado, aunque existieron voces autorizadas que calificaron a estos procedimientos de eficacia de “procesos mixtos de creación y reconocimiento de títulos”1.

La cuestión era complicada, ya que al control estatal del ajuste ( cláusula al ajuste al derecho del Estado pactado en los Acuerdos Jurídicos, art.6.2 y plasmado en la D.A. 2ª de la Ley 30/81) se le había añadido, unilateralmente por parte del Estado, las condiciones del exequatur (art. 80 del cc), con lo que parecía que las resoluciones eclesiásticas debían pasar por dos filtros estatales antes de ser homologadas, a diferencia de cualquier sentencia extrajera. La doctrina procesalista, en un intento de evitar desigualdades y agravios comparativos entre una y otra resolución, potenció la opinión de que la cláusula de ajuste al derecho del Estado debía entenderse como que la sentencia canónica no contradijera el orden público. Con ello se equiparaban las extranjeras y las eclesiásticas, y se reducía a uno solo el filtro para la homologación de las segundas, ya que este ajuste se subsumía a la condición 3ª del art. 954 de la LEC de 1881. Es decir, que dicha sentencia no chocara contra el orden público, con lo que, junto a un control formal (condición 1ª, 2ª y 4ª del citado art. 954), se desplegaba un mínimo control de fondo ( condición 3ª, antes citada). El argumento que sostenía esta tesis estaba en la propia D.A.2ª, que para nada hacía referencia a los requisitos del exequatur y al hecho de que el legislador, al utilizar el término “condición”, había optado por un grado menor de exigencia.

Visto lo anterior, el ajuste -a una sentencia de nulidad canónica y a una resolución de dispensa por inconsumación- se concedería, simplemente, si la misma no contradecía el orden público, se constataba que la acción era personal, que no se había dictado en rebeldía, que la obligación era lícita y la decisión era autentica y ejecutable. Así, también se superaba la problemática de la “causa admitida” y la crítica de un sector de la doctrina a que el control del Estado se redujera a una mera cuestión formal, al darse entrada al orden público, a partir de la condición 3ª del art. 954 de la LEC de 1881.

La regulación citada y la interpretación de nuestros tribunales determinó que la polémica se centrase en si estabamos ante un procedimiento - el de eficacia- de ejecución o de declaración ; si estabamos ante un procedimiento de exequatur o de jurisdicción voluntaria, dado la referencia a los arts. 954 y ss de la LEC de 1881 y al carácter impeditivo ( en aras de obtener una resolución estimatoria de la pretensión de homologación) que se le daba a la oposición del otro cónyuge en el primero de los procedimientos regulados en la derogada D.A.2ª de la Ley de 7 de julio.

Mi opinión ha sido, y la nueva normativa parece avalarme - art. 778 de la LEC y Convenio de Bruselas II, donde se recogen cuestiones referentes a la eficacia de resoluciones eclesiásticas en la Unión Europea2-, el considerarlos como procedimientos matrimoniales especiales.

2. Naturaleza jurídica del procedimiento del reconocimiento de efectos civiles a las sentencias eclesiásticas de nulidad matrimonial

2.1. Teorías doctrinales

La derogada D.A.2ª de la Ley 30/81, junto con las otras normas citadas, dividió a la doctrina en diversas posturas a la hora de responder a la cuestión de la naturaleza jurídica de los procedimientos de homologación, ya que esta última traía la solución de otras interrogantes procesales como, por ejemplo, la postulación procesal.

La doctrina procesalista, a pesar de la deficiente técnica legislativa empleada y la rúbrica con la que se encabezaba la articulación de estos procedimientos, consideró siempre que estabamos ante procesos declarativos y no ejecutivos, y donde el propio reconocimiento de la resolución canónica suponía la propia producción de la eficacia (ejecución impropia de la sentencia).

La nueva regulación no deja lugar a dudas sobre el carácter declarativo de estos procedimientos - como ocurría con la D.A.2ª, donde el legislador nos remitía a las normas generales del cc para la ejecución, al igual que hacía para las sentencias de divorcio-, y donde lo verdaderamente ejecutable será, llegado el momento, los efectos que surgen de dicha 23 declaración, estos que la doctrina ha llamado de “consecuencias” o “anexos”.

Visto lo anterior la doctrina se debatió entre si estabamos ante un procedimiento de homologación de corte o naturaleza análoga al exequatur.

DÍEZ-PICAZO3 manifestaba que, aún reconociendo el Estado esta reserva jurisdiccional a favor de órganos eclesiásticos (como se pactó en el Acuerdo Jurídico de 3 de enero de 1979), no suponía con ello ser un mero ejecutor de las resoluciones eclesiásticas -como se establecía en el derogado artículo 82 del Código Civil-, correspondiéndole pronunciar un exequatur que es en lo que cristaliza la intervención del juez civil, sin que todo ello supusiera, por parte del Estado y de sus órganos jurisdiccionales, una renuncia a las competencias que le son propias. Ahora bien, es un exequatur atípico o análogo, ya que la referencia exclusiva a este único artículo indica que no se exige el cumplimiento de la totalidad de las normas de la sección en que está incardinado -artículos 951 a 958 de la L.E.C.4-.

En la misma línea tenemos a PUIG BRUTAU5 que calificaba a estos procedimientos de especie de juicio de exequatur, habida cuenta de esas limitaciones y adaptaciones, no sólo las referentes a las causas confesionales a la hora de determinar en juicio civil la autenticidad de la resolución eclesiástica y el carácter fehaciente del título presentado, y que se encuadrarían en los requisitos enunciados en el apartado 1º del artículo 954 de la L.E.C., sino también las que apuntan a la cuestión de la nulidad canónica por defecto de forma y donde deberá tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico español no puede regular las formas de los actos jurídicos celebrados en conformidad con un ordenamiento extranjero, como establece el artículo 11 del Código Civil .

Algunos autores eclesiasticistas se inclinaron por esta calificación. BERNARDEZ CANTÓN6 estimaba que este exequatur analógico - con las debidas adaptaciones- era el cauce más idóneo para que las sentencias eclesiásticas tuvieran reflejo en la esfera civil, dándose, así, el mismo tratamiento a éstas y a las extranjeras. La anterior afirmación traía como principal consecuencia superar la teoría de la causa admitida (no era necesario que las causas por la que se decretaba la nulidad en el derecho canónico coincidieran -ni siquiera de forma abstracta- con las que regulaba el cc en su artículo 73), ya que al igual que ocurría con el derecho extranjero, el canónico no tenía por qué coincidir con el del estado. Es decir, ambos derechos -estatal y canónico- podían recaer sobre un mismo individuo sin mezclarse ni desnaturalizarse.

El principal escollo de la anterior argumentación estribaba en que era difícil considerar como extranjeras esas resoluciones, no sólo por la condición de nacionales de sus jueces, o por el hecho de que la sede de sus tribunales estuviera en territorio nacional, sino dada la postura y opinión de nuestro TC, que afirmaba que dichos tribunales eclesiásticos -y por ende sus decisiones- no tenían esa condición de extranjeros7 . En esta línea de pensamiento encontramos a BROCA-MAJADA8, que incluso desposee de dicha condición de sentencias extranjeras a las resoluciones eclesiásticas dictadas por tribunales de diócesis que están fuera de España .

La afirmación anterior trajo el problema añadido de determinar cual era la posición que ocupaban los tribunales eclesiásticos frente al Estado, como consecuencia de la nueva regulación promulgada en la constitución de 1978, y ratificados los Acuerdos Jurídicos en enero de 1979, en donde se pasaba a un sistema de competencia compartida, si bien la jurisdicción eclesiástica ya sólo conocería de dos cuestiones puntuales, la nulidad y la...

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